Hace dos semanas, amigos me entregaron un video que fue repartido -me cuentan- en el sur de Bogotá y en algunas universidades de la capital. Fue elaborado por una supuesta organización “Frente Social por la Paz”, una estructura paramilitar de esas de la nueva generación del paramilitarismo que comienza a invadir el país, que se dio a conocer en agosto del año pasado, con afiches en las calles de Montería y Sincelejo. El famoso frente utiliza en el video la vieja y muy conocida táctica de señalar a quienes desde el periodismo denunciamos a los violadores de DDHH y del DIH como miembros o agentes de la guerrilla.
Quedo notificado de esta nueva amenaza que, para ser sincero, la veía venir. En mayo fuimos amenazados con coronas fúnebres mis colegas Daniel Coronell, Carlos Lozano y yo. Se va a cumplir un año y aún no se sabe de dónde provinieron las amenazas. Daniel demostró cómo algunas provenían del computador del señor Náder, el mismo que se regocijaba del asesinato de Luis Carlos Galán con Pablo Escobar y el mismo que estuvo preso en E.U. por narcotráfico. Daniel y su familia salieron a buscar refugio en Estados Unidos, después de que el presidente Uribe, en medio del escándalo, dijera que Náder era “un tipo simpático”. Náder sigue campante y la investigación aún no arroja resultados.
El 27 de junio, un mes después de las amenazas y cuando me encontraba trabajando para la BBC de Londres en un documental en el Putumayo, el presidente Uribe salió a decir por las principales emisoras del país que le daba tristeza que el periodismo hiciera acuerdos con los terroristas: se refería de manera indirecta a mí y al equipo de la BBC. Cuando se dieron cuenta del error, produjeron un lánguido comunicado en internet admitiendo que fue una “lamentable equivocación”. Hice saber a la Presidencia que dicho comunicado no tendría mayor efecto si no era el mismo Presidente quien públicamente se refería al incidente. Nunca se produjo la rectificación y, por el contrario, una semana después, el 4 de agosto, mientras realizaba la grabación de uno de mis programas, fueron detenidos por la policía dos sujetos que merodeaban en actitud sospechosa. Resultó que pertenecían al DAS y no pudieron explicar claramente qué hacían en ese lugar. Meses más tarde, un oficial de la Policía me informó que se trató de un seguimiento ilegal.
El 25 de septiembre, en este semanario, el Comisionado de Paz me señaló de estar pidiendo el rompimiento del proceso de paz con los paramilitares; le contesté y reitero que creo en las salidas negociadas y que simplemente señalé unas denuncias de campesinos del Catatumbo acerca de un inexistente cese de hostilidades; hoy el informe de la OEA y de Naciones Unidas sobre el tema me da la razón. Pero parece que los ‘neoparas’ tomaron nota de la columna del Comisionado y de las acusaciones del Presidente.
La aparición de este video está acompañada por el rumor de que ya circula una lista negra con nombres de periodistas. Aunque nadie o muy pocos lo quieran aceptar, el periodismo colombiano está herido de muerte: autocensura, estigmatización, impunidad y desaparición de géneros periodísticos como el documental y el debate. Es urgente que se pronuncien los organismos de seguridad: ¿De qué magnitud es este nuevo fenómeno paramilitar? ¿Quiénes están detrás de él? Y, para el proyecto de país que queremos para nuestros hijos, ¿de qué le sirve la estigmatización de la diferencia y los llamados al linchamiento? Sinceramente, ese proyecto de “patria” no es el que quiero para mis hijos.
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