Ituango es uno de esos “Paraísos Perdidos” que tanto abundan en el país. En el norte antioqueño, enclavado en la falda de una montaña de la Cordillera Occidental a casi 20 horas de camino desde Bogotá y a 195 kilómetros de Medellín, se accede a él a través de la carretera que comunica Medellín con San Andrés de Cuerquia siendo ésta prácticamente la única vía de acceso al municipio. Antaño ruta de difícil tránsito, hace parte vertebral junto con el puente Pescadero –inaugurado en 1963— de la historia de este municipio esquivo a la mirada del viajero.

Actualmente, un renovado interés por la mejora de las vías derivado de la ejecución del proyecto Pescadero-Ituango (recientemente Hidroituango) [1] despierta una vez más en sus habitantes la esperanza del progreso.

Aquí todo es evocativo [2]. El medio de transporte utilizado por sus gentes suele ser aún hoy como ayer la “chiva” o “escalera” y para las veredas más alejadas del casco urbano la “mula”, a lomo de la cual se empecina el campesinado en transitar estos caminos que históricamente han sido escenario de conquistas, colonizaciones y consolidaciones territoriales innúmeras. Su decidido
empeño por habitar esta tierra que los vio nacer es la razón de ser de estas líneas que intentan dar voz y rostro a la realidad del desplazamiento forzado que en Ituango tiene como antecedente mediato las masacres paramilitares de El Aro y la Granja en los años 1996 y 1997.

Sobre la historia de este municipio gravita desde siempre la rapacidad y el apetito voraz de grandes
poderes económicos. Apetito ansioso, violento, que quizá sea provocado por el hecho que en estas
tierras además de la gran productividad de sus suelos (pequeños cultivos de maíz, caña de azúcar,
café, frijol, plátano, aguacate, naranja, granadilla y cacao fecundan el paisaje y son parte
fundamental de la economía campesina), se descubre actualmente un importante potencial
hídrico y por qué no decirlo minero (en el lecho del río Cauca, muchas familias sobre todo de San
Andrés de Cuerquia y del corregimiento El Valle en el municipio de Toledo encuentran en la
explotación artesanal del oro un medio de vida) y desde siempre se ha reconocido en Ituango –
municipio verde— una gran reserva natural en la que encontramos el Parque Natural Paramillo
como epicentro. Goza toda esta tierra de una gran diversidad en flora y fauna y si ello fuera poco y
hasta lo que conocemos de yacimientos de platino.

La gran riqueza natural convive en Ituango con una pobreza también evidente que se ha venido
incrementando en los últimos tiempos por la disputa territorial que en la zona mantienen
múltiples actores —entre los que se cuenta el propio Estado— dada la importancia minera y energética de la misma. Este atractivo se suma como factor explicativo a las tradicionales causas
del desplazamiento en el país. Si bien la violencia paramilitar como fórmula de lucha
contrainsurgente fue un hecho sin precedentes en el municipio, los desplazamientos forzados se
remontan a la época de la “violencia partidista” y al posterior accionar de la guerrilla en la zona.
A partir de estos elementos, este artículo ofrece una mirada panorámica del desplazamiento
forzado en el norte antioqueño donde la estrategia militar-paramilitar juega hoy por hoy un
importante papel a la hora de explicar las dinámicas de despojo y expoliación de la población
campesina.

«La situación que aquí vivimos la ha ocasionado el propio Estado»

 

Escuchada por primera vez en boca de viejos habitantes de Ituango la frase quizá cause reparos,
repetida con insistencia por parte de la comunidad merece la debida atención y es que para la
población que antes habitaba la zona del actual Parque Nacional Natural Paramillo y aquellas otras
que se asientan en límites con el departamento de Córdoba [3] la cosa está bien clara: la mayoría de las veces el desplazamiento forzado no obedece tan claramente a que la población civil quede atrapada en el fuego cruzado de los actores armados sino, como esa misma gente relata, al hecho de que muchas de las veredas terminan finalmente por desplazarse a la cabecera municipal en
busca de alimento al ser sometidas a un bloqueo económico y alimentario.

A esta modalidad de desplazamiento debe añadirse una práctica generalizada que coincide con las
épocas de cosecha. Una vez los cultivos están listos para su recolección se adelantan operativos
militares que provocan el desplazamiento. Al regresar ya no hay animales ni cosecha
fortaleciéndose la opinión entre la gente, y así es expresado, de que «entre más se trabaja, más se
pierde» [4]

El primer caso quizá encuentra una razón de ser en la denominada Estrategia de Consolidación
Territorial delineada por el Gobierno nacional en cuya táctica de “quitarle el agua al pez” se parte
del supuesto que hay una relación estrecha, incluso orgánica, entre la población civil y las fuerzas
guerrilleras. Ello trae como corolario el estrangulamiento económico de la población y en últimas
la crisis alimentaria de las comunidades por cuya razón deben desplazarse. Tales prácticas por
parte de la Fuerza Pública se acompañan de todo tipo de vulneraciones de los derechos
fundamentales de estas personas que rozan ya los límites tolerables. Estas personas se sienten
literalmente cansadas del miedo que constantemente les acosa. En el mismo sentido, los
habitantes de las veredas de Ituango afirman que deben obedecer a todos los actores armados
que hacen presencia en la zona y que ocupan escuelas y moradas por días o semanas. «Recibimos
una llamada o un papel de las FARC que nos da órdenes como por ejemplo que si el Ejército se
queda dos días en nuestra casa, tenemos que salir».
Esta política de Consolidación Territorial tiene en la presencia guerrillera la mejor de las ocasiones,
pues a la sombra de la pretendida lucha contrainsurgente el Estado viene despojando a la
población de sus tierras y medios de subsistencia a favor de intereses muy concretos. Los dos casos
paradigmáticos por la naturaleza y envergadura de los mismos son los proyectos Hidroituango y Urra II [5]. Si miramos por dónde empezó la entrada paramilitar en 1997 en la zona veremos que fue
alrededor del Parque Natural y a través de la cuenca del río Cauca, objetivos de la actual expansión
capitalista.

El proyecto Hidroituango ha sido catalogado como la segunda represa más grande de Suramérica y
se calcula que su costo de generación de energía será uno de los más baratos de la región
posibilitando su exportación ya que además se superaría en mucho el consumo actual de
electricidad. Junto con la ejecución de Urra II se entiende que la zona sea de mayor importancia
geoestratégica y que quizá lo que menos interese al Estado colombiano es que la gente habite en
sus lugares de asentamiento tradicional. De allí la atinada observación de un representante
comunitario al relacionar directamente el origen de la situación de la comunidad con la
responsabilidad estatal.
El desplazamiento forzado en Ituango debe entenderse a partir de estas coordenadas
geoestratégicas y en esa medida como efecto colateral dentro de un cálculo racional que impone
un férreo control social a partir de dos estrategias. La primera tiene en el miedo un elemento de
control in situ y en ello juega un papel importante el recuerdo de las masacres de El Aro y la
Granja [6] y las amenazas de la propia Fuerza Pública cuando dice a la gente que «detrás de ellos
vienen los otros, los que traen el gatillo por delante». La segunda estrategia está dada por la
declaración del municipio como “zona de riesgo extremo”, medida tomada por el Gobierno en
respuesta a los múltiples desplazamientos forzosos que hacia afuera ha ocasionado el aislamiento
de la zona [7] pues refuerza la idea de que el municipio es área de influencia guerrillera lo que
conlleva el fortalecimiento del contingente militar y policial presente en la región.

Dos estrategias y un solo fin

 

La declaración del Parque Paramillo en 1977 como Área de Protección y Reserva puede entenderse
a la luz de estas lógicas de apropiación como una estrategia jurídica que en combinación con la
militar-paramilitar promete el desalojo de una población que ya es vulnerable. Y es vulnerable
porque además de todos los factores que convergen en Ituango, se suma el problema de la
propiedad de la tierra: los pequeños propietarios están dispersos y sin documentos con lo que se
hace muy problemático demostrar su titularidad, no hay claridad en la política de reubicación y
tampoco se ha diseñado una de retorno porque claramente no existen las condiciones para ello.
Sobre la estrategia militar-paramilitar no sobra insistir. Son constantes las agresiones de las que
son objeto los pobladores de la región: hostigamientos, señalamientos, detenciones arbitrarias,
ocupación de escuelas y moradas. Sumado a ello, el miedo de transitar por los caminos debido a la
existencia de campos minados de los cuales además son responsabilizados por la Fuerza Pública:
«Cuando llegamos en la noche de trabajar nos dicen que vamos a colocar minas y cuando salimos en la mañana nos dicen que venimos de retirarlas». En muchas ocasiones son fichados una vez
llegan al pueblo, retenidos en el puesto de policía y fotografiados. «Cuando somos objeto de
golpes y retenciones se nos hace firmar un acta en la que declaramos que fuimos bien tratados. Sin
embargo muchas personas firman por miedo y sin saber realmente qué es lo que firman pues
algunas no saben leer ni escribir», relataba un presidente de Junta de Acción Comunal.
Las denuncias que se hacen ante Personería no pasan de ser eso, denuncias frente a las cuales
hasta el alcalde de Ituango, Carlos Gallo, parece declararse inhibido pues afirma que el problema
con las comunidades que habitan en los límites con el departamento de Córdoba obedece a un
asunto de jurisdicción pues la brigada militar que opera en la zona y de la cual se han recibido
denuncias está actuando en propiedad fuera de su radio de acción [8].

Reviviendo el drama de 1997

 

Según el campesinado de la zona, los últimos hechos ocurrieron a finales de abril de 2010 cuando
grupos paramilitares asesinaron a dos personas que se dedicaban a transportar personas,
alimentos y mercancías a través del Río San Jorge en el lugar denominado El Puerto (corregimiento
de Juan José, cerca de Córdoba). Asimismo, denuncian que en los primeros días del mes de junio
algunos campesinos de la comunidad de San Juan Badillo recibieron amenazas verbales de
miembros de la Brigada XVIII debido a que éstos decían que se negaban a dar información sobre
nombres y ubicación de miembros de las FARC. La amenaza fue directa: «Cuando ellos [los
soldados] subieran con los paramilitares a estas comunidades entonces sí iban a hablar».
La preocupación fundamental de la gente del lugar es que estas comunidades —en las que habitan
entre 3.000 y 5.000 personas— revivan la tragedia que ya sufrieron en 1997 cuando las tropas
paramilitares guiadas por Carlos Castaño llegaron a “vaciar”, según ellos, el Parque Paramillo de
colonos y residentes. Las incursiones paramilitares en 1998 y 2000 tenían objetivos claros:
asegurarse que las familias campesinas no hubieran retornado y si lo habían hecho, las obligaron a
desplazarse de nuevo además de quemar viviendas y escuelas y echar a perder cosechas y matar
animales. Ese miedo atraviesa la cotidianidad de las comunidades y debería de alertar a las
instituciones públicas para que no se repita la historia.

«Estamos entre pared y pared». Efectos de la política de despojo

 

Una presidenta de Junta de Acción Comunal afirma que «estamos entre pared y pared» y es que
entre la “pared económica” y la “pared militar” las personas desplazadas en Ituango son ya más de
la mitad de la población [9]. Se trata de familias extendidas donde el promedio de hijos puede ser de
4 o 5 en un contexto económico donde los pobladores al ser despojados de sus medios de
producción son arrojados a un mercado laboral rural donde el jornal se fija en un máximo de
$12.000 pesos diarios. El contraste con los precios de los productos básicos de la canasta familiar
implica que las unidades familiares no puedan suplir sus mínimos vitales incrementando con ello
sus ya dramáticos niveles de fragilidad.
Esa precarización laboral se ve fortalecida por el hecho que las hectáreas de cultivo se han visto
reducidas a propósito del conflicto con lo que el ejército de reserva de mano de obra crece sin
cesar. El desplazamiento en Ituango observa además las siguientes características: es interveredal, en muchos casos reiterativo [10] y en términos generales observa un patrón de desplazamientoregreso-
desplazamiento por lo que nos estamos refiriendo en propiedad a población
económicamente flotante y por tanto tendencialmente más pobre.

Frente a este cúmulo de hechos es claro que los recursos que aquí existen para población
desplazada son del todo insuficientes y producen competencia [11] entre la propia población y están
previstos para atender las consecuencias del desplazamiento bajo una lógica asistencialista porque
a la luz de lo anteriormente expuesto y como ya se ha afirmado está lejos de la voluntad del
Gobierno el diseño y ejecución de una política de retorno con garantías o que incida en el origen
del desplazamiento y el conflicto. A futuro puede vaticinarse una fuerte tensión entre la población
campesina por la propiedad de la tierra, un conflicto que habrá también que endilgárselo al Estado
colombiano y que obedece como también se ha señalado a las coordenadas geoestratégicas en las
que esta zona se encuentra.
Colombia comparte una realidad con zonas del mundo ricas en recursos naturales y es que la
existencia de tal riqueza es una verdadera tragedia para las poblaciones en un contexto en el cual
el Estado y las grandes corporaciones económicas son los mayores usurpadores. Sin embargo y a
pesar del viento en contra, la población desplazada levanta sus propias casas y cultiva sus tierras
una y otra vez y resiste la embestida armada sin darse cuenta la mayoría de veces de su propia
fortaleza.

Notas