El Presidente Obama tuvo que responder al clamor creciente en América del Sur contra los planes de E.U. de utilizar por lo menos siete bases en Colombia para fines militares. El acuerdo para el uso de bases propone llevar a cabo operaciones regionales bajo un mandato amplio y ambiguo, y ha generado preocupaciones en los gobiernos de toda la región.

 

 

“No tenemos la pretensión de establecer una base militar de E.U. en Colombia”, afirmó Obama el viernes. Pero los presidentes sudamericanos reunidos el lunes siguiente en Quito no estaban convencidos, y acordaron reunirse de nuevo a fines de este agosto para discutir el tema de las bases en Colombia.

A pesar de una gira del Presidente Àlvaro Uribe por siete naciones la semana anterior, solamente Perú respalda la propuesta. El Presidente de Brasil Lula da Silva –superpotencia del continente- hizo un llamado al Presidente Obama para que asista a la reunión del que se hicieron eco varios presidentes latinoamericanos y líderes colombianos. Obama necesita “explicar a fondo la política de Estados Unidos respecto a la región”, aseveró Lula.

Su declaración siguió a revelaciones explosivas de negociaciones sobre dichas bases entre el Pentágono y el Departamento de Estado de E.U. y el gobierno colombiano publicadas en el semanario colombiano Cambio. El informe despertó extenso descontento en Colombia y la región. El artículo hizo notar que el plan incluiría “llenar los vacíos que dejara la esperada reducción de ayuda (militar) bajo el Plan Colombia”, de acuerdo con citas de fuentes en Washington y Bogotá.

Que las bases sean nominalmente “de E.U.”, poco importa en la práctica. Siempre ha estado la propuesta del uso militar por E.U. de bases nacionales en Colombia, que es como Estados Unidos emplea lasbases militares en Honduras, Ecuador y muchos otros países del planeta. El Pentágono no reconoce tener “bases estadounidenses” en Irak, por ejemplo. El gobierno de E.U. negó que tuviera base militar alguna en Ecuador, aunque ahora los partidarios del trato militar con Colombia afirman que las operaciones de E.U. en Manta, Ecuador, eran “verdaderamente una presencia gringa.” El anuncio de Obama no cambia la situación que ha disgustado a tantos ciudadanos latinoamericanos y estadounidenses que esperaban algo mejor del gobierno de Obama.

El problema estriba realmente en las misiones de fuerzas armadas de E.U. en esas bases y el mensaje que transmiten a los colombianos y otros pueblos en la región, de que Estados Unidos responderá de manera armada a cualquier situación, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales. El Departamento de Estado dice que las bases son para atacar el narcotráfico y “deben verse como nada más que eso.” Pero el documento de presupuesto militar más reciente y el gobierno colombiano definen el alcance de las mismas mucho más ampliamente. El Pentágono busca sitios para “logística y capacitación, operaciones de contingencia” y planes para desplegar aeronaves de carga C-17 –no empleadas contra el narcotráfico- en la base aérea colombiana de Palanquero.

En los hechos, las instalaciones que se están negociando parecen dirigidas a substituir a la antigua Escuela de las Américas y otros sitios de entrenamiento militar de E.U. para ejércitos latinoamericanos. En una contestación escrita el 28 de julio de este año a los senadores colombianos, El Ministro del Interior Fabio Valencia afirmó que el acuerdo apunta a “profundizar la colaboración en áreas como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, capacitación e instrucción, fortalecimiento de la capacidad de reconocimiento y monitoreo, ejercicios conjuntos y especialmente intercambio de información de inteligencia.”

Se procurará “expandir la capacitación ofrecida a otros países de la región a través de la instrucción de pilotos de helicópteros y en derechos humanos y derecho humanitario internacional.” Coloma ya imparte entrenamiento militar a comandos en selvas y fuerzas navales de otros países, afirma Valencia, y “planea continuar haciéndolo con capacitación de bajo costo de la misma calidad que ofrecen naciones como Estados Unidos y el Reino Unido.”

Las bases también reafirmarán una presencia militar de E.U. que rebasará el período presidencial de Obama, utilizada para abordar problemas que debieran resolverse mediante la diplomacia, la negociación, el desarrollo económico y el tratamiento de la drogadicción. En lugar de responder a una misión militar específica y justificada, estas bases representan una presencia en la búsqueda de una misión.

No es creíble que las actividades militares de E.U. vayan a restringirse al territorio colombiano. En primer término, los dirigentes de la guerra antidrogas estadounidenses y colombianos han pasado años diciendo que el narcotráfico es una amenaza internacional que debe combatirse a través de operaciones internacionales. Así, no es de sorprender que el Pentágono haya puesto sus miras en la base aérea colombiana de Palanquero, con una capacidad para C-17s que puede alcanzar la mitad de América del Sur.

En segundo lugar, el Presidente Obama ha mantenido la doctrina de ataques trasnacionales contra los grupos que Estados Unidos designe como terroristas, incluyendo aquéllos en Ecuador. Obama apoyó el ataque transfronterizo colombiano en marzo de 2008… y avaló ataques de los E.U. sobre Paquistán, provocando abundantes muertes de civiles.

En tercer lugar, el Presidente Uribe inició su defensa del acuerdo sobre las bases cuando reveló lo que –dijo él- son nuevas pruebas de que funcionarios de Venezuela y Ecuador están ayudando a las FARC. Los dirigentes de estos países desmienten la evidencia, pero aun si fuera verdadera, el escalamiento de la presencia militar estadounidense en bases colombianas difícilmente resolverá el conflicto; antes bien, lo polarizará todavía más.

Los dirigentes latinoamericanos han rechazado esta declaración como una justificación para las bases. El ministro de relaciones exteriores Celso Amorim afirmó que muchas armas llegan a las FARC de la misma manera que llegan a las favelas de Río de Janeiro. El anuncio no es más que un pequeño episodio en comparación con las bases de Estados Unidos.

El Departamento de Estado parece no tener idea de por qué deberían preocuparse tanto los estadistas regionales. Al inquirírsele si era el momento para que Obama hablara con los dirigentes hemisféricos sobre las intenciones de Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado Robert Wood respondió imperturbable: “Tenemos un plan positivo para el hemisferio… Hablamos con los dirigentes todo el tiempo.” ¿Pero están ellos escuchando?

Las operaciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio colombiano se basan formalmente en dos afirmaciones con implicaciones igualmente ponzoñosas: que los mayores problemas de Colombia son el narcotráfico y las guerrillas, y que la cooperación militar entre Colombia y E.U. es la mejor manera de resolver estos problemas.

El mayor número de homicidios de civiles al año en Colombia no es obra de las guerrillas sino del ejército y de grupos paramilitares, de acuerdo con el Centro jesuita para la Investigación y la Educación del Pueblo (CINEP). Una gran mayoría de los 4,700 millones de desplazados internos fue expulsada de su hogar por la violencia paramilitar, con el despojo forzoso de 11 millones de acres de tierras. La mayor presencia militar de E.U. no ayudará en nada a la devolución de esas tierras a sus legítimos propietarios, ni logrará que el ejército colombiano rinda cuentas por las más de 1,700 muertes de civiles ocurridas desde 2002.

Tampoco los soldados estadounidenses en siete bases colombianas detendrán el hostigamiento, ataques y vigilancia por agencias colombianas a defensores de derechos humanos, jueces de la Suprema Corte, periodistas y dirigentes de los partidos de oposición. Aunque estos problemas constituyan amenazas graves a la democracia de Colombia y la seguridad de su pueblo, nada de eso forma parte de la misión de los soldados estadounidenses.

De igual manera, los más de 6 mil millones de dólares gastados desde el año 2000 en el Plan Colombia no han hecho nada para detener la producción y trasiego de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Los negociadores de ambos países parecen tener mucha prisa por reemplazar los vuelos desde la base militar en Manta Ecuador, que terminaron el mes pasado. Pero no hay necesidad de reestablecer las operaciones con base en Manta. Cuando se iniciaron operaciones allí en 2002 tras arreglos hechos por E.U. de la pista aérea, fue después de un intervalo de dos años de supervisión aérea de la región por el cierre de la Base de la Fuerza Aérea Howard en Panamá; aun así no se apreció ningún impacto de tal intervalo en la cantidad de cocaína que llegaba a Estados Unidos.

Los partidarios del acuerdo sobre las bases preguntan por qué tanto escándalo, diciendo que no cambia nada en la colaboración militar Colombia-Estados Unidos. Pero la presencia militar de E.U. en Colombia debería cambiar, bien porque las realidades de la región han cambiado, bien porque reclaman un cambio de políticas. Hay brigadas colombianas de hasta 2,000 hombres que persiguen pequeñas bandas de guerrilleros en algunas áreas. Este es un momento para que Washington invierta en pláticas de paz, no en institucionalizar su relación con las fuerzas armadas.

Líderes de toda América Latina y Europa convocan a un cambio de paradigma de cómo lidiar con el narcotráfico. No obstante los negociadores colombianos afirman que el objeto de las bases es reemplazar la ayuda militar de E.U. para el Plan Colombia, que ha disminuido debido a su ineficacia y a los escándalos de violaciones de derechos humanos. Es un intento flagrante de quitar fuerza a las críticas de la vieja estrategia poniéndole tan sólo una nueva careta.

Lo que es más, no es verdad que el acuerdo no cambia nada. La presencia estadounidense se orientará más hacia el lado caribeño y venezolano de Colombia, antes que hacia el sur, donde hasta ahora la ayuda de E.U. se ha concentrado. Sean los que fueren los motivos para ello, transmite un mensaje bélico amenazador contra el Presidente Venezolano Hugo Chávez.

Asimismo las actividades de E.U. en Colombia se vuelven aún más reservadas e impenetrables a la toma de políticas conforme a este nuevo plan. La Secretaría de Defensa de E.U. no elabora sus presupuestos antinarcóticos por país, de modo que el Congreso nunca sabe cuánto gastará el ejército militar de E.U. en Colombia sino hasta después de hacerlo. Ésa es una variación respecto del Plan Colombia, la mayor parte del cual se discute abiertamente en el Congreso como parte del presupuesto de ayuda al extranjero. El acuerdo para las bases no será presentado a una revisión anual, como se ha hecho con la ayuda del Plan Colombia, sino que instaurará un entendimiento a largo plazo.

Es también probable que el número de soldados y contratistas militares de Estados Unidos se incremente de los actuales 575 hacia el límite de 1,400 que el Congreso ha impuesto; y aun el tope de 1,400 puede no conservarse. Hace poco, el Comité de Servicios Armados del Senado llamó al Pentágono a revisar estas restricciones y a considerar si las elimina en vista del nuevo acuerdo sobre bases.

¿Qué causará que los gobiernos de Obama y de Uribe posterguen su mal considerado arreglo? Los negociadores estadounidenses y colombianos se reunirán de nuevo a fines de este mes o a principios de septiembre, y no han llegado a un acuerdo sobre nueve de los 26 artículos del acuerdo, entre ellos cinco artículos en donde “se han encontrado con algunas dificultades”, según Valencia.

¿Tomará seriamente el gobierno de Obama la creciente marea de oposición a este trato? No sólo los presidentes sudamericanos, sino senadores colombianos y grupos de la sociedad civil y dirigentes populares de toda América Latina y Estados Unidos están pidiendo a Obama y a Hillary Clinton que retrocedan y reconsideren el asunto.

“Además de un problema de soberanía nacional”, escribieron el 5 de Agosto más de cien organizaciones y dirigentes colombianos, “un acuerdo de esta naturaleza genera riesgos para la seguridad y la estabilidad de la región, prolonga fracasadas políticas antidrogas, incentiva la carrera armamentista y apunta a expandir y prolongar un conflicto armado interno del que estamos hastiados.”

Esta semana, más de 100 líderes y organizaciones sindicales, académicos, religiosos y populares escribieron a Hillary Clinton instando a una suspensión de las negociaciones sobre las bases y una revisión fundamental de la política sobre Colombia y las drogas. Delinearon las razones por las que se ve el acuerdo para bases militares como una amenaza, incluyendo el respaldo por el Presidente Obama de la incursión de Colombia en marzo de 2008 contra un campamento guerrillero en Ecuador.

Pese a las garantías de que las fuerzas armadas de E.U. y Colombia acatarán el derecho internacional, la doctrina de ataques trasnacionales en guerras contrainsurgentes, reiteradamente demostrada en Paquistán, pueden ser la razón más crucial para la preocupación internacional acerca de las bases en Colombia. Si ambos países renunciaran oficialmente a tal doctrina, ello constituiría un paso importante hacia la estabilización de las relaciones hemisféricas.

La coalición que abarca a toda América Latina y que impugna los acuerdos o tratados de libre comercio y la militarización, la Alianza Social Continental, denuncia el trato como “una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra el proceso democrático en toda la región. Por ejemplo, la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el respaldo de Estados Unidos al golpe de estado militar.”

A los colombianos también les preocupa la inmunidad judicial para los soldados estadunidenses, de quienes se afirma que cometieron 37 actos de abuso sexual entre 2006 y 2007. Según se informa, un soldado y un contratista estadounidenses violaron a una niña colombiana de 12 años dentro de la base militar de Tolemaida en 2006, tirándola fuera de la entrada a la mañana siguiente. Esta semana, legisladores progobiernistas impidieron a Olga Lucía Castilla, la madre de la niña, prestar testimonio del hecho, aunque ella misma hacía poco había sufrido un atentado militar según lo refirió el Senador Gustavo Petro. Éste aseveró que a los dos presuntos violadores -llevados apresuradamente a Estados Unidos- nunca se les llevó a juicio por la violación.

Estas realidades exigen que se consideren seriamente las propuestas del Presidente Uruguayo Tabaré Vasquez de oponerse a bases militares extranjeras en Latinoamérica, y de Evo Morales de prohibir dichas bases. Ecuador ha dado el primer paso por medio de una disposición constitucional que prohíbe “el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras para fines militares”, así como “ceder las bases militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras.”

La presencia de una base militar de E.U. en Palmerola, Honduras, ha contribuido a la renuencia del Pentágono a imponer sanciones por el tratamiento brutal que han dado los militares hondureños a los opositores al golpe. La retirada de Estados Unidos de esta base significaría una presión concreta para que se restablezca el gobierno constitucional y transmitiría una señal de compromiso con la democracia por encima de las prioridades del Pentágono, pero hasta ahora la administración de E.U. ha descartado tal posibilidad.

Un pacto por el que se rechace toda presencia bélica extranjera en el hemisferio impediría a Estados Unidos y a otros países imponer su voluntad a través de la violencia y proveería el espacio para una auténtica Comunidad de Naciones Americanas. Los ciudadanos de Estados Unidos conscientes e interesados en ello deben respaldar este esfuerzo, y rechazar los peligrosos planes de un acuerdo para el uso de bases entre Estados Unidos y Colombia.

John Lindsay-Poland es codirector de la Sociedad de la Fuerza de Reconciliación para Latinoamérica y el Caribe (Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and the Caribbean) en Oakland, California. Se le puede escribir a johnlp(at)igc(dot)org.

Para usar este artículo, favor de contactar a [email protected]. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.