Persecución contra defensor de derechos humanos cesar Andrés Pérez

La Corporación para el Desarrollo Regional, organización parte del Nodo Suroccidente de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Comparte con ustedes el caso del defensor de derechos humanos Cesar Andrés Pérez, quien se encuentra con detención domiciliaria por los delitos de: amenazas y falsa denuncia y Fraude procesal.

Desde el pasado 8 de agosto de 2012 Cesar Pérez ha sido víctima de una persecución política junto a otros líderes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, entre otros. La persecución se ha materializado en múltiples amenazas de muerte que circulan en panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Muchas de las personas amenazadas cuentan con medidas de protección por parte del Ministerio del Interior. Ante las diferentes irregularidades que se están presentan en el desarrollo del proceso, no dirigimos a Las organizaciones sociales y de derechos humanos para que nos brinden su respaldo para visibilizar el caso de Cesar Pérez, nos ayuden a gestionar apoyos técnicos para su defensa y exijan a las entidades competentes que se respete el debido proceso

– Se Exija una especial atención en este proceso por parte del Ministerio Público (Procuraduría) para lo cual es importante se realice una vigilancia administrativa del mismo, pues a Cesar Pérez se le ha realizado un montaje judicial y se le están violando todas las garantías procesales y penales.

– Otro aspecto a tener en cuenta, es que para el proceso se requiere contratar un investigador para que recaude entrevistas y pruebas, y un informático forense para valorar el informe de informática forense hecho por el CTI al computador portátil (prueba principal de la fiscalía) y realizar una nueva valoración del mismo.

Agradecemos a las organizaciones sociales y de derechos humanos sus pronunciamientos ante las entidades competentes exigiendo que se respete el debido proceso y se brinden las garantías procesales.

Igualmente esperamos nos ayuden a gestionar apoyos técnicos que nos permitan demostrar la inocencia del Defensor de Derechos humanos Cesar Pérez.

Descripción de los Hechos:

Cartago es uno de los municipios que históricamente ha presentado altos índices de violencia en el norte del Valle del Cauca y de violaciones a los derechos humanos. El narcotráfico y el paramilitarismo siguen teniendo una fuerte presencia en la zona y han permeado su institucionalidad. Las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales son constantes, allí, se han registrado asesinatos de líderes y las amenazas por parte de grupos paramilitares se vienen intensificando desde hace algunos años.

El secretario del fiscal 17 quien conoció el caso fue capturado por pertenecer al grupo paramilitar de Los Rastrojos y el alcalde de la anterior administración que perseguía a los líderes de Cartago lo destituyeron, tiene varios procesos en su contra y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Cesar Pérez es un joven de 26 años que pertenece a la Red Joven Cartago y a la Corporación “Enrédate”. Cesar Pérez ha participado de distintos procesos sociales, juveniles y organizativos en torno a la situación de derechos humanos de Cartago. Pérez, también ha trabajado en algunas dependencias de la administración municipal. Actualmente cuenta con medida de detención domiciliaria desde el día 8 de Agosto de 2013.

En febrero de 2011 empezó a circular por los correos electrónicos un panfleto amenazante que ofrecía una suma millonaria por la muerte de 10 líderes en Cartago, entre los cuales se encontraba Cesar Pérez, las amenazas eran firmadas por las AUC. Pérez acudió a la Fiscalía a denunciar las amenazas, pero no le recibieron la denuncia. Fue después de un Concejo de seguridad en que todos los amenazados presentaron el caso y posterior a ello le recibieron la denuncia en las instalaciones del CTI.
Desde ese momento se han presentado una serie de irregularidades y anomalías en el proceso, pues Cesar Pérez pasó de ser víctima a victimario, responsabilizándosele de haber sido el autor de las amenazas. Algunas de las irregularidades consisten en que al momento de interponer la denuncia le hicieron firmar solo la última hoja y le fue alterada su declaración, el fiscal emitió una orden de incautación para el computador portátil de la Corporación Enrédate, sin embargo, Pérez siempre manifestó que lo entregaría voluntariamente para la investigación.
En La audiencia de legalización de captura, la captura se declaró legal. Inmediatamente después, el fiscal procedió a formular la imputación por los delitos de amenazas y falsa denuncia. En ese momento procesal se evidencio por parte del ente fiscal una serie de irregularidades que dejaron en entredicho las garantías procesales hacia el Sr. Pérez, pues en su argumentación se le trataba como culpable desconociendo principio constitucional de presunción de inocencia.
Otro aspecto que llamo la atención a la defensa tuvo lugar cuando el fiscal termino de imputar los delitos y cuando se disponía a preguntarle al Sr. Pérez si aceptaba los cargos fue interrumpido por la juez 1ra penal municipal con funciones de control de garantías, quien increpo al fiscal para que reconsiderara la imputación, pues según ella, de los hechos narrados por el fiscal en la imputación fáctica se configuraba el delito de fraude procesal, por lo cual solicitaba al fiscal considerar, que además de imputar las amenazas y la falsa denuncia imputara el fraude procesal “siempre y cuando así lo considerara” al mejor estilo del sistema penal inquisitorial. El fiscal, sin ningún reparo y sin realizar alguna reflexión jurídica o proceso de adecuación típica adopto la “sugerencia” de la juez e imputo el delito de fraude procesal
Cesar Pérez no acepto los delitos imputados por la fiscalía y por la juez primera municipal. Posteriormente, se dio inicio a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal soportado en el informe de informática forense elaborado por los miembros del CTI solicito formalmente ante la juez primera municipal la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. Después del 8 de agosto de 2012, se intentó en varias ocasiones realizar la audiencia de formulación de acusación lo cual no fue posible debido a serie de inconsistencia por parte de la fiscalía. Entre los cuales se encuentran los siguientes:

– Todas las amenazas que han tenido ocasión en la ciudad de Cartago desde hace varios años, fueron integradas en la investigación que se adelanta contra Cesar Pérez. De hecho, el escrito de acusación en su parte fáctica contiene todas las amenazas hechas a defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunicadores. Lo anterior constituye un grave error a la técnica procesal y jurídica, y denota una intencionalidad política en querer responsabilizar Cesar Pérez de todas las amenazas, en una clara violación a los principios constitucionales y la legislación procesal penal colombiana.

– Dentro del proceso, la fiscalía ha considerado como víctimas a las y los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunicadores, entre otros. A los anteriores, la fiscalía no le comunico su calidad victimas dentro del proceso lo cual impidió la realización de la audiencia de formulación de acusación.

– En otro intento por realizar la audiencia de acusación, la fiscalía notifico a las supuestas víctimas de la realización de la audiencia y le nombro un abogado para que las representara, sin haberlas consultado. Las supuesta victimas asistieron a la audiencia y en un acto de solidaridad y reproche a las actuaciones de la fiscalía manifestaron ante el juez que ellos no se consideraban víctimas de Cesar Pérez, que Cesar Pérez era un compañero que se había destacado por su labor social por los jóvenes de Cartago, que él no era el victimario. Ante esta situación excepcional el juez de conocimiento decidió suspender la realización de la audiencia.

– Por otro lado, en una oportunidad, el fiscal en un acto arbitrario solicito la realización de una audiencia para suspender la detención domiciliaria e imponerle detención en un centro penitenciario la cual no prospero.

– Otro aspecto a tener en cuenta es que el computador que se le incauto a la corporación Enrédate no cumplió con el procedimiento de cadena de custodia y sobre este fue que se elaboró el informe de los forenses, principal prueba de la fiscalía para inculpar a Pérez.

Cesar Pérez contacta a la Corporación para el Desarrollo Regional CDR organización de derechos humanos perteneciente a la Plataforma de Derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Quien brinda asesoría y acompañamiento jurídico, posteriormente la Representación Jurídica del caso la asume el Dr Danilo Guarín Abogado de la Fundación Comité de solidaridad con los presos Políticos.

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