“nos comprometemos a actuar”, así lo aseguró el mayor (r) José Enrique Martínez, asesor del Ministerio de Defensa, el pasado 30 de octubre en la sede de la Onic, en el marco de reunión interinstitucional, que se llevó acabo con el fin de analizar los hechos ocurridos el pasado 26 de octubre en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta,cuando el Esmad ingresó sin justificación ni permiso alterando el orden de la comunidad indígena.

 

 

Así mismo se comprometió a intensificcar la formación a la Fuerza Pública en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e investigar sí algunos mandos militares buscan premios y accensos con actuaciones ilegales, no obstante la incredulidad de los asistentes quienes consideran que valen más los hechos que las palabras, máximo si se tiene en cuenta que los hechos ocurridos en contra de estas comunidades indígenas se repiten diariamente.

La reunión contó además con la presencia de varios organismos defensores de Derechos Humanos como el Comité Permanente para los DDHH, Reiniciar, Naciones Unidas, el Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Nacional.

El encuentro fue convocado por la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, Onic, y el resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta dada la difícil situación humanitaria y de vulneración a los derechos fundamentales y colectivos contra comunidades embera chamí no sólo del departamento de Caldas sino contra todo el pueblo embera a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública. Al encuentro asistió un delegado del Ministerio de Defensa.

Las irregularidades de la Fuerza Pública, para este caso, incluso reconocidas por un mismo coronel de la Policía quedaron consignadas en un video que fue presentado a consideración de los organismos defensores y entes de control del Estado.

La reunión se planteó a raíz de los hechos que sucedieron el pasado 26 de octubre cuando autoridades tradicionales del resguardo Cañamomo Lomaprieta denunciaron que cuatro hombres de civil fuertemente armados, incursionaron violentamente en la cancha de fútbol de la Comunidad La Iberia, donde se celebraba una tarde deportiva con presencia de niños, niñas, hombres, mujeres y mayores indígenas.

Los sujetos, luego identificados como agentes del Gaula de la Policía arremetieron, contra el comunero José Esteban Tapasco Trejos, de 26 años de edad, quien además de ser maltratado resultó herido junto con el comunero José Seferino Cañas. La comunidad en un acto legítimo de resistencia y defensa retiene a los hombres armados por algunas horas.

Según los agentes, encubiertos, del Gaula tenían orden de captura contra José Esteban Tapasco y dispararon contra él porque “estaba armado”. El gobernador indígena y testimonios de la comunidad denunciaron que, primero el Gaula no mostró ninguna orden de captura y segundo, Tapasco ni el anciano Seferino de 82 años que resultó herido estaban armados.

La situación del Pueblo Embera Chamí

Los embera chamí de Caldas cuentan con medidas cautelares; no obstante, en su contra han sido constantes las agresiones, en varios casos por la Fuerza Pública. En casos recientes sus derechos han sido vulnerados por agentes de la policía, el ejército, el Das y el Guala.

Uno de esos casos se presentó el 30 de noviembre de 2007 cuando un grupo de hombres vestidos de civil ingresaron a la comunidad de Portachuelo y retuvieron a Hernando Hernández. La comunidad que siempre ha demostrado valor y unidad lograron recatarlo e identificaron a los agresores como miembros del ejército, ese día habían disparado para amedrentar a la gente, según el gobernador, Héctor Jaime Vinasco.

El 28 de julio de 2009, también, hombres vestidos de civil ingresaron a la comunidad Camagua maltrataron a una persona argumentando orden de captura y luego se dan cuenta que no era a quién buscaban, preguntaron entonces donde quedaba Portachuelo pidiendo huellas digitales a lo que la comunidad se negó. Decían ser del DAS pero no se identificaron.

Hay varios casos en donde la Fuerza Pública presenta capturas de guerrilleros y luego los detenidos resultan inocentes o “fueron confundidos”, como han dicho los militares en varias ocasiones. Para estos hechos y el caso reciente no bastan excusas como las presentadas por el Coronel Suarez de la Policía y menos cuando no hay garantías que “se cumplan los acuerdos verbales o escritos”, refirió Horacio Guerrero, Defensor delegado para asuntos étnicos.

En efecto las autoridades indígenas de Cañamomo firmaron un acta de compromiso con la Policía del departamento en donde ésta se comprometía a cumplir los acuerdos, respetar la autonomía y generar confianza con las comunidades.

El pacto se rompió al día siguiente cuando apareció, sin previo aviso, el Secretario de gobierno departamental junto con el coronel Ospina de la Policía, quienes ingresaron a la comunidad causando gran confusión pues su llegada fue a las cuatro de la mañana. Se hizo una reunión formal en la cual la comunidad participó, se explicó al secretario lo sucedido y se aclaró que la comunidad indígena no se oponía a la captura, pero tampoco estaba de acuerdo con el procedimiento, tal como se pronunció la Onic en su momento[1].

Los visitantes preguntaron dónde estaban los agentes del Gaula, si estaban secuestrados o retenidos, se le aclaró que ellos estaban durmiendo en sus carros y no estaban retenidos, ni secuestrados en ningún momento por que se habían retirado a descansar como todo el mundo. A primeras horas de la mañana se retira el funcionario y acto seguido el Esmad arremete contra la comunidad.

En el hecho no sólo fueron agredidos los miembros de la comunidad embera, sino que se violó el Derecho Internacional Humanitario al obstaculizar el ingreso a un grupo de estudiantes al colegio de la comunidad; varias niñas y niños fueron golpeados e injuriados por agentes del Esmad. La defensora comunitaria también fue agredida por los antimotines en un hecho de agresión contra defensores de DDHH. Por estos hechos la Defensoría aseguró que demandará penalmente a la fuerza pública ante las instancias correspondientes.

La incursión de la Fuerza Pública fue considerada por el cabildo embera como una traición; “mientras estábamos con el secretario de gobierno, el Esmad estaba escondido y entran apenas sale él; así, aún, se nos dice que a los hombres del Gaula los teníamos secuestrados. El coronel dice que somos encubridores de terroristas, estamos estigmatizados ante todo el departamento y empezamos a recibir panfletos amenazantes contra nosotros”, denunció.

El gobernador indígena explicó cómo el coronel Jaime Ospina plantea demandar, por lo cual el cabildo presentó una queja ante el Ministerio Público y espera que la investigación avance.

La Defensoría, por su parte afirma que como afectados en el caso, el día de los hechos, “vamos a demandar por que fueron vulnerados los derechos de la funcionaria y se violaron los acuerdos verbales y escritos que se hicieron. La Defensoría del Pueblo emitirá un comunicado al respecto. Pedimos a la Procuraduría y al Misterio de Defensa que sea efectiva la investigación”, expresó Guerrero.

Como ya se dijo, no es la primera vez que esto pasa; “es reiterativa la vulneración de nuestros derechos y nuestros sitios sagrados, lugar de reunión, por lo cual denunciamos estos hechos que tienen precedentes en los ametrallamientos de 2003, de los cuales soy sobreviviente de la masacre de la Herradura donde hay responsabilidad el ejército”, aseguró Gersain Días, dirigente indígena caldense.

Por su parte Naciones Unidas consideró los hechos muy graves; “vamos a estar atentos a las investigaciones, es importante que la Defensoria esté y vamos a sacar un pronunciamiento”.

La Onic por su parte llamó a tener en cuenta las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos y Libertades Fundamentales para pueblos indígenas y pidió realizar una audiencia, donde esté la Procuraduría, la Defensoría e instituciones del gobierno incluso fuerza pública.

La consejería mayor rechazó los señalamientos infundados por parte de la Fuerza Pública contra las comunidades indígenas; “en el territorio ha habido conflicto, pero no por eso deben estigmatizar la comunidad; acá se presenta un fenómeno político, se ve un racismo contra los pueblos indígenas, casos como la muerte de Armando Achito tienen un tinte político y se paga incluso para que sean asesinados”.

Para el gobernador Héctor Jaime Vinasco, la estigmatización ha sido recurrente en la región. Explicó que antes el sector fue corredor de la guerrilla pero hoy no, “en Riosucio no hay milicias ¡cómo se sustenta que somos milicianos! y el coronel sale diciendo que gracias a sus acciones se captura a ideólogos de la insurgencia regional, pero no hay pruebas de ello”, cuestionó.

La defensoría denuncio que la viceministra del Interior y el director de Asuntos Indígenas fueron informados de los hechos oportunamente y no dieron ninguna respuesta, pese a ser ellos los encargados de garantizar que se cumplan las medidas Cautelares; “se les pidió que alguien ordenara a los Esmad que no dispara contra la comunidad, pero nadie dio respuesta”.

Reiniciar por su parte cuestionó a Mininterior, que debe preservar a quienes tienen medidas cautelares y no lo hizo en este caso. Pidió hacer un seguimiento a las medidas cautelares y que en la audiencia programada el gobierno responda. Mindefensa explicó que el seguimiento lo hace la Cancillería.

En este sentido el Comité Permanente para los derechos Humanos Planteó que independiente de lo que pase o se diga este hecho es una violación sistemática contra los embera chamí. Recordó que se hizo una audiencia al respecto en agosto pasado en la cual se hicieron las denuncias. Advirtió que si el retenido fallece es un crimen de Estado. Y denunció, también la agresión contra la funcionaria de la Defensoría; “hay que hacer investigaciones más de fondo, la comunidad ha denunciado hace mucho tiempo la vulneración a sus derechos y poco se hace”.

Finalmente Teres Martínez, delegada de la Senadora Gloria Inés Ramírez, manifestó que a su despacho ha llegado el expediente de 25 casos contados en la audiencia de Riosucio y otro expediente con datos de asesinatos contra líderes indígenas y activistas de la comunidad. Indicó que se deben tomar medidas de emergencia de acuerdo a las conclusiones de la audiencia de Riosucio y que haya un pronunciamiento por parte de las instituciones que participaron.

Conclusiones y exigencias

* Mindefensa se comprometió a ‘actuar’; “nos comprometemos a actuar”, aseguró el mayor (r) José Enrique Martínez, asesor de esta cartera.
* Se acordó investigar la actuación de la fuerza pública y hacer un trabajo serio, de voluntades, por parte de la fuerza pública para generar confianza con las comunidades indígenas. Se duda mucho de la palabra de un comandante de la policía que reconoce su error pero lo repite.
* Intensificar la formación a la Fuerza Pública en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
* En Colombia no está tipificada la pena de muerte, los testimonios que se dieron para este caso configuran una ejecución extrajudicial; no había razones para herir a una persona ya reducida y menos a civiles indefensos.
* Es muy preocupante que se hagan estas aseveraciones que no hay guerrilla y de otra parte aseveraciones que implique a los indígenas.
* Investigar sí algunos mandos militares buscan premios y accensos con actuaciones ilegales.
* Mantener el dialogo, pero de una manera correcta
* Los testimonios y el video muestran que hay infracciones al DIH y violación al debido proceso, se vulneraron los derechos de la comunidad.
* Por estos hechos ya hay una queja hay ante la Procuraduría.
* El sistema de Alertas Tempranas denunció que ha advertido desde hace rato la situación de las comunidades del sector por actuaciones de diferentes actores y la desconfianza que hay de la comunidad en ellos, lo cual sumado a la estigmatización coadyuvan a la incursión de otros actores que vulneran los derechos y la autonomía del pueblo embera chamí.
* Realizar una audiencia, inicialmente programada para el 17 de noviembre. Está podría realizarse en la comisión de DDHH del Congreso para darle el perfil que merece, o en el Eje Cafetero para que apoye a la gente de Risaralda y otras comunidades emberas afectada. La Audiencia debe ser interinstitucional.

Nota:

[1] “Caldas/ Pueblo Embera denuncia violación a s integridad y sus derechos”