UN CAMPO DE CONCENTRACION Y EXTERMINIO

Venciendo el terror que por años impuso el poder despótico en la región, el 3 de febrero de 2006, miles de habitantes de San Onofre salieron a la plaza pública e hicieron un juramento por la verdad y contra el miedo. Con la mano en alto, juraron que nunca más dejarán que se imponga el silencio y que recordarán por siempre a sus familiares y vecinos, asesinados por paramilitares bajo las órdenes de políticos criminales. Esa tarde en la plaza central del municipio se oyeron las palabras de víctimas y testigos. También intervinieron el representante a la Cámara Gustavo Petro -quien preguntó por qué las autoridades suspendieron las excavaciones para hallar las fosas que abundan en las fincas de la región- y Juan David Díaz, hijo del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz, “desaparecido” el 9 de abril de 2003 y posteriormente asesinado.

 

Después del acto, la multitud marchó hasta la hacienda El Palmar, a pocos kilómetros del municipio. Era la primera vez en que los familiares de cientos de personas “desaparecidas” podían conocer las instalaciones de ese sitio de suplicio y muerte. Al llegar lo recorrieron ansiosamente como buscando rastros de la presencia de sus seres queridos.

La hacienda era un campo de exterminio. En el centro del conjunto de construcciones se encuentra un gigantesco árbol de caucho. Allí se amarraba a los detenidos. Luego se les conducía a una casa adyacente. En la habitación principal, los acusados de ser cuatreros u opositores políticos, comparecían ante el jefe paramilitar, el matarife Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. Éste ordenaba, según el caso, que se llevara a la víctima a la cámara de torturas para su interrogatorio o que se la ejecutara inmediatamente. Cuando lo consideraba necesario, él mismo era el verdugo. De 10 condenados se dejaba en libertad a uno para que contara lo que había visto, a modo de escarmiento para la comunidad. Una de las sobrevivientes señala la habitación más cercana a la puerta de la casa. “Ese es el cuarto de la última lágrima”. En él pasaban sus momentos finales quienes iban a morir y a ser descuartizados. Al salir de la casa, y del otro lado del gran árbol de caucho, se encuentra un establo en el que se han hecho excavaciones. En la parte trasera de la caballeriza hay fosas. Alguien extrae de ellas la camiseta despedazada con cortes de machete y rastros de sangre de una víctima. Los testigos dicen que en la extensa llanura ubicada detrás de las construcciones existen muchas otras tumbas, que eran usualmente cavadas por los propios condenados a muerte. También afirman que los caimanes de una laguna situada a la entrada de la propiedad devoraban los cadáveres de los ejecutados.

Y mientras ocurrían estos episodios de extrema violencia, la hacienda era al mismo tiempo centro de la vida social del jefe paramilitar. ‘Cadena’ organizaba festines para los políticos locales y les regalaba caballos finos. En esos asados y parrandas fueron vistos el entonces comandante de la Policía, Norman León Arango (acusado de fomentar la criminalidad en el departamento, y quien después fue nombrado por el presidente Uribe agregado militar en la embajada colombiana en Francia) y el ex gobernador Salvador Arana (acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, y quien fue nombrado por el Presidente embajador en Chile). El Palmar era igualmente el sitio donde se planificaban negocios de narcotráfico y se organizaban los reinados de belleza “Miss Maja Internacional” y “Miss Tanga”. La representante a la Cámara Muriel Benito Rebollo, originaría de San Onofre e intima amiga de ‘Cadena’, era jurado en esos certámenes. A los políticos corruptos no les bastaba con que su verdugo se desembarazara de los opositores. Sus fiestas se hacían en medio de las fosas que dejaba la carnicería humana.

El alto significado de la demostración de dignidad de la comunidad de San Onofre se valora mejor al conocer la historia de lo ocurrido allí en los últimos años. Hacia 1998, un grupo de 200 paramilitares que se identificaron como pertenecientes al bloque “Héroes de Montes de María” llegó a la región ofreciendo proteger a la población. En lugar de ello, con el transcurso de los días se impuso un régimen de terror. Fueron clausuradas las organizaciones campesinas comunitarias, todo el mundo debía pagar cuota, la plaza central se destinó solo para oír las órdenes de los jefes paramilitares. San Onofre se convirtió en un campo de concentración. Se decretó el toque de queda y a partir de las seis de la tarde nadie podía circular ni pescar, pues era la hora en que los delincuentes activaban la ruta marítima del narcotráfico. Comenzaron los abusos sexuales contra las mujeres, y las demostraciones de violencia para intimidar a la población. Testigos sostienen que poco antes de que se estableciera el centro de exterminio en El Palmar, en el año 2000, los paramilitares decidieron castigar en público a un joven acusado de abigeato. Lo torturaron y pasearon en una camioneta por horas hasta desangrarlo.

Durante la campaña electoral de 2003, ‘Cadena’ reunió a la población, colocó en una bolsa los nombres de los concejales de la localidad y sacó dos de ellos. Advirtió que si no era elegida la candidata Muriel Benito Rebollo, mataría a los dos ediles y a otras personas de la comunidad elegidas al azar. No se podía recurrir a ninguna autoridad, pues todas se beneficiaban del sistema de corrupción. Cuando los funcionarios no querían entregar los dineros públicos se les asesinaba. Así ocurrió con el alcalde de El Roble. Convocado por ‘Cadena’ a El Palmar y al rehusarse a “pagar la cuota”, fue amarrado al árbol de caucho y luego desaparecido.

Poco a poco, los políticos mafiosos extendieron este régimen a otras zonas del departamento. Los paramilitares aterrorizaron a la población con masacres como las ocurridas en El Salado, Chengue y Macayepo. Despoblaron corregimientos enteros y se apropiaron de otras fincas para adaptarlas como prisiones y cementerios. El saldo de este sistema criminal, según los habitantes de San Onofre, es de unas 2.000 personas “desaparecidas” y enterradas en las fincas o lanzadas a los ríos que atraviesan la región.

La corrupción dejó a Sucre en la ruina. En un departamento con inmensa riqueza hídrica, la población sufre la carencia crónica de agua potable. El saqueo de los recursos ha impedido que se adelanten las obras necesarias para que todos dispongan de este servicio vital. En el barrio Venecia de Sincelejo tienen mansiones vecinas ‘Cadena’, el congresista Álvaro García Romero y el ex gobernador Arana. En el momento en que desapareció sospechosamente, ‘Cadena’ era dueño del centro comercial de Sincelejo y de varias bombas de gasolina. Controlaba además el negocio de los mototaxis.

La responsabilidad por la instauración de este imperio de arbitrariedad en Sucre asciende al más alto nivel. Difícilmente puede pensarse que todo esto ocurría sin conocimiento de las autoridades nacionales. No debe olvidarse que el Presidente de la República premió a varios de los funcionarios implicados con cargos diplomáticos. Los períodos más cruentos del proceso de violencia correspondieron a la declaratoria de Sucre como “zona de consolidación y rehabilitación” y al anuncio de cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares.

Dado que la mayor parte de los crímenes contra la humanidad cometidos se llevaron a cabo después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, los jefes paramilitares comprometidos, y políticos como los congresistas Benito Rebollo y García Romero, entre otros, pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional.

En el futuro San Onofre y la hacienda El Palmar tendrán que ser declarados lugares de memoria en homenaje a los cientos de víctimas de este campo de concentración y exterminio.

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