Luego que familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo, mediante su representante legal, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” apelaran la decisión tomada por Néstor Ramos Ortiz, Juez 2 Penal del Circuito de Tulúa el pasado mes de abril, de dejar en libertad a los coautores de dicha masacre, el Mayor Alirio Urueña Jaramillo y al Teniente de la Policía José Fernando Berrío Velásquez, la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, ordenó su inmediata recaptura.

 

 

Así mismo resolvió el Tribunal, anular el auto del 12 de diciembre de 2008, mediante el cual, la Juez 3 Penal del Circuito Especializado de Buga, repudió su competencia para conocer del caso, aduciendo que carecía de competencia, por cuanto, según ella, existía error en la calificación jurídica [[Según la Juez, “De la actuación se desprende que el homicidio imputado a los procesados no es con fines terroristas como dice la agencia fiscal, sino homicidio agravado]]” .

Para el magistrado ponente del caso, Jaime Humberto Moreno Acero, es claro que la señora juez Especializada incurrió en grave y trascendental vulneración del debido proceso, “pues dejó de lado su función de juez para asumir el de acusadora”, obviando que su función era la de juzgar y emitir sentencia en congruencia con la acusación.

Igualmente ordenó el magistrado, restablecer plenamente la vigencia de la resolución de acusación dictada en primera instancia por la Fiscalía 17 de la Unidad de Derechos Humanos y en segundo grado con fecha de agosto de 2008 por el fiscal 48 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decisiones que Néstor Ramos Ortiz, Juez 2 Penal del Circuito de Tulúa, había declarado nulas. Para el magistrado ponente, el juez “atento de manera grave contra la cumplida y celeridad de la administración de justicia, más aún en el presente caso que ya ha tardado más de 18 años en concluir la investigación”

De otro lado, ordenó el Tribunal compulsar copia del escrito de apelación al Juez 2 Penal del Circuito de Tulúa con el fin de que de acuerdo a sus competencias disciplinarias adelante una investigación en su despacho, al conocer que uno de sus funcionarios obstruyó la presentación del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, del escrito de apelación, lo que sin duda evidencia obstrucción injustificada del acceso de justicia a las víctimas de la masacre de Trujillo.

Para el Colectivo de Abogados y para los familiares de las víctimas, no cabe duda que estas fallas en la administración de justicia, son una muestra más de implementación de estrategias de impunidad que rodean casos como el de Trujillo, porque como dice una de ellas, “Nadie nos garantiza que a los militares los puedan volver a capturar. Es muy probable que nunca paguen ni los autores materiales, ni los intelectuales y que estas decisiones de alguna manera sean solo un contentillo”

 

 

Notas