Bajo el Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se promulgó el Estatuto de Seguridad Nacional (Decreto 1923 de 1978), que otorgaba poderes extraordinarios a la fuerza pública entre ellos, la detención de personas, práctica de allanamientos sin orden judicial, el juzgamiento de civiles en “Consejos Verbales de Guerra” y la restricción de los derechos de reunión y movilización.

 

● La Constitución Política de 1886, permitía al gobierno declarar el Estado de Sitio en el que contaba con facultades para legislar y suspender libertades. De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia dr.Reyes Echandía, “entre los 36 años comprendidos entre 1948 y 1984 se ha declarado el Estado de Sitio en 15 oportunidades, que temporalmente abarcan 25 años y 9 meses”.

● Bajo el Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se promulgó el Estatuto de Seguridad Nacional (Decreto 1923 de 1978), que otorgaba poderes extraordinarios a la fuerza pública entre ellos, la detención de personas, práctica de allanamientos sin orden judicial, el juzgamiento de civiles en “Consejos Verbales de Guerra” y la restricción de los derechos de reunión y movilización.

● El gobierno de Turbay Ayala intentó reformar la Constitución de 1886 mediante el Acto Legislativo 1 de 1979. La propuesta contenía normas restrictivas de las libertades y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1981.

● Bajo la aplicación del Estatuto de Seguridad, se presentaron capturas masivas, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de autoridad.

● En 1980, Amnistía Internacional publicó un informe sobre derechos humanos en el que señaló: “Desde 1966 a 1973, los tribunales militares colombianos dictaron más de 3.800 sentencias condenatorias [contra civiles] en 1.500 consejos de guerra verbales, procedimiento sumario utilizado por la justicia militar en juicios habitualmente masivos”. Amnistía Internacional recomendó al Estado colombiano derogar el Estatuto de Seguridad y el Estado de Sitio.

● En 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco (a terreno) a Colombia y señaló su preocupación por los efectos del Estado de Sitio en los derechos humanos, que “entre otros aspectos, se ha permitido el juzgamiento de civiles por tribunales militares”.

● Para la época el Código Penal no establecía el delito de desaparición forzada de personas, aunque ya era conducta reconocida como crimen por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

● En enero de 1985, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU incluyó en su informe a Colombia como un país de particular atención. El Grupo conoció casos que presentaban rasgos comunes en el modus operandi, como la presencia de testigos en los hechos, los vehículos utilizados, además de la existencia de “información sobre los centros de detención, a saber, la Brigada de Institutos Militares (BIM), la Sede del Servicio de Inteligencia y el Cuartel del Batallón, Junín”.

● En 1988, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas registraba 561 casos de desapariciones forzadas en Colombia, de los cuales el 21% habían ocurrido en los dos últimos años; mientras que la Procuraduría General de Colombia daba cuenta de 962 casos en los últimos cinco años.