“Que el Estado colombiano detenga la guerra contra los indígenas” reclamó la Consejería del CRIC, luego que se conociera del atentado de que fue víctima, la menor Mayerli Legarda Quilcue, el pasado lunes 11 de mayo, hija de la vocera de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, Aida Quilcue y Edwin Legarda, asesinado el 16 de diciembre del año pasado por la fuerza pública en el municipio de Totoró, departamento del Cauca.
Solicitud a la que se une de manera solidaria el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, quien junto a la Organización Nacional Indígena de Colombia, solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigir del Estado colombiano el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en favor de la dirigencia del CRIC, extremar las medidas de protección en favor de la dirigencia indígena y sus familias, así como investigar y judicializar a los responsables.
El hecho ocurre a escasos días que se anunciara la captura de 5 soldados y dos suboficiales del Ejército Nacional, por encontrarse involucrados en el asesinato del padre de la niña.
Según la Consejería Mayor del CRIC, la niña fue apuntada con armas cortas por cuatro individuos, que se desplazaban en un carro blanco, en momentos que se encontraba al frente de su casa de habitación, situada en la vereda Clarete del municipio de Popayán.
Los individuos emprendieron la huida, al observar movimientos de la guardia indígena que se encontraba al interior de la vivienda y quienes reaccionaron luego que Mayerli se internara en la casa y los alertara del peligro.
Es de destacar que días antes, personas que dijeron ser funcionarios de Bienestar familiar, intentaron entrar al colegio donde la menor estudia, luego de lo cual visitaron su vivienda y allí la interrogaron sin permiso, ni conocimiento de su señora madre, Aida Quilcue.
La Consejería denuncia igualmente, que el pasado 21 de abril, el carro asignado a Mayerli, quien tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue seguido por una patrulla policial, cuyos agentes solicitaron de una manera amenazante su detención en un lugar solitario de la vía panamericana, por donde se desplazaba, con el propósito de requisar el vehículo, lo que no fue permitido por parte de la Guardia Indígena que se movilizaba en el mismo.
La situación irregular, fue controlada de por indicación del comandante de la policía del Cauca quien dio la orden de ceder el paso del automóvil, luego que la Guardia, se comunicara con éste, al ver que miembros de la patrulla, en lugar de atender su deber protector, llamaran refuerzos que rodearon amenazantes el carro.
Para la Consejería Mayor del CRIC, es claro que este tipo de hechos seguirán sucediendo, no sólo porque consideran que hace parte de una estrategia para el despojo de los territorios ancestrales indígenas, sino porque para la fuerza pública es casi una orden “acechar y hasta asesinar a los indígenas” luego que así lo diera a entender el presidente Álvaro Uribe Vélez en marzo de 2008 en la ciudad de Popayán, cuando públicamente ofreció, en un consejo comunitario, pago de recompensas “para capturar a los invasores de tierras y judicializarlos”.
Comunicado CRIC