Desde el día lunes 6 de octubre de 2025, se realizó la Misión Inter/nacional de verificación de conflictos socioambientales en el Sur de Santander, en atención a la solicitud de varios procesos comunitarios; se realizó un recorrido por los municipios de Vélez, Chipatá y La Paz.
Esta Misión conformada por organizaciones internacionales y ciudadanos de Alemania, Austria, España, Italia y Colombia, luego de varias reuniones con comunidades, autoridades eclesiásticas y autoridades locales como Alcaldías y Concejos Municipales y después de haber realizado recorridos de observación, logró constatar graves afectaciones y riesgos socioambientales ligados a la expansión de interés mineros en la región y advertimos al Estado Colombiano que:
- Los títulos mineros y licencias otorgadas para minería de carbón en Vélez y La Paz Santander, supone un grave riesgo y amenaza para ecosistemas importantes de reserva hídrica y agroalimentaria de la región. Así mismo se observa con preocupación la gran cantidad de solicitudes mineras en todo el Sur de Santander que afectaría gravemente los territorios que deberían ser considerados como una importante Bio – Región en el país.
- Las comunidades denuncian la inacción de la Corporación Autónoma de Santander respecto de sus reclamos frente a las situaciones que se están presentando en seguimiento de las licencias ambientales otorgadas de los títulos mineros CEI-101 y EFJ-09, al no recibir respuestas de fondo que protejan los derechos fundamentales a un ambiente sano entre otros.
- Se constata que no se ha garantizado en derecho fundamental a la Participación Ambiental oportuna, amplia, informada y eficaz en ninguno de los casos, las comunidades se han enterado de la existencia de los títulos y licencias otorgadas cuando las empresas mineras han entrado o intentado entrar a sus territorios.
- Las comunidades manifiestan sentirse desconfiadas y desamparadas por las autoridades de carácter regional y nacional como la Corporación Autónoma Regional de Santander, Min ambiente, MinMinas, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Minería entre otras, ya que perciben que no hay concordancia en el actuar institucional y no se escuchan de manera efectiva las necesidades de las comunidades.
- Tanto los liderazgos sociales como algunas autoridades municipales comparten sus preocupaciones relacionadas con su seguridad e integridad física debido a sus acciones de defensa territoriales.
- Las comunidades en general están perdiendo la tranquilidad en la que habitan en sus territorios para atender la conflictividad que supone el riesgo de la minera. Esto ha implicado la desatención de sus actividades de economía propia que garantizan su subsistencia familiar, sumado a las afectaciones al bienestar emocional y a la salud mental de las comunidades.
- En las diferentes comunidades existe una latente preocupación alrededor del recurso hídrico y su suministro, que se vería seriamente impactado por los proyectos mineros ya que estos se ubican en zonas de recarga hídrica que abastecen a múltiples acueductos comunitarios y municipales, y benefician a cientos de familias de estos municipios.
- Constatamos la voluntad de las autoridades locales de los tres municipios por actualizar y gestionar los Esquemas de Ordenamiento Territorial alrededor del agua y la protección de los bosques, y su preocupación por la falta presupuestaria y de recursos humanos para tal fin. Así mismo, constatamos su deseo por promover y constituir figuras del ordenamiento territorial para proteger sus fuentes hídricas, su territorio y garantizar la seguridad alimentaria, y como este se enfrenta a la falta de información y apoyo técnico de las autoridades nacionales.
- Hacemos eco al llamado que las comunidades y autoridades locales le hacen a las autoridades departamentales y nacionales por conocer las figuras de protección y ordenamiento territorial y ambiental existentes en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la riqueza natural y ecosistémica del Sur de Santander.
En relación al conflicto que se está presentando en la vereda Palo Blanco del municipio de Vélez:
- Se constata que está es una zona de recarga hídrica con un importante relicto boscoso con especies de importancia de conservación como Robledales y Palama Boa (en veda) y como nicho para especies catalogadas como vulnerables. La ubicación de la mina en una divisoria de aguas y en una zona de recarga hídrica implica una amenaza crítica para los ecosistemas de la región. El desvío de cauces naturales y la afectación a quebradas y ríos compromete la salud de todo el sistema hídrico del que dependen familias campesinas y especies nativas.
- Se constató el bloqueo de servidumbres y caminos veredales que limita el derecho a la libre movilidad, y el desarrollo económico y actividades ancestrales de las comunidades y a pesar que existe una servidumbre provisional, si la misma se levanta implicaría la confinación de familias que viven aledañas a los predios donde pretenden la explotación minera.
- La explotación minera genera una afectación grave e irreversible a acueductos comunitarios que pone en riesgo el derecho humano al agua de aproximadamente 15 veredas de los municipios de Vélez, Bolívar y Guavatá.
- Se evidencia con preocupación como la autoridad ambiental regional (CAS) desconoció las medidas preventivas que fueron emitidas por la autoridad municipal, sobrepasando las competencias que el Ministerio de Ambiente ha otorgado a las Alcaldías Municipales y olvidando sus deberes en materia de prevención ambiental.
De otra parte, en el Municipio de La Paz, Santander se constata:
- La misión pudo evidenciar que las versiones de la empresa, que soportaron y le permitieron adquirido la licencia ambiental, son falsas. Estas afirmaciones indican que en el lugar donde se pretende explotar hay microcuencas secas, por donde corre agua solo en tiempos de “fuertes inviernos”, hechos que no corresponden a la realidad, ya que por el contrario, dentro del polígono se ubican 7 bocatomas de acueductos comunitarios.
- De igual forma la Misión realizó recorrido a la cordillera y evidenció la existencia de un socavón de donde señalan las comunidades se extrajo carbón de manera artesanal hace más de 40 años, y constató que es falso que de ese lugar la empresa minera pueda afirmar haber extraído 130 toneladas de carbón (situación referida por las comunidades con base al expediente y del que afirman se hizo con el propósito de mantener vigente el título minero y evitar la pérdida de vigencia de la licencia).
- La comunidad reafirma que se encuentra en su legítimo derecho a la protesta pacífica y a la defensa del territorio, frente a un proyecto que nunca fue debidamente socializado ni cuenta con el consentimiento de la población local. Además, denuncia que los titulares mineros intentaron ingresar al territorio escoltados por cerca de 40 efectivos del Ejército Nacional, hecho que generó alarma entre los habitantes y evidencia el uso de la fuerza en un contexto de resistencia civil y campesina.
Desde la Misión Inter/nacional hacemos un llamado urgente a las entidades estatales para que se atiendan las solicitudes que las comunidades han presentado, se revoquen las licencias ambientales otorgadas y se evalúe la caducidad de los títulos otorgados. De igual forma, instamos al Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería, ANLA, MinAgricultura, MinAmbiente y a la Autoridad Ambiental Regional a que atienden el llamado de las comunidades y autoridades locales con apoyos técnicos y económicos que propendan por ordenamiento territorial alrededor del agua y la vida. De la misma forma, a que realicen el cumplimiento eficiente de sus funciones en materia de prevención y precaución, así como contribuyan a la protección de los territorios y las comunidades que los habitan, lo anterior en concordancia a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano en relación al cambio climático, al cumplimiento del Acuerdo de Escazú y la normatividad colombiana en materia de protección de los ecosistemas fundamentales para la vida.
¡EL SUR DE SANTANDER ES Y DEBE SER VISTA COMO UNA BIOREGION, QUE DEBE SER PROTEGIDA!
Contactos:
- Stefan Pleisnitzer Coordinador país Servicio Civil para la Paz de AGIAMONDO – Alemania.
Cel. 315 319 2671
- Rosa María Mateus, vicepresidenta CAJAR, Coordinadora Eje Defensa del Territorio
Cel. 3143750761