El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó desde su creación como defensores de los DDHH continuamos elaborando un monitoreo permanente de la situación de los DDHH en el término municipal de San José de Apartadó. Este resultado siempre se ha puesto a consideración de las autoridades estatales, en el ámbito local y nacional (Presidencia, Ministerio de Defensa, Defensoría, Personería, Gobernación, Alcaldía, Fiscalía, Procuraduría, entre otras.

Sin embargo siguen apareciendo hechos que ponen en inminente peligro a la comunidad campesinos y a líderes y lideresas defensores de los Derechos humanos en nuestro territorio.

El día 25 de agosto 2014 es enviado un mensaje amenazante al líder campesino Arley Cartagena, líder incansable, solidario, miembro transcendental del Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, comprometido con la paz, con las justas causas de su pueblo y quien desde sus inicios cómo líder se le vienen haciendo aleves señalamientos, persecuciones, hostigamientos y amenazas, que han dado como resultado su confinamiento en San José desde hace ya 10 años, situaciones que son de conocimiento por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia, y la Unidad Nacional de Protección.

El mensaje de texto fue enviado a su teléfono celular por un supuesto desmovilizado quien aseguraba tener información de la existencia de un plan de la Brigada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC que incluye el pago de cinco millones de pesos para quién asesine a este líder y lo insta para que “se cuide o se abra de San José de Apartadó”. En el texto del mensaje también se menciona que este macabro plan obedece al trabajo de denuncia realizado por Arley en la Emisora Antena Estéreo, en Caracol Radio, y en los diferentes medios de comunicación en los que solo se busca hacer evidente la grave situación humanitaria que se vive en San José, acciones que siempre están basadas en los Derechos Humanos, en la constitución, en la ley y en el deber ser de cualquier ciudadano colombiano que tiene sus luchas por la defensa de los derechos fundamentales y por evidenciar continuamente la persistencia de las estructuras paramilitares de la región; razón ésta que constituye un obstáculo para el accionar de dicho grupo que muchos miembros de las instituciones quieren ocultar.

Antecedentes:

· 1 de agosto 2013 mientras se encontraba haciendo gestiones propias de la junta de acción comunal para su vereda, es asesinado el campesino NELSON CARTAGENA GARCÍA, líder de la junta de la acción comunal de la vereda Aguas Frías, municipio de Turbo. Los hechos ocurren en el puente Río Grande, límite con Apartadó, Turbo cuando dos tipos lo interceptan y lo obligan a bajarse del vehículo para luego propinaron varios disparos.

· En agosto 2013 un grupo de paramilitares que se hacen llamar AUG, con uniformes y escarapelas, quienes desde un complejo cerca de Nuevo Antioquia, ubicado más exactamente en el sector conocido como Zabaleta, llegan hasta la vivienda del campesino José Pacheco y por el método asfixia mecánica lo asesinan.

· Viernes 27 de agosto 2013 un grupo de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas, que operan en la zona, ingresaron a la vereda La Hoz provenientes del campamento de la vereda Sabaleta del corregimiento de San José de Apartadó, en límites con Nuevo Antioquia (Turbo). El primero de septiembre desplazan forzadamente a por lo menos 40 familias de esa zona y reclutan forzadamente a un Buenaventura Hoyos menor de edad.

· El lunes 18 de noviembre 2013 paramilitares de las AGC completamente uniformados, con armas largas y todo material de guerra intentaron nuevamente poner en práctica el mecanismo de la desaparición forzada de personas que se encontraban en esta zona de conflicto, tomando de rehenes a seis (6) pobladores, la mayoría menores de edad, al tiempo que procedían a usurpar los bienes y animales de las familias, estas personas fueron entregadas a una comisión institucional en un lugar de transito permanente de ellos en el municipio de Turbo.

· El pasado 15 de Mayo 2014 fue asesinada a machetazos la señora María de la Cruz Guerra de 68 años de edad, madre de familia y según cuentan algunos vecinos militante de la Iglesia cristiana. Los lamentables y reprochables hechos se desatan en el corregimiento Nueva Antioquia, una zona en la que hemos denunciado la presencia de los paramilitares, mal llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o “Clan Usuga”, grupo que desde hace más de 5 años comete a cielo abierto toda clase de atrocidades contra la población.

A pesar de los esfuerzos de algunos miembros de la fuerza pública y de otros miembros de las administraciones locales del Urabá por tratar de hacer invisible la presencia de este grupo paramilitar, los informes de la Defensoría del Pueblo y el reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo -Informe de Riesgo N. 012-14A.I.- muestran otra cosa que agudiza la crisis. Este informe emitido el pasado 10 de junio y elevado a Alerta Temprana el 18 de ese mismo por la Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), detallan lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo en todo el Urabá, en áreas rurales de los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo; hace referencia a veredas que les sirven de corredores estratégicos como Piedras Blancas (Carepa), San José de Apartadó (Apartadó) y de Nueva Antioquia (Turbo), también la preocupante presencia de éstos en el caserío las Mercedes de Turbo por lo menos 200 hombres con insignias de AGC, uniformes militares, boinas verdes y otros distintivos. Es curioso que detrás, en la espalda de los uniformes tengan visible el Salmo 91.

Muestra de todo lo que ha venido denunciado Arley en el tiempo, es la vinculación de la clase política del Urabá y otros sectores con los grupos paramilitares desde vieja data, la captura de hoy del Alcalde de Turbo y de algunos ex-concejales y ex-alcaldes de la región, dirigentes políticos que han pasado de agache durante mucho tiempo a la justicia por sus vínculos con grupos paramilitares y que demuestran con gran certeza los tentáculos ya hartamente probados de los nexos criminales de algunas personas que ante la ausencia de una institucionalidad responsable han utilizado al propio Estado para desde allí delinquir.

Así mismo queremos recalcar el papel de los organismos humanitarios en el marco del conflicto interno colombiano. Pues no dudamos en señalar que este intento de desaparición forzosa ha corrido con una suerte favorable para las personas protegidas gracias a la pronta reacción de dichos organismos y de las organizaciones que velan por la defensa de los DDHH en el municipio de San José de Apartadó.

Por último, queremos solicitarle a las autoridades municipales de Apartadò, en especial a la Personería Municipal, que en su condición de Ministerio Público y de garante de los DDHH, y que en lo más breve posible, haga público un informe de la situación real de los DDHH y de DIH en el municipio. Y que a su vez, convoque a los organismos nacionales e internacionales a que hagan presencia sostenida en el municipio. Todo ello, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Derecho a la Vida, entre otros.

Exigimos:

Al Presidente Juan Manuel Santos y al Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo:

· Que adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares AGC cesen los vínculos con funcionarios públicos y actores privados.

· Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos en San José de Apartadó, en especial a Arley Cartagena y su señora e hijos.

· Que emita un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan los y las defensoras de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia.

A la Fiscalía General de la Nación:

· Que investigue, identifique e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los responsables de estas amenazas y presente públicamente los resultados en un tiempo razonable.

· Se investigue y sancione a los promotores y financiadores de dichas estructuras paramilitares, así como de los funcionarios públicos y actores privados por sus vínculos con dichas estructuras.

A la Unidad Nacional de Protección:

· Que brinde las garantías necesarias de protección de los derechos y garantías fundamentales a los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, en especial a Arley Cartagena y que elaboren los esquemas y medidas de protección tendientes a protección de su vida.