Por otra parte, ante esta alerta y ante las evidencias que nuestras propias investigaciones muestran sobre el aumento de las acciones paramilitares, la Veeduría Social realizó una reunión con el Ministro de Defensa, con el fin de solicitar medidas de parte del Gobierno Nacional, para el desmonte del accionar paramilitar y evitar el levantamiento del Cese Unilateral al Fuego.

 

PREOCUPANTE AUMENTO DE REPARAMILITARIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS PONE EN RIESGO DESESCALAMIENTO DEL CONFLICTO

Veeduría Social al cese unilateral del fuego de las FARC-EP
octubre 20 – noviembre 20

Introducción

La Veeduría Social presenta su noveno informe que comprende el período del 20 de octubre de 2015 al 20 de noviembre del 2015. En este tiempo ocurrieron varios hechos que fortalecen y ayudan en la consolidación del proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP.

En términos generales el ambiente que ha marcado el contexto político nacional ha sido durante este periodo muy favorable para los diálogos de paz y el logro de acuerdos en la mesa que se desarrolla en la Habana, y se considera abono para el inició de diálogo formal de paz con el grupo insurgente ELN.

Dentro de los avances están los anuncios de las partes de consolidación de los acuerdos en materia de víctimas; faltan pocos puntos por pactar para lograr un acuerdo en el tema de justicia y superar las contradicciones que surgieron, luego de anunciarse en el mes de septiembre un acuerdo sobre este tema.

De la misma forma, entre las diferentes fuerzas políticas del país, se ha manifestado la necesidad de acordar un mecanismo de consulta popular para refrendación de los acuerdos de paz. Esto se intensificó con el adelanto del debate en el Congreso de la República sobre un proyecto que propone un plebiscito, como mecanismo. A pesar de la división de opiniones de los partidos políticos, todo indica que dicha propuesta cuenta con el apoyo mayoritario del legislativo. Es importante resaltar que la delegación de las FARC-EP en la Habana criticó esta iniciativa y mantuvo su posición de que cualquier avance en esta materia debería ser fruto de un consenso en la mesa de negociación.

También en este periodo las FARC-EP lanzó una nueva alerta, por la continuidad de operativos militares terrestre de parte de la fuerza pública, en contra de varios de sus campamentos y sobre la continuidad de acciones paramilitares en varias regiones del país, anunciando sobre la posibilidad del levantamiento del Cese Unilateral al Fuego por estas circunstancia- Como resultado de esta situación las FARC-EP, pidió una reunión con la Veeduría Social, la cual se realizó el 8 de noviembre, en la Habana con una delegación de Frente Amplio por la Paz, Constituyente por la Paz y Comunidades Basadas en la Fe. Como resultado de esa reunión las FARC-EP decidieron dar continuidad al cese unilateral y solicitaron a la Veeduría Social ampliarse a más actores sociales y políticos, así como aumentar el apoyo al proceso de paz.

Por otra parte, ante esta alerta y ante las evidencias que nuestras propias investigaciones muestran del aumento de las acciones paramilitares, la Veeduría Social realizó una reunión con el Ministro de Defensa, con el fin de solicitar medidas de parte del Gobierno Nacional, para el desmonte del accionar paramilitar y evitar el levantamiento del Cese Unilateral al Fuego. Como resultado de esta reunión se acordó una reunión de la Veeduría Social y las plataformas de derechos humanos y paz con el Viceministro de Defensa, que permita intercambiar información y tomar medidas contra el accionar de los grupos que se autodenomina paramilitares-

Igualmente durante este tiempo, por lo menos 81 presos de la FARC-EP, iniciaron una huelga de hambre en varias prisiones del país, con el propósito de exigir que se dejara en libertad o se le diera tratamiento humanitario al menos 11 detenidos que se encuentran en situación terminal, de un listado de 105 que tienen una situación crítica. Desde la Veeduría Social se hicieron esfuerzos encaminados a lograr la atención de esta situación.

Al final del periodo, el Gobierno Nacional tomó la decisión de promover una reunión entre Enrique Santos y Timoleón Jiménez alias “Timochenko”, con el fin de proponer el desarrollo de cónclave para avanzar en los acuerdos, que permitiría una reunión permanente de todos los negociadores hasta que se logre un acuerdo definitivo.

Otros avances que dan confianza sobre el desarrollo positivo del proceso, son los anuncios de las FARC-EP, divulgados desde el periodo anterior y que se han refrendado durante este periodo, sobre su decisión de frenar la compra de armas, el reclutamiento y cambiar los entrenamientos militares por formación política a sus tropas.

La Veeduría Social invita a la sociedad a civil a seguir enviando sus reportes de los efectos del cese unilateral al fuego por parte de las FARC-EP en el territorio y reitera el llamado a las partes en conflicto para que declaren en el menor tiempo posible el cese bilateral al fuego y de hostilidades. En esta perspectiva la Veeduría Social inició durante este periodo un proceso de ampliación de diálogos con otros sectores de sociedad civil, que busca fortalecer el proceso de seguimiento de los acuerdos y los mecanismos de recolección de información, así como las acciones a favor del proceso de paz.

Sigue siendo evidente que la confianza entre las partes va aumentando, al igual que si consolidación y maduración, poniendo como próximo paso la necesidad de un acuerdo de cese bilateral al fuego definitivo, que ponga fin a los riesgos de la operatividad militar, que pueda afectar el proceso y a la población civil, permitiendo de esta forma el robustecimiento del proceso y la firma final del acuerdo de paz.

Valoración del Estado de Cumplimiento

Durante el período objeto del presente informe, la Veeduría Social constató que se mantuvo la percepción de tranquilidad que se ha tenido durante los últimos cuatro meses beneficiando a la mayoría de comunidades y poblaciones que habitan en las regiones en las que tradicionalmente se ha desarrollado la confrontación armada. La Veeduría Social puede afirmar que las partes han mantenido sus compromisos; en primer lugar de parte de las FARC-EP, de no desarrollar acciones ofensivas contra la fuerza pública y las fuerzas militares de no desarrollar bombardeos contra los campamentos del grupo insurgente.

Aun así, durante el periodo se han presentado acciones ofensivas terrestres desarrolladas por las fuerzas militares, que han mantenido la presión peligrosamente sobre el cese unilateral decretado por las FARC-EP, lo cual ha producido una nueva alerta de este grupo y un llamamiento a poner fin a estas operaciones. De la misma forma hubo tres señalamientos de posibles actuaciones ofensivas de las FARC-EP, las cuales fueron recogidas por un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, nuestro trabajo de triangulación de la información con las comunidades, nos permiten afirmar que una de ellas, la ocurrida en Argelia-Cauca el día 18 de Noviembre, no corresponde a una acción ofensiva premeditada de la FARC-EP contra las fuerzas militares, sino que esta corresponde al ingreso de la fuerza pública en campo minado en la zona en la que permanecen las fuerzas en cese unilateral al fuego.

Una segunda de estas acciones ocurrida en el municipio de Cajibío – Cauca, el día 11 de Noviembre no tiene un responsable debidamente señalado, de acuerdo a la triangulación de la información con las comunidades de la zona, no logramos verificar que el hecho haya ocurrido y por lo tanto no se logra constatar si se trató o no de una acción ofensiva que violente el compromiso de cese unilateral al fuego.

El caso más cercano a una posible infracción se presentó en Briceño – Antioquia, lugar en el que la Defensoría del Pueblo reporta un enfrentamiento, entre la guerrilla de las FARC-EP y el Ejército, pero sin aportar elementos concretos de quien inició la acción bélica. Por su parte las comunidades informaron de la ocurrencia del hecho pero sin certeza de quién inició la operación militar.

Aunque se reporta que durante este mes las acciones del conflicto armado no produjeron afectaciones directas a la población civil, sí resulta muy preocupante que en la operatividad ordinaria de la fuerza pública se reportan varias denuncias de parte de las comunidades que reflejan violaciones a los derechos humanos y hasta infracciones al Derecho Internacional Humanitario (el caso más grave fue el que se presentó en el municipio de Argelia, contra Miller Bermeo Acosta un joven campesino de 20 años de edad quien perdió la vida y cinco más resultaron heridos).Por otra parte se siguió teniendo noticias del aumento del accionar de grupos que se autodenominan paramilitares, quienes actúan con patrones muy parecidos a las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, que sembraron la muerte y el terror en la década de los 90 y 2000. En por lo menos tres departamentos se tuvieron nuevas noticias del actuar paramilitar y se documentaron 23 casos.

La Veeduría Social tiene dentro de su mandato el seguimiento a tres temas principalmente: el cese unilateral al fuego decretado por las FARC- EP, el des escalamiento del conflicto armado al que se comprometió el Gobierno Nacional y el fenómeno del actual paramilitarismo. Con relación a este último tema la Veeduría llama la atención a la comunidad nacional e internacional que puede ser el elemento de mayor riesgo contra el proceso de paz y en general contra la posibilidad de dar por terminada la guerra. Dicho tema no se debe menospreciar y se solicita al Gobierno Nacional un oído agudo frente a estas denuncias y acciones concretas que permitan su desmonte.

Hechos Relacionados Con Cese Al Fuego Unilateral y Desescalamiento del Conflicto

En este apartado del informe se analizan y describen de forma general los hechos relacionados con el desarrollo del cese unilateral del fuego y des escalamiento del conflicto y que han sido conocidos por la Veeduría Social. Aunque se mantiene la disminución de la confrontación armada en el período de tiempo del informe se registraron tres hechos imputados a las FARC-EP y cuatro operaciones reportadas por el Ejército.

La información contenida y analizada en este informe proviene directamente de las comunidades, así como de fuentes periodísticas, la Defensoría del Pueblo y Ejército nacional; estas tres últimas han sido trianguladas con las comunidades y la información será aclarada en cada apartado. Anexo al informe se encuentra la tabla donde se profundizan las características de cada acontecimiento.

Entre los días 11 y 12 de noviembre se registra un (1) enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros de las FARC-EP en el municipio de Briseño, Antioquia. Respecto a este acontecimiento hay versiones encontradas. Según la Defensoría del pueblo presuntos integrantes del Frente 36 de las FARC-EP atacaron a un grupo de militares que se encontraban haciendo un relevo de seguridad, dejando como saldo un uniformado del Ejército Nacional muerto. Por su parte la comunidad manifestó que a las siete de la noche del 11 de noviembre se presentó un fuerte enfrentamiento entre las FARC-EP y el Ejército Nacional dejando en medio del fuego cruzado a las comunidades de la vereda Buena Vista del municipio de Briseño, pero se desconoce el contexto en el que sucedieron los hechos, para el cierre de este informe no se ha podido obtener información que clarifique lo acontecido (ver tabla anexa Acciones presuntamente realizados por las FARC-EP contra de la Fuerza Pública, Nº 2).

La Defensoría del Pueblo el día 11 de noviembre registró un hostigamiento contra la estación de Policía en el municipio de Cajibio-Cauca por dos hombres en motocicleta que no fueron identificados, según las autoridades en la zona hay influencia de la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP, sin embargo no confirmaron su autoría. Este acontecimiento sólo se encuentra reportado por la Defensoría y la Veeduría Social, al momento del cierre, no ha recibido declaraciones de la comunidad u otra fuente (ver tabla anexa Acciones presuntamente realizados por las FARC-EP contra de la Fuerza Pública, N° 1).

Por otra parte durante este último mes, en términos generales las fuerzas militares han cumplido con compromiso del Presidente Santos de no bombardear campamentos de las FARC-EP. Sin embargo, se han presentado otro tipo de acciones de arremetida militar contra esta guerrilla que han puesto en peligro el cese unilateral. Las situaciones producidas por parte de las fuerzas militares en el periodo del 20 de Octubre al 20 de Noviembre:

– El día 22 de Octubre en el municipio de Puerto Guzmán-Putumayo; informó el Ejército Nacional que se llevó a cabo una operación terrestre, donde la Brigada Móvil número 13 destruyó un posible campamento de las FARC-EP (ver tabla anexa Operaciones Terrestres /Enfrentamientos por parte de la Fuerza Pública, hecho N° 1).

– De la misma forma el día 26 de octubre en la vereda Las Delicias, municipio de Doncello-Caquetá; reportó el Ejército Nacional la realización de una operación terrestre por parte del Batallón de Infantería N° 36 donde se destruyó un posible campamento de las FARC-EP (ver tabla anexa Operaciones Terrestres /Enfrentamientos por parte de la Fuerza Pública, hecho N° 2).

También el día 10 de Noviembre el Ejército Nacional Informó que en la vereda Playa Larga, municipio de Apartadó-Antioquia tropas del Batallón N° 46 de la séptima infantería el día 10 de noviembre destruyeron un posible campamento del frente 58 de las FARC-EP (ver tabla anexa Operaciones Terrestres /Enfrentamientos por parte de la Fuerza Pública, hecho N° 4).

– Además de las acciones anteriormente descritas el Ejército Nacional informó de una operación terrestre por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega contra el Frente 14 del Bloque Sur de las FARC-EP, en el municipio de Cartagena del Chairá-Caquetá; el día 27 de Octubre, esta operación tuvo el resultado de cuatro (4) guerrilleros muertos y dos (2) detenidos. Dicha información fue corroborada por parte del Estado Mayor de las FARC-EP por medio de un comunicado, donde manifiestan que este hecho “sienta un precedente negativo que afecta la confianza y la credibilidad ganada por las partes en la Mesa” . (ver tabla anexa Operaciones Terrestres /Enfrentamientos por parte de la Fuerza Pública, hecho N° 3)

Finalmente, en este mes de veeduría se presentaron operativos de la Fuerzas Militares en el corregimiento Sinaí (vereda el Encanto), municipio de Argelia,- Cauca; los días 28 y 29 de Octubre, y 18 y 19 de Noviembre (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hechos N° 4 y 17), presentándose graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario que serán expuestas más adelante en este informe. La Defensoría del Pueblo reportó que el día 19 de noviembre fue activado un artefacto explosivo contra unidades de la Brigada 29 por parte de presuntos guerrilleros del frente 60 de las FARC-EP y que el día 20 de noviembre se presentaron hostigamientos a la fuerza pública en este mismo sector. La delegación de paz de las FARC-EP manifestó en su página web que el 17 de Noviembre las tropas del Ejército que se encontraban en el Mango, se desplazaron hacia la vereda el Encanto y que debido a esta acción cayeron en un campo minado el día 18 de noviembre (ver tabla anexa Acciones presuntamente realizados por las FARC-EP contra de la Fuerza Pública, hecho N° 4).

En el presente mes la Veeduría Social no registra acciones contra infraestructura o con afectación directa contra la población civil, por parte de las FARC- EP.

Situación de Derechos Humanos en el País Durante el Periodo

A lo largo del mes del 20 de octubre al 20 de noviembre la situación de derechos humanos ha continuado siendo preocupante. Se presentaron veintitrés (23) hechos asociados a la presencia y acciones paramilitares, dos (2) Hechos de autoría incierta que podría tratarse de acciones encubiertas por parte de la Fuerza Pública, quince (15) Infracciones al DIH por parte de la Fuerza Pública y una Infracción al DIH por parte de las FARC-EP, a continuación se desarrolla cada una de estas situaciones:

1. Presencia y Acciones Paramilitares (ver tabla anexa Acciones de estructuras Paramilitares en contra la Población Civil).

En el periodo de observación se registraron 23 hechos asociados al accionar paramilitar, los cuales se presentaron en 8 departamentos (Meta, Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Caldas y Antioquia) y en la ciudad de Bogotá. De estos hechos siete (7) se relacionan con amenazas a líderes sociales y reclamantes de tierras, existió un intento de detención de posibles estructuras paramilitares a personas que pertenecen a una organización que hace parte de esta Veeduría Social ,se presentaron 16 hechos asociados a presencia de grandes grupos de hombres armados que se presentan como paramilitares (en su mayoría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC) y un posible asesinato de un poblador del corregimiento de San José de Apartado, Municipio de Apartado – Antioquia.

Con gran preocupación se observa que persiste en este periodo la presencia de estructuras que se autodenominan paramilitares en el corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartado – Antioquia; en distintos municipios de la cuenca del rio Atrato – Choco y en el Municipio de Mapiripán– Meta.

• Corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartado – Antioquia (ver tabla anexa Acciones de estructuras Paramilitares en contra la Población Civil, hechos N.º 6,7,8,9,11,12,13 y 22):

Las comunidades denuncian el actuar conjunto entre estructuras paramilitares y la Fuerza Pública. Desde el 24 de octubre se ha venido produciendo un aumento de la presencia paramilitar en el territorio de la comunidad de paz del corregimiento de San José de Apartado, además de hacer presencia en varias veredas; estos grupos llevan un listado de campesinos “sentenciados a muerte”.

Hasta la fecha final del informe, (20 de noviembre) según denuncia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, estos grupos han contado con el apoyo de la Fuerza Pública, quienes niegan la presencia paramilitar en la zona. El día 3 de Noviembre a través de los medios de comunicación locales el Coronel Germán Rojas se manifestó en contra de la Comunidad de Paz, acusándolos de ser “mentirosos” y de estar engañando a la opinión pública por denunciar presencia paramilitar en la región, pues a su juicio no hay paramilitares o ya están controlados, y los que existen no representan amenazas para nadie. Contrario a la denuncia de las comunidades, quienes afirman que paramilitares les informaron a los miembros de la Comunidad de Paz estar actuando en coordinación con el Ejército.

El sábado 7 de noviembre de 2015, en horas de la noche, en el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, fue asesinado el campesino Albeiro Tuberquia, habitante del corregimiento, presuntamente por paramilitares. Cerca de este lugar se encontraba la Policía y militares de la Base de San José de Apartadó .

• Municipios de la cuenca del rio Atrato – Choco (ver tabla anexa Acciones de estructuras Paramilitares en contra la Población Civil, hechos N.º 5,12,15 y 23):

Por lo menos hasta el día 28 de octubre, continuó la situación reportada en el informe anterior de restricción de la movilidad y confinamiento de los pobladores de los ríos Truandó y Salaquí en el municipio de Riosucio y del río Domingodó en el municipio de Carmen del Darién – Choco, debido a la presencia de estructuras que se autodenominan paramilitares.

Según información de las comunidades, el día sábado 31 de Octubre se inició el desembarco de hombres vestidos de camuflado con armas largas de las estructuras paramilitares en el río Jiguamiandó. Los armados ingresaron por la Ciénega Grande hacia el caserío de El Guamal, en límites del corregimiento de Jiguamiandó, municipio de Rio Sucio – Choco y el municipio de Murindó– Antioquia, instalándose en este sitio. El día Domingo 1 de noviembre, otro grupo se asentó en el territorio Colectivo del Hobo, en el corregimiento Jiguamiandó municipio de Rio Sucio – Choco.

El día 6 de noviembre las comunidades de las poblaciones de Nabugá y Caño Rogelio, Municipio de Bahía Solano – Chocó, reportaron la presencia de alrededor de 300 hombres armados pertenecientes a los autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, en el casco urbano del municipio de Bahía Solano –Choco, en este lugar hace presencia militar la Marina y la Policía Nacional de Colombia.

• Municipio de Mapiripán– Meta (ver tabla anexa Acciones de estructuras Paramilitares en contra la Población Civil, hecho N.º 3)

El día 23 de octubre presuntos paramilitares intentan detener a defensores de derechos humanos de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz (Organización que hace parte de esta Veeduría Social). Este grupo armado pretendía crear un cerco para detener a los defensores quienes esquivaron el retén al salir en la madrugada del municipio, los armados montaron el cerco tiempo después que los defensores cruzaron por el lugar .

2. Hechos de autoría incierta que podría tratarse de acciones encubiertas por parte de la Fuerza Pública. (Ver tabla anexa ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hechos N. º 16 y 17).

En el periodo de observación se registraron dos (2) posibles hechos de autoría incierta que podría tratarse de acciones encubiertas por parte de la Fuerza Pública en los municipios de Trinidad – Casanare y Saravena -Arauca.

• Municipio de Trinidad – Casanare (Ver tabla anexa ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hechos N.º 16)

El 13 de noviembre en el municipio de Trinidad, Casanare, fue asesinado el líder campesino Daniel Abril, miembro de plataformas como la Voz de la Tierra, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, La Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos, el Congreso de los Pueblos, del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, la Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria (COSPACC) y con la Corporación Claretiana NPB en defensa de la Ecología y los Derechos Humanos. Daniel era un líder reconocido por su papel en las audiencias públicas de seguimiento a las empresas petroleras en Casanare y sus denuncias contra éstas, al igual que en contra de Corporinoquía por su inoperancia y complacencia con las multinacionales petroleras que han ocasionado graves afectaciones ambientales en el departamento, así como contra la Fuerza Pública por las violaciones de derechos humanos. Anteriormente había sufrido un atentado, un intento de desaparición forzada, montajes judiciales y señalamientos por parte de la Policía y el Ejército de Casanare. Su asesinato, teniendo en cuenta los antecedentes, parece guardar una clara relación con la labor de defensa de los derechos humanos y del territorio.

• Municipio de Saravena– Arauca (Ver tabla anexa ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hechos N.º 17)

De igual modo, en el municipio de Saravena, Arauca, la ONIC denunció la desaparición el 5 de noviembre del comunero indígena Ricardo Uncaria. La información manejada por las comunidades señala al Ejército como presunto responsable del hecho, pues tuvo lugar en una zona donde hacía presencia éste. Miembros de una comunidad indígena próxima al Río Bobajá, entre Arauca y Boyacá, señalaron que había visto a miembros del Ejército con un indígena detenido al que le habían tapado la cara, en la zona el mismo día de los hechos. La ONIC teme que se hayan producido más desapariciones en la zona alta de la cordillera y que acabe tratándose de ejecuciones extrajudiciales.

3. Infracciones al DIH por parte de la Fuerza Pública: (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hechos del Nº 1 N°15)

En el periodo de observación se registraron quince (15) hechos con afectación a población civil, entre requisas, allanamientos ilegales, intimidaciones, sobrevuelos, capturas irregulares, entre otros. De estos hechos sobresale lo sucedido en Argelia, Cauca, que dejó un saldo de un (1) campesino asesinado, cinco (5) campesinos heridos con arma de fuego y dos (2) campesinos heridos con armas no convencionales, además de otras afectaciones a la población civil.

Se documentaron casos de allanamientos ilegales sin orden judiciales efectuados por el Ejército Nacional, seguidos de hurto a bienes de la población en varios lugares del territorio; tal es caso que se presento en vereda Yaneta, Municipio Rio Blanco – Tolima el día 22 de Octubre donde tropas del Ejército Nacional inscritas a la Brigada móvil N°8 realizaron allanamientos ilegales, hurto de bienes y detención ilegal de documentos (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 1).

A estas situación se le sumaron las detenciones arbitrarias en contra de tres (3) campesinos del corregimiento de San José de Apartado, municipios de Apartado – Antioquia el día 25 de Noviembre; (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 7 ); Igualmente en el municipio de Briseño – Antioquia el día 25 de octubre, día de las elecciones municipales y departamentales tres (3) campesinos denunciaron que la Fuerza Pública les había comunicado que existían órdenes de captura contra ellos, aunque no fueron presentadas en ninguna de las ocasiones y por tanto las capturas no llegaron a hacerse efectivas (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 6).

El día 10 de Noviembre se registró en el municipio de El Tarra – Norte de Santander un hecho de empadronamiento y requisa ilegal, por parte del Ejercito Nacional, a la defensora de derechos humanos Eliana Zafra, abogada de ASCAMCAT y miembro del CPDH Seccional Norte de Santander. El CPDH es parte de esta Veeduría (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 12).

En el municipio de Tulúa– Valle del Cauca el día 23 de Octubre se presento una amenaza e intimidación policial realizada en contra de la personera de la institución educativa Técnico de Occidente, exigiéndole que retirar una denuncia previamente realizada el día 19 de Octubre contra un miembro de la SIJÍN por agresión física (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 4).

En las riberas del rio Naya, específicamente en la vereda Concepción, municipio de López de Micay– Cauca y en las veredas San francisco y Puerto Merizalde, municipio de Buenaventura – Valle del cauca, el día 24 de Octubre se denuncio la ocupación de bienes protegidos por la población civil por parte de integrantes del batallón N°3 “Batalla de Palace” del Ejército Nacional (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 5).
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Por otro lado preocupa que el Ejército Nacional en conjunto la Policía Antinarcóticos y en algunos casos el acompañamiento del ESMAD están ingresando a los territorios a erradicar los cultivos de uso ilícito sin una previa política de sustitución gradual y concertada con las comunidades. Como resultado de la actuación desproporcionada de los miembros de la Fuerza Pública durante los días 18, 19 y 20 de noviembre en las mencionadas zonas pobladas y áreas rurales del municipio de Argelia, el joven campesino MILLER BERMEO ACOSTA de 20 años de edad, perdió la vida y cinco más resultaron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego. Se registraron heridas por armas no convencionales en diez (10) labriegos, una (1) vivienda fue afectada por artefacto explosivo, se registraron seis (6) actos de pillaje, tres (3) vehículos automotores resultaron averiados, los techos y paredes de 17 viviendas fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego y nueve (9) más registraron daños de diversa índole, generando el desplazamiento forzado de cerca de 35 familias (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 15).. Igualmente se ha registrado la entrada masiva de Ejército con el objetivo de erradicar cultivos ilícitos sin concertación con las comunidades en la vereda La Esperanza, municipio de Puerto Rico, Meta desde el 23 de octubre, generando desplazamiento de alrededor de 200 pobladores que se han visto obligados a abandonar sus territorios y generar aglomeración de las comunidades afectadas en los lugares en donde se encuentran los miembros de la Fuerza Pública (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hecho Nº 2)..

Otro hecho que representa graves infracciones al DIH por parte del Ejército es lo ocurrido en el municipio de Buenos Aires, Cauca, el 1 de noviembre. La denuncia de las comunidades señala que ese día se produjeron explosiones, ametrallamientos, hurto, amenazas, utilización de civiles como escudos humanos , así como sobrevuelos de la zona por aviones drone; las comunidades denunciaron que los militares presentaron como muerta a una persona, sin tener claridad del hecho, así como que llevaban a una persona indígena encapuchada con ellos. Este episodio fue seguido de hostigamientos contra la población que se acercó al lugar, así como requisas posteriores para intentar confiscar las imágenes que las comunidades tomaron de lo sucedido (ver tabla anexa Acciones de la Fuerza Pública con afectación a Población Civil, hechos Nº 8 y N°10)…

4. Infracciones al DIH por parte de las FARC-EP (ver tabla anexa Acciones de las FARC-EP donde se afectó población Civil, Hecho N°1)

El día 4 de Noviembre se denunció un hecho de infracción al DIH por parte de las FARC-EP, quienes al parecer colocaron una bandera en las instalaciones de la IPS (Institución Prestadora de Servicios Hospitalarios) UNIPA el Diviso, ubicado en el Resguardo indígena Awá de El Gran Sábalo, departamento de Nariño .

Recomendaciones de la Veeduría Social

1. La veeduría Social hace un llamado a la comunidad nacional e internacional y en particular, recomienda que dentro del papel de verificación que sea apoyado por Naciones Unidas o/y otras entidades internacionales se tenga en cuenta esta tema sensible y preocupante de reactivación del paramilitarismo y posible connivencia con las fuerzas militares, que pueden afectar tanto el proceso de paz, como la posibilidad de terminación del conflicto armado.

2. La Veeduría Social hace un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas concretas y estructurales en el desmonte efectivo del paramilitarismo.

3. Se instale una mesa intersectorial constituida por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, la Veeduría Social y representantes de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz para dar seguimiento al fenómeno paramilitar que va en aumento de manera peligrosa y alarmante para el proceso de paz.

4. Se preparen todas las condiciones necesarias por parte del Gobierno Nacional, para lograr un cese bilateral al fuego.

5. Urge darle sostenibilidad y condiciones para el fin del conflicto, en este sentido se insta a la implementación de compromisos reales y efectivos sobre garantías y protección de derechos humanos y desmonte del paramilitarismo dentro de los acuerdos suscritos por las partes.

6. Se insta a las partes (Gobierno Nacional y FARC- EP) a que diseñen, implementen y monitoreen protocolos frente a los compromisos públicos que vienen adquiriendo y manifestando para aportar en el des escalamiento del conflicto, acciones humanitarias, y en general hechos que sigan dando muestras de la voluntad de paz de éstas. Entre ellos los anunciados por las FARC-EP. Sobre la entrega de menores de edad que se encuentran reclutados. La Veeduría Social está dispuesta a hacer seguimiento de todos los compromisos que se han hecho públicos u oficiales, con el fin de apoyar en la terminación del conflicto armado y avanzar hacia la construcción de la paz sostenible.

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