Foto: El Tiempo

 

“Ese mismo día, el 29 de agosto de 2003, el cuerpo de Ever de Jesús, fue encontrado en la morgue de Valledupar, con el rostro desfigurado, vestido con prendas camufladas, presentado por el Ejército, como dado de baja en combates con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero todos sabemos que esto no es cierto, que es la manera que tienen los militares, para acallar a los líderes de la comunidad, por las denuncias que realizan.”

 

“Ese mismo día, el 29 de agosto de 2003, el cuerpo de Ever de Jesús, fue encontrado en la morgue de Valledupar, con el rostro desfigurado, vestido con prendas camufladas, presentado por el Ejército, como dado de baja en combates con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero todos sabemos que esto no es cierto, que es la manera que tienen los militares, para acallar a los líderes de la comunidad, por las denuncias que realizan.” [1]
Paradójicamente, del 29 al 31 de agosto de ese año, la Defensoría Nacional del Pueblo, se encontraba realizando un taller en la comunidad de Chemesquemena, que contaba con la presencia de un funcionario de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, el Defensor Delegado para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas Gabriel Mujuy y la Defensora Comunitaria.

Ever de Jesús regresaba de Valledupar de diligenciar un apoyo económico por el asesinato el 16 de abril del mismo año a manos de paramilitares de Hugo Montero, su padre. “Lo bajaron tres civiles armados del transporte público en el que se desplazaba con varias personas, entre las que se destacaba Gabriel Mujuy, defensor delegado para asuntos Étnicos de la Defensoria del Pueblo. Ever se dirigía a Guatapurí, luego de sacar unos documentos para acceder al programa de Atención a víctimas del Conflicto Armado, programa de la Red de Solidaridad Social”

Pero Ever de Jesús, no fue el único asesinado ese año. Según Jaime Arias, cabildo gobernador de la etnia Kankuama, 44 casos fueron denunciados ese año, hasta el mes de septiembre [2], la mayoría atribuidos a los paramilitares. Era la época en la que el Coronel Hernán Mejía, se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa con sede en Valledupar, y fue también el período, en que según el testigo (un ex sub oficial del Ejército y subalterno de éste) que denuncio las andanzas de Mejía y sus vínculos con el paramilitarismo, en el que el Batallón La Popa se convirtió en una de las unidades que más bajas produjo entre el 2002 y el 2004 [3].

El asesinato de Ever de Jesús, que contaba tan sólo con 19 años, y que para la fecha de su asesinato se distinguía como joven líder de la comunidad de Guatapuri, es probablemente uno de los casos por los cuales, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa, anuncio el pasado viernes que había relevado del cargo al Coronel Hernán Mejía, por sus “Vínculos con el paramilitarismo, violaciones a los derechos humanos, y casos de bajas que podrían no ser el resultado de operaciones militares y actos de corrupción”, y quien desde octubre del año pasado comandaba las tropas en Santana, en el departamento de Putumayo.

En ese mes, agosto de 2003, según recopilación realizada por el pueblo indígena Kankuamo [4], fueron asesinados siete indígenas por paramilitares, entre los que se destacan Jhon Jairo Montero Maestre, quien fuera sacado amarrado de su casa ubicada en la comunidad Kankuama La Mina, lugar donde minutos antes, un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados había llegado. Jhon fue trasladado a un lugar cercano conocido como El Charquito, donde lo asesinaron a tiros delante de varios testigos de la comunidad.

En esa misma incursión paramilitar de agosto 25 de 2003, y de la misma manera, fue asesinado Santander José Arias Arias de 18 años, y fueron cometidos innumerables atropellos contra dicha población.

Días antes, el 11 de agosto, Andrés Ariza Mindiola había sido asesinado por paramilitares en Atanquez, en una incursión paramilitar a su finca, de la cual además extrajeron 56 reses. Igual suerte corrió Alciades Arias Maestre quien fuera asesinado en el corregimiento Los Haticos.

Según Alirio Uribe del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, “En las quejas y denuncias, presentadas ante la Defensoria del Pueblo y misiones humanitarias efectuadas para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perija, se responsabiliza a las fuerzas armadas que hacen presencia en esta zona del país, particularmente en el departamento del Cesar, de permitir el libre tránsito por tales áreas de grupos paramilitares, así como de acceder a instalar sus bases de operación dentro del territorio indígena, de realizar patrullajes y acciones juntas con dichas agrupaciones para amedrentar y realizar ataques indiscriminados contra la población”

Igualmente, informa Uribe, se le atribuye al Ejercito nacional en algunos casos de ser responsables de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como ejecución extrajudiciales, de infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes a los indígenas y sus autoridades.

Por esa época, los informes allegados a la Defensoría expresaban que en la Sierra nevada de Santa Marta jurisdicción del municipio de Valledupar, se encontraba situada una base paramilitar en el sitio denominado la Mesa a escasos 6 kilómetros, o 10 minutos de la sede militar del batallón la Popa, comandada por el paramilitar David Hernández Rojas, alias “39”, quien como lo informa la Revista Semana en su última edición era un gran amigo de la escuela del Coronel Hernán Mejia.
Aún así varios de los asesinatos cometidos en el 2005, en pleno proceso de negociación del Gobierno Nacional con estos grupos, se produjeron a inmediaciones de dichas bases paramilitares, que aún persisten en la Mesa y Río Seco.
Como se recordara, La Mesa fue el lugar donde se realizó la desmovilización del último grupo perteneciente al Bloque Norte de las AUC el pasado 10 de marzo, fecha en la cual, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció la desmovilización de 1.220 miembros de los frentes de choque, 1325 de los frentes de apoyo social y la entrega de apenas 793 armas.
Es de destacar que por la grave situación de exterminio de esta etnia indígena, que además ha ocasionado un fuerte desplazamiento de su territorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgó Medidas Cautelares, el 24 de septiembre del 2003 y ante el incumplimiento del Estado colombiano y la continuación de daños irreparables a dicho pueblo, el 5 de julio del 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas provisionales, solicitadas en conjunto por la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

No obstante el llamado proceso de desmovilización paramilitar no ha tenido como consecuencia el desmantelamiento de sus estructuras, las cuales siguen conservando todo su poder intimidatorio y control territorial, hoy en día, bajo el rebautizo de “Aguilas Negras” ” en las que la población ha identificado a los mismos integrantes de los llamados Bloque Tayrona y Mártires del Cesar de las AUC.

Finalmente causa extrañeza que el gobierno haya procedido solo a relevar del cargo al Coronel Hernán Mejía, cuando lo que correspondía era la separación definitiva de sus funciones, en ejercicio de la facultad discrecional del Presidente, conforme el mandato constitucional lo permite.

La Organización Nacional Indígena de Colombia y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” esperan una acción investigativa seria por parte de la Fiscalía General de la Nación, que contribuya en forma definitiva al esclarecimiento de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

 

 

 

Notas