El diario El Tiempo informó que el Coronel (r) Luís Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por la desaparición de 12 personas después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, dictará clases de “historia, conflicto, administración y lucha contra el narcotráfico” a oficiales y suboficiales en un curso de ascenso, a solicitud de los directores de la Escuela del Centro Militar, y Escuelas de Armas y Servicio, Relaciones Civiles y Militares, y de Infantería. La noticia constituye una afrenta que pone a prueba la política de derechos humanos de Colombia.
Por un lado, es un despropósito que un Coronel condenado penalmente por encabezar un operativo militar que resultó en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, en uno de los casos más emblemáticos de la historia colombiana reciente, sea considerado una persona idónea para dictar clases a miembros del Ejército. Recordemos que Plazas Vega no sólo niega su culpabilidad, sino que nunca ha demostrado arrepentimiento por los crímenes cometidos, ni ha pedido perdón a las víctimas a pesar de su condena en sede judicial en un proceso ejemplar. Ni su estrategia como mando militar, ni sus valores, ni su actitud frente a la justicia deberían servir como ejemplo para los miembros del Ejército colombiano.
La Corte Interamericana ha enfatizado en varias de sus sentencias sobre graves violaciones de derechos humanos contra Colombia la importancia de que las fuerzas de seguridad del Estado reciban capacitación sobre derechos humanos y derecho humanitario. Sin embargo, en este caso, los responsables de su designación transmiten tanto a los militares en ascenso como al resto de la sociedad colombiana, que el Coronel Plazas, aun siendo un criminal convicto por abusos a los derechos humanos y al derecho humanitario, es una persona que posee las cualidades morales y profesionales útiles para la formación del Ejército. Con su decisión desoyen abiertamente la determinación de la justicia colombiana y ofenden la dignidad de las victimas del Palacio de Justicia.
Por otro lado, la noticia nos lleva a cuestionar nuevamente que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) decida que los miembros del Ejército cumplan condena en instalaciones militares en las que, a diferencia de las cárceles comunes, gozan de un régimen penitenciario más beneficioso. La Corte Interamericana ha rechazado el uso de privilegios especiales para miembros del Ejército acusados de graves violaciones de derechos humanos. En el presente caso, es difícil aceptar que hace tan sólo unos meses el Coronel Plazas Vega alegara problemas médicos para impedir su traslado del Hospital Militar a la cárcel de La Picota como estaba previsto, y que ahora incluso se encuentre en condiciones de dictar clases.
Por ello, es necesario establecer las responsabilidades políticas por el grave error de juicio puesto en evidencia por la decisión de otorgar una posición académica al Coronel Plazas Vega, así como revisar la vigencia de los beneficios penitenciarios para militares, que pueden limitar los efectos de las sentencias impuestas por los tribunales civiles.