PROCESO DE PAZ CON LAS AUC: “UN ENCUENTRO ENTRE AMIGOS”
(Valencia - España) (Autor:Centro de Estudios Políticos y Sociales)

Miércoles 6 de diciembre de 2006, por Prensa - Colectivo

Buena parte de las medidas contempladas en la política de seguridad democrática, eje central del primer Gobierno Uribe, fueron concebidas para abrir espacios legales donde poder reciclar a los paramilitares.

El siguiente texto hace parte de uno de los capítulos del informe sobre Colombia que ha realizado la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) de Valencia - España.

Buena parte de las medidas contempladas en la política de seguridad democrática, eje central del primer Gobierno Uribe, fueron concebidas para abrir espacios legales donde poder reciclar a los paramilitares. Así, al día siguiente de posesionarse como Presidente puso en marcha la primera red de cooperantes e informantes integrada por unas 200 personas; hoy, según datos oficiales, son 3,5 millones los civiles que cumplen funciones de inteligencia militar. Aunque los datos facilitados a través de este sistema deberían ser cuestionados, dada la arbitrariedad de criterios de quienes los proporcionan motivados en muchas ocasiones por rencillas personales o por la recompensa que se ofrece, esta información es utilizada como único fundamento para la detención y como prueba dentro del proceso penal. De esta forma, numerosos líderes sociales, opositores políticos y defensores de los derechos humanos han permanecido o permanecen en la cárcel durante meses o años porque algún informante les acusó de vínculos con la guerrilla. La mayoría queda posteriormente en libertad por la falta de fundamento de las acusaciones, pero son víctimas de la estigmatización que supone ser detenido y muchos han tenido que dejar su ciudad o incluso el país y algunos, tras ser liberados, han sido asesinados por los paramilitares. [1]

Paralelamente a esta red el Gobierno impulsó el programa de “soldados campesinos”, jóvenes de las áreas rurales que, ante la falta de opciones de vida o por presiones de los militares, reciben una instrucción de unos tres meses y se incorporan a labores de combate en su lugar de nacimiento. Las autoridades militares han combinado ambas iniciativa -la red de cooperantes e informantes y el programa de “soldados campesinos”- impidiendo cada vez más que existan personas que no participen en el conflicto y vulnerando el principio de distinción, postulado básico del derecho internacional humanitario, según el cual, para proteger a la población civil hay que diferenciar con toda claridad a los combatientes de los no combatientes.

Con la puesta en marcha de estas medidas se podía comenzar la desmovilización de los paramilitares garantizando su integración en las estructuras del Estado, es decir, legalizar el paramilitarismo para mantener su fuerza represora evitando que la existencia de estos grupos como estructuras ilegales influya en la imagen externa del país y, al mismo tiempo, garantizar su silencio sobre los estrechos vínculos que les han mantenido siempre con altas esferas del poder para que la estructura del Estado Colombiano no resultara afectada. [2] La propuesta de paz formulada en diciembre de 2002 por las Autodefensas Unidas de Colombia (en 2003 contaban con 13.500 hombres, según el Ministerio de Defensa) sólo pretendía, en opinión de organizaciones como Human Rights Watch (HRW), [3] evitar la extradición a Estados Unidos por narcotráfico, eludir la cárcel o, al menos, cumplir penas mínimas en Colombia, y conservar la mayor parte posible de la riqueza obtenida ilegalmente. Ernesto Báez, uno de los jefes paramilitares que han estado negociando estos años con el Gobierno, reclamó al Estado que ejerza la “paternidad responsable” ya que “si nos crearon como un monstruo ahora tienen que asumirlo”. Aunque desde el principio violaron el cese de hostilidades que ellos mismos anunciaron, [4]el Gobierno autorizó el 1-7-04 una “zona de ubicación” para los jefes paramilitares y sus escoltas en Santa Fe de Ralito (departamento de Córdoba) y suspendió las órdenes de captura que, realmente, permanecían sin efecto desde el inicio de las conversaciones. De este modo, comenzaba lo que muchos calificaron como “un encuentro entre amigos”.

Previamente, en noviembre de 2003, se realizó la experiencia piloto de desmovilización. Los supuestos 874 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, uno de los frentes urbanos que operaba (u opera) en las comunas (barrios) de Medellín, abandonaron las armas. En la comuna 13, una de las más violentas, la Fuerza Pública había realizado en 2002 varios operativos con el supuesto objetivo de acabar con la guerrilla. El resultado fueron numerosos civiles muertos y heridos, varios desaparecidos y unos 350 detenidos; “de los que más de 300 quedaron libres a los pocos días porque los fiscales no encontaron argumentos para acusarles; sobre los otros se comprobó que hubo muchas clonaciones de testimonios, es decir, un mismo abogado firmaba varias indagatorias que se realizaban en distintas salas al mismo tiempo. El Gobierno dijo que había sido un éxito, pues se había logrado liberar el barrio, y cuando le presentamos al vicepresidente Francisco Santos el informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se habían cometido durante esos operativos, nos dijo, gritando, que aunque hubiera habido violaciones si hoy se tuvieran que volver a repetir se harían de la misma forma”, afirma el jesuita Javier Giraldo. [5]

Tras la supuesta desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, la violencia se ha hecho más selectiva, ya no visten uniformes y las armas las han cambiado por teléfonos celulares, “los vecinos les oyen hablar con los militares y controlan todo lo que se mueve a pesar de que el Ejército construyó un búnker en la comuna tras los operativos”, aseguraron varios integrantes del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel), una coordinación departamental que reúne a numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos. [6] Los propios miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la visita que hicieron a Medellín en julio de 2004, confirmaron las denuncias de los defensores de derechos humanos: “Los testimonios, denuncias e informaciones recibidos indican que, a pesar de cierta baja en el número de incidentes de violencia política (...) persiste el dominio paramilitar en ciertas comunas de Medellín y los actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra quienes no expresen apoyo al proyecto de estos grupos. Concretamente, miembros de estos grupos y alegadamente personas beneficiadas por procesos de desmovilización individual y colectiva, buscan legitimar su influencia a nivel de las juntas de acción comunal y mantener su control sobre las actividades cotidianas de las comunas mediante la violencia, la extorsión y la intimidación. Los testimonios hacen referencia a la comisión de 130 desapariciones forzadas durante el año 2003 y 97 desapariciones entre enero y julio de 2004 y al descubrimiento de fosas comunes. Asimismo, hacen referencia a asesinatos, con énfasis en la utilización de armas blancas en vez de armas de fuego. Persisten las denuncias sobre colaboración entre paramilitares y Fuerza Pública y el temor de presentar denuncias ante las autoridades judiciales y de control, sumado a un sentimiento de indefensión frente a la legitimación que los beneficios procesales de la desmovilización habrían dado a miembros del Bloque Cacique Nutibara”. [7]

Además, gran parte de los desmovilizados estaban acusados de delitos comunes no de violaciones a los derechos humanos: los jefes del Bloque reclutaron a jóvenes marginados para que engrosaran las listas de los que abandonaban las armas a cambio de los recursos económicos derivados de la reinserción. El Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, les recriminó esta actitud: “En el proceso de Medellín nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados”, según el contenido de las cintas grabadas entre los comandantes y Restrepo que publicó la revista Semana. Toda esta situación ha provocado numerosos desplazamientos entre los distintos barrios de Medellín y existe un profundo malestar en los sectores más desfavorecidos de las comunas por los beneficios económicos que el Estado está concediendo a los supuestos desmovilizados aunque la mayoría de las veces no se expresa públicamente por miedo a las represalias.

La mayoría de las desmovilizaciones que se han ido sucediendo han tenido características similares y la opinión pública colombiana e internacional sigue desconociendo quiénes son realmente los que están abandonando las armas, qué pasa con los que tienen pendientes crímenes de lesa humanidad y por qué se siguen produciendo agresiones atribuidas a los paramilitares en zonas donde supuestamente se han desmovilizado. “A los campesinos de la comunidad de paz de San José de Apartadó los militares les amenazan con la llegada de los paramilitares y cuando les plantean que ya se han desmovilizado, los soldados se ríen y les dicen que eso es una fachada, que están entregando armas obsoletas y que ahora están más fuertes que nunca y van a volver a matar”, comenta Javier Giraldo. Y en los medios de comunicación se dan cuenta de casos de narcotraficantes que se han convertido en jefes paramilitares para evitar la extradición a Estados Unidos o de líderes de las AUC [8]capturados que ahora son liberados para acogerse a la desmovilización. [9]

Notas

[1El sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andreis fue acusado falsamente en junio de 2004 de ser “ideólogo de las FARC” y detenido por esa razón, sin que se le hubiera probado cargo alguno, por lo cual fue dejado en libertad. A principios de septiembre, el profesor y su escolta fueron asesinados por los paramilitares

[2Sobre esta cuestión resulta pertinente mencionar las críticas realizadas por Naciones Unidas, en su informe sobre 2005, referidas a la normativa legal que regula el proceso de desmovilización de los paramilitares: “Cabe recordar las reiteradas denuncias y evidencias a lo largo de los años de nexos entre servidores públicos, y en particular miembros de la Fuerza Pública, con grupos paramilitares. Surge el interrogante sobre cómo las investigaciones abordarán la responsabilidad estatal en muchos de los crímenes cometidos por esos grupos. El Estado no ha construido mecanismos eficaces para abordar ese problema ni el del desmantelamiento de las estructuras clandestinas, incluyendo las que se han apoyado en funcionarios o instituciones estatales”.

[3Colombia: Librando a los paramilitares de sus responsabilidades, informe de Human Rights Watch, 2005.

[4La Comisión Colombiana de Juristas asegura que desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005 los paramilitares han asesinado o desaparecido, al menos, a 2.750 personas. El 75% de esos crímenes se cometieron en zonas de influencia de bloques paramilitares supuestamente desmovilizados. El senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, eleva la cifra de víctimas de los paramilitares a 3.005.

[5Citado en Colombia: rompiendo..., p. 40. En este mismo informe se dice que en la reunión que mantuvo la Comisión Valenciana de Verificación de Derechos Humanos con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, éste “destacó como muestra de la eficacia del Gobierno en la lucha contra el crimen la labor realizada en la comuna 13 y puso a Medellín como ejemplo de desmovilización”.

[6Ibídem

[7Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 13-12-04

[8Reconocidos narcos venían usando la estrategia de vincularse al proceso de Santa Fe de Ralito, El Tiempo, 12-02-05

[9Jefe paramilitar que fue capturado goza de beneficios como si se hubiera desmovilizado, El Tiempo, 19-02-05.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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