El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, debe cesar sus acusaciones falsas y peligrosas contra grupos de derechos humanos que critican a su gobierno, señalaron Amnesty International y Human Rights Watch en un comunicado conjunto. En lugar de hacer tales acusaciones, Colombia debería dar respuesta a las preocupaciones en materia de derechos humanos que plantean dichos grupos.

Tanto Human Rights Watch como Amnesty International emitieron en octubre de 2008 informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Luego de la publicación del informe de Amnesty International, el Presidente Uribe acusó a esta organización de “ceguera”, “fanatismo” y “dogmatismo”. También acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de ser “defensor” y “cómplice” de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Nos interesaría tener la posibilidad de debatir los problemas de fondo con el presidente”, manifestó Susan Lee, directora para las Américas de Amnesty International. “Sin embargo, estas declaraciones desacreditan su cargo y dan luz verde a quienes desean perjudicar a los defensores de derechos humanos en Colombia”.

Amnesty International y Human Rights Watch aún esperan que el gobierno colombiano proporcione respuestas mesuradas y detalladas a las graves inquietudes en materia de derechos humanos planteadas en ambos informes.

A principios de este año, después de que un asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, insinuara públicamente que organizadores de una manifestación contra los escuadrones de la muerte paramilitares mantenían vínculos con la guerrilla, se produjo una ola de amenazas y hechos de violencia contra los participantes y los organizadores de la marcha, que culminaron en varias muertes.

Las organizaciones señalaron que el Presidente Uribe y otros altos funcionarios han efectuado acusaciones similares en varias oportunidades contra quienes o se oponen a sus políticas, incluidos no sólo grupos de derechos humanos internacionales y colombianos, sino también la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sindicalistas y destacados periodistas.

“Estas ridículas acusaciones son el reflejo de un gobierno que nunca ha asumido la responsabilidad por sus actos”, manifestó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. “En lugar de abordar los problemas de derechos humanos del país con la seriedad que merecen, el gobierno de Uribe ha intentado desviar las críticas simplemente estigmatizando a aquellos que las formulan – no importa quiénes sean – de tener vínculos con la guerrilla”.

Para leer el informe de octubre de 2008 de Amnesty International, “‘¡Déjennos en paz!’: La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia”, visite:

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR23/023/2008/en

Para leer el informe de octubre de 2008 de Human Rights Watch, “¿Rompiendo el control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia”, visite:

http://www.hrw.org/en/reports/2008/10/16/breaking-grip

Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:

En Londres, oficina de prensa de Amnesty International: +44-20-7413-5810; ó +44-77-7847-2126 (celular)

En Washington, DC, para Human Rights Watch, José Miguel Vivanco (inglés, español): +1-202-612-4330; ó +1-917-379-1180 (celular)

En Washington, DC, para Human Rights Watch, María McFarland (inglés, español): +1-917-535-2816 (celular)