¡Agua y vida para La Guajira!
#EscuchemosALaGuajira
Las comunidades afectadas por la minería de carbón y las organizaciones acompañantes agrupadas en la Plataforma La Guajira le habla al país, pedimos al gobierno del cambio se comprometan con la defensa del agua y la vida, la salud, el retorno de las comunidades desplazadas a sus territorios, la titulación colectiva de tierras y la obtención de justicia frente a los múltiples escenarios de impunidad corporativa por el modelo extractivista minero-energético que opera en la región. El estado de cosas inconstitucional y el estado de emergencia social y económica en el departamento sólo podrá ser superado si se garantizan estos derechos fundamentales al pueblo wayúu, afro guajiro y campesino.
De manera particular, solicitamos la atención prioritaria de los siguientes asuntos:
1. La necesidad de tomar decisiones de fondo en materia de protección a los derechos sociales, ambientales y de producción agrícola de las comunidades étnicas y campesinas del sur de La Guajira, teniendo en cuenta la importancia ambiental y agrícola de esta región para la provisión de alimentos y agua para todo el departamento.
2. La afectación a la salud de la infancia y las mujeres wayúu como consecuencia de la contaminación originada por la minería de carbón a cielo abierto presente en el territorio. Así, tomar las medidas necesarias para que niños, niñas y la población en general no sigan enfermando por las partículas del carbón y el agua contaminada, cerrando los tajos mineros que operan a distancias muy cercanas a las comunidades, como el tajo Patilla a 300 metros del Resguardo de Provincial.
3. La situación de incumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional, las cuales están estrechamente relacionadas a la vulneración del derecho a la vida, al agua, la salud y la soberanía alimentaria en el departamento de La Guajira.
4. La afectación a los bienes y derechos culturales de las comunidades wayúu y afro como consecuencia de los proyectos de extracción de minerales y fuentes hídricas.
5. La afectación por desplazamiento forzado, desalojos, y amenazas en zonas de extracción de minerales en la región.
6. La vulneración del derecho al agua por la ampliación de las actividades extractivas, en un contexto de escasez hídrica en una región altamente vulnerable ante la crisis y el cambio climático. Ante ello, prestar especial atención a la Sentencia SU-698 de 2017 y devolver al arroyo Bruno a su cauce natural.
7. La necesidad de abrir espacios de diálogo y concertación sobre la transición energética justa en la región, que incluya una amplia participación ciudadana y garantías de consulta previa, libre e informada. De modo que la transición energética que abandera el gobierno no profundice el modelo extractivista en la región, a través de la explotación de minerales estratégicos para la transición como el cobre y el impulso de megaproyectos de energías renovables no convencionales que acaparan los medios de vida de las comunidades, condenando a sus habitantes y territorios al sacrificio para la exportación de energía y bienes naturales.
8. La no expansión de la frontera minera asociada a la extracción de carbón a cielo abierto, como es el caso de la mina de Cañaverales, en el municipio de San Juan del Cesar, así como la atención a las múltiples irregularidades que se han presentado durante la consulta previa con el Consejo Comunitario de Los Negros de Cañaverales.
9. Que se reconozca la necesidad de establecer un plan de cierre de mina que incluya mecanismos de participación adecuados, efectivos y vinculantes para que los trabajadores y las comunidades afectadas por la actividad de Cerrejón puedan aportar y decidir durante este proceso. Además, que incluya una valoración de los impactos acumulativos y a perpetuidad, para garantizar una reparación integral.
10. La necesidad de construir una evaluación socio ambiental y estratégica en La Guajira para determinar la verdadera potencialidad de una transición energética justa en un departamento que hasta ahora solo ha sido zona de exterminio.
Esto no solo es lo que resulta coherente con la apuesta por una transición energética justa en Colombia y en el mundo, sino también, con la garantía de los derechos territoriales.
¡Las empresas no pueden estar por encima de los derechos humanos y ambientales!