En el contexto del jucio que se adelanta contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por las operaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo solicita a la Corte Suprema de Justicia compulsa de copias contra Álvaro Uribe Vélez y su entorno presidencial por la utilización del DAS para perseguir a sus críticos. El Colectivo de Abogados, víctima y representante de víctimas de la persecución ilegal del DAS, comparte y respalda plenamente los argumentos que con profundidad y rigor presentó la representante de la Fiscalía General de la Nación en su acusación y petición de condena contra de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.

 

 

También solicita a la Corte Suprema de Justicia que compulse copias para que se investigue de las conductas criminales objeto de reproche a Álvaro Uribe Vélez, como posible determinador, y a José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, también mencionados a lo largo del juicio como copartícipes de los delitos investigados.

En la audiencia pública que está por concluir se han escuchado numerosos testimonios, entre estos los de los señores Jorge Alberto Lagos, Fernando Alonso Tabares, Martha Inés Leal Llanos, Fabio Duarte Traslaviña, William Romero, en donde ha quedado claramente demostrado que María de Pilar Hurtado y Bernardo Moreno -en el correspondiente escalón jerárquico- señalaron los objetivos de inteligencia que le interesaban a la Casa de Nariño y actuaron cumpliendo órdenes, conociendo la ilegalidad de las mismas.

Las acciones ilegales desplegadas por el DAS se llevaron a cabo como parte de un aparato organizado de poder que decidió desprenderse de sus obligaciones constitucionales y legales para entrar a promover y cometer graves crímenes.

Los ataques contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra senadores de la oposición y periodistas independientes, constituyen sin lugar a dudas un concierto para delinquir agravado y un abuso de función pública, en el que el entonces presidente Uribe Vélez, como lo manifestó su entorno, sustituyó el Estado de Derecho, por el “Estado de opinión” convirtiendo al DAS en una policía política.

De esta manera, se propició un ambiente de inseguridad pública sin parangón, cuando desde las más altas instancias del Ejecutivo se promovieron acciones con capacidad para impactar a la opinión nacional e internacional y desestabilizar la institucionalidad, expuesta a la pérdida de la credibilidad y a la quiebra de esenciales principios que son inherentes al Estado social, democrático y de derecho.

¿Qué es de un Estado donde no se puede contar con el respeto más elemental a la división y naturaleza de los poderes públicos y más grave aún, donde el Gobierno a través de su máximo representante decide convertir en “Blanco de Inteligencia Ofensiva” a la Corte Suprema de Justicia, y difamarla tratando a sus magistrados de “cómplices del terrorismo agónico” por investigar y sancionar la parapolítica?

Hubo en este concierto para delinquir y abuso de la función pública una división de tareas y una cadena de mando. El entonces Presidente de la República señalaba sus “blancos políticos”, contando con el apoyo de su entorno inmediato en la Casa de Nariño, en particular de Bernardo Moreno, quien a su vez aseguraba que en la dirección del DAS se cumpliera con las tareas encomendadas por el jefe de gobierno, Desde el DAS, por otra parte, se informaba al gobierno sobre sus “blancos” para que éste, a su vez, los difamara públicamente.

La difamación fue parte de la persecución política. Se utilizó la prensa para ello, se denigró de las víctimas de la cacería de brujas del DAS para destruir su honorabilidad, su credibilidad, su honra, su buen nombre, para afectar su integridad, para exponer sus vidas y afectar su dignidad. Así sucedió contra los magistrados de la CSJ, contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, contra Piedad Córdoba, contra Gustavo Petro, contra Daniel Coronel y Ramiro Bejarano, entre otras numerosas víctimas que aún no han sido reconocidas como tales. Estas conductas criminales conllevaron la vulneración de derechos humanos fundamentales contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Conocer la verdad íntegra de lo que implicó la empresa criminal del DAS y que la justicia opere castigando a sus máximos responsables, es fundamental para seguir el rastro de la continuidad del uso ilegal de la inteligencia del Estado que se ha hecho evidente en episodios posteriores al cierre de esta institución. La inteligencia ilegal, además de ser un crimen, atenta contra los anhelos de un país en paz, respetuoso de la diferencia y en auténtica democracia.