En los últimos días, varios candidatos que se presentan en Colombia a las elecciones legislativas de marzo han recibido amenazas de muerte de paramilitares.

 

ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA CANDIDATOS A LAS ELECCIONES

En los últimos días, varios candidatos que se presentan en Colombia a las elecciones legislativas de marzo han recibido amenazas de muerte de paramilitares.

El 4 de febrero, el grupo paramilitar “Águilas Negras Bloque Capital” envió una amenaza de muerte por correo electrónico al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y a Iván Cepeda, miembro del Congreso colombiano y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, ex presidente de CCAJAR, se presentan por el izquierdista Polo Democrático Alternativo a las elecciones legislativas que se celebrarán el 9 de marzo. En la amenaza de muerte se citaba también al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien el procurador general ha ordenado que abandone su cargo, una decisión que está siendo recurrida en los tribunales La amenaza decía a los candidatos que, si querían salvar su vida, se retiraran de las elecciones.

Aída Abella, candidata de la izquierdista Unión Patriótica (UP), también aparecía citada en la amenaza. En los últimos días, los paramilitares han enviado amenazas de muerte a candidatos a las elecciones y a miembros de movimientos y partidos de oposición, como UP y Marcha Patriótica, en diferentes partes de Colombia.
El día que se envió la amenaza de muerte, los medios de comunicación colombianos publicaron la noticia de que, al parecer, los servicios militares de inteligencia estaban llevando a cabo operaciones ilegales de vigilancia y escucha telefónica contra una serie de personas, entre ellas los miembros de los equipos de negociación de paz en Cuba, y también ONG y dirigentes políticos de Colombia. En años anteriores, este tipo de operaciones ilegales de vigilancia se han llevado a cabo en estrecha cooperación con los paramilitares.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

 expresando preocupación por la seguridad de Iván Cepeda, Alirio Uribe Muñoz, Aída Abella, Gustavo Petro, los miembros de CCAJAR y MOVICE y otros candidatos a las elecciones legislativas, y pidiendo a las autoridades que tomen medidas para garantizar su seguridad, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;

 instando a las autoridades colombianas a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;

 instándolas a desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2014, A:

Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República,
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Eduardo Montealegre
Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Bloque C Piso 4
Bogotá, Colombia
Fax +57 1 570 2000 (cuando escuchen una voz grabada, marquen la ext. 2023)
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General

Y copia a:
Jorge Armando Otálora
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-32
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 314 7300 (cuando escuchen una voz grabada, marquen la ext. 4000)
Tratamiento: Estimado Sr. Defensor

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante el largo conflicto armado de Colombia que enfrenta a las guerrillas izquierdistas y las fuerzas de seguridad –estas últimas actuando en ocasiones en connivencia con los paramilitares–, los miembros de partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales han sido víctimas frecuentes de amenazas, desapariciones forzadas u homicidios. Los grupos paramilitares de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que comenzó en 2005, pero existen pruebas abrumadoras de que siguen actuando y cometiendo violaciones de derechos humanos.

Desde 2012 se vienen manteniendo en La Habana, Cuba, conversaciones formales de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Desde finales de la década de 1980, miles de políticos y activistas de UP han sido víctimas de homicidio. UP se presenta de nuevo a las elecciones, tras haber perdido su categoría oficial de partido político. Se ha recibido asimismo información que indica que decenas de candidatos y activistas pertenecientes a Marcha Patriótica (creada oficialmente en 2012) han sido víctimas de homicidios y amenazas.

En 2009, los medios de comunicación revelaron que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio civil de inteligencia), que actuaba bajo la autoridad directa del presidente, había estado implicado en una operación masiva y prolongada de espionaje ilegal contra defensores y defensoras de los derechos humanos, políticos de oposición, jueces y periodistas, para restringir o neutralizar su trabajo. La operación, según la información publicada, se llevó a cabo en estrecha colaboración con grupos paramilitares. Entre las personas que fueron objeto de esa vigilancia se encontraban también miembros de la comunidad diplomática en Colombia y defensores y defensoras internacionales de los derechos humanos. Aunque algunos miembros del DAS fueron encarcelados, y el DAS fue desmantelado, muchos de los presuntos responsables aún no han comparecido ante la justicia.