Catorce personas y dos organizaciones de derechos humanos fueron amenazadas en un mensaje de correo electrónico enviado por paramilitares mientras continúa la oleada de amenazas de muerte masivas dirigidas contra quienes participan en el proceso de paz de Colombia. Las familias de estas personas también fueron amenazadas.
En un mensaje de correo electrónico enviado el 9 de marzo, el grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Sur amenazó a 14 personas y dos organizaciones de derechos humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). El mensaje decía: “Guerrilleros comunistas sus días están contados su sangre servirá de abono al suelo patrio hacemos extensivo este mensaje a sus hijos y sus mujeres”.
Entre las personas citadas en el mensaje se encontraban el defensor de los derechos humanos José Humberto Torres, del CSPP, y los analistas políticos León Valencia y Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). PARES recientemente publicó un informe sobre el conflicto armado y los posibles escenarios después del conflicto. En el mensaje se citaba además a tres miembros de la Corporación Nuevo Arco Iris: José Aristizábal García, que regresó a Colombia en 2014 tras un largo exilio, Fernando Hernández Valencia y Adolfo Bula. La amenaza de muerte mencionaba asimismo a varios políticos, entre ellos los senadores Claudia López e Iván Cepeda, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y su colega Gloria Flórez, que se han dedicado
activamente a cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la paz.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
– expresando preocupación por la seguridad de las personas amenazadas, e instando a las autoridades a brindarles de inmediato protección efectiva, de acuerdo con sus deseos y necesidades;
– pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
– recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos,
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante el largo conflicto armado de Colombia, quienes han sufrido las peores consecuencias en materia de derechos humanos han sido los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Todas las partes enfrentadas –de un lado, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, actuando por separado o en connivencia mutua, y de otro, la guerrilla– son responsables de abusos y violaciones de derechos humanos, tales como homicidios, desapariciones forzadas o secuestros, tortura, desplazamiento forzado y delitos de violencia sexual.
Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y han amenazado, secuestrado o matado a sus miembros. Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de homicidio tras haber sido calificados de simpatizantes de la guerrilla. Los grupos guerrilleros también han amenazado y matado a defensores y defensoras de los derechos humanos.
Los ex miembros de grupos guerrilleros que se han desmovilizado a consecuencia de acuerdos con gobiernos anteriores también han sufrido amenazas de muerte y abusos contra los derechos humanos, a menudo a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, que actúan, o bien solos, o en connivencia mutua. Según la ONG Somos Defensores, en 2014 murieron al menos 55 defensores y defensoras de los derechos humanos. La Escuela Nacional Sindical (ENS) informó de que, el año pasado, unos 20 sindicalistas habían sido víctimas de homicidio.
Los activistas que trabajan sobre cuestiones de tierra y los que trabajan para combatir la impunidad han estado especialmente expuestos a ataques. Esos ataques, unidos al uso indebido del sistema jurídico para presentar cargos falsos contra los defensores de los derechos humanos, y al robo de información confidencial de oficinas de ONG, siguen minando la labor de las organizaciones de derechos humanos. Desde la segunda mitad de 2014, los paramilitares han realizado reiteradas amenazas
colectivas de muerte contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra personas que participan en el proceso de paz.
El Estado colombiano cuenta con un programa de protección que ofrece seguridad a miles de personas en situación de riesgo, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, este programa adolece de importantes puntos
débiles. Por ejemplo, su efectividad seguirá siendo limitada mientras los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos sigan teniendo confianza en que no comparecerán ante la justicia.
El gobierno colombiano y el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mantienen oficialmente conversaciones de paz desde octubre de 2012. El 17 de diciembre de 2014, las FARC declararon un alto el fuego unilateral que comenzó el 20 de diciembre.
Nombre: José Humberto Torres (h), León Valencia (h), Ariel Ávila (h), José Aristizábal García, Fernando Hernández Valencia, Adolfo Bula, Claudia López, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Gloria Flórez y miembros (h y m) de CSPP y CCAJAR establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;
– instando a las autoridades a emprender acciones contra las fuerzas paramilitares y a romper cualquier vínculo entre éstas y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.