El 7 de marzo de 2016, el defensor de derechos humanos Sr William Castillo Chima fue asesinado en el establecimiento público “Los Galvanes”, en el barrio de Villa Echeverry, municipio de El Bagre, Antioquia. El asesinato ocurrió un día después de que su colega, la defensora de derechos humanos Sra Maria Dania Arrieta Perez, recibiese varias amenazas de muerte a través de mensajes de texto.
William Castillo Chima era un líder social, fundador y tesorero de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó – AHERAMIGUA. AHERAMIGUA es una organización de derechos humanos, de la cual Maria Dania Arrieta es integrante, constituida por campesinos/as y campesinos/as-mineros de la región de Guamocó, en el sur de Bolívar, que trabajan en la defensa de los derechos territoriales, y en particular el derecho de las comunidades locales a quedarse en las tierras tradicionalmente habitadas por ellos. AHERAMIGUA ha denunciado violaciones de derechos humanos perpetrados contra las comunidades en el municipio de El Bagre por diversos actores del conflicto armado presentes en la región, donde el conflicto se ha intensificado desde 2015, presuntamente debido a un escalamiento de los combates entre las FARC-EP, el ELN y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas.
El asesinato fue llevado a cabo en el establecimiento público “Los Galvanes” aproximadamente a las 18:00, el 7 de marzo de 2016, por hombres no-identificados que portaban armas de fuego. El suceso ocurrió tras una reunión con representantes del Alcaldía Municipal, a la que asistió William Castillo Chima, en la que se discutía el programa de desarrollo de la ciudad. La reunión terminó aproximadamente a las 16:00.
Previamente, el 3 y 6 de marzo de 2016, la defensora de derechos humanos Maria Dania Arrieta Perez, colega de William Castillo Chima, había recibido varios amenazas de muerte en mensajes de texto sumamente ofensivos.
Desde su formación en 2007, AHERAMIGUA y sus integrantes han sido objeto continuo violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, detenciones ilegales, ataques físicos, intentos de asesinato, hostigamiento e intimidación. El 26 y 28 de abril de 2014, integrantes de la organización fueron sometidos a actos de hostigamiento y amenazas de muerte. El 2 de febrero de 2014 y el 26 de marzo de 2014, fueron amenazados e initimidados por hombres encapuchados que llevaban uniforme militar. William Castillo Chima fue detenido arbitrariamente en el mismo año.
Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de William Castillo Chima y expresa su suma preocupación por los amenazas de muerte contra Maria Dania Arrieta Perez y la escalada de amenazas contra integrantes de AHERAMIGUA. Cree que estos actos sean motivados directamente por su trabajo pacifíco y legitímo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders expresa una honda preocupación por el alarmante número de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en Colombia en relación con el proceso de paz en el país. Como ha informado Front Line Defenders, de los 156 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados o quienes murieron en detención en los primeros once meses de 2015, 54 murieron en Colombia.
Front Line Defenders insta a las autoridades colombianas a que:
1. Condenen fuertemente el asesinato del defensor de derechos humanos William Castillo Chima;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del defensor de derechos humanos William Castillo Chima, los amenazas de muerte contra Maria Dania Arrieta Perez y todos los sucesos de seguridad contra integrantes de AHERAMIGUA con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
3. Tomen todas las medidas necesarias, en consulta con los defensores y defensoras de derechos humanos, para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la familia de William Castillo Chima, Maria Dania Arrieta Perez y su familia y los integrantes de AHERAMIGUA;
4. Pongan en practica las medidas necesarias para prevenir la recurrencia de estas violaciones;
5. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
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