La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgó el pasado 8 de noviembre medidas cautelares para 17 líderes sociales de departamento de Sucre, quienes hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, luego que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos que se encuentran comprometidos con el paramilitarismo desde sus orígenes en la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgó el pasado 8 de noviembre medidas cautelares para 17 líderes sociales de departamento de Sucre, quienes hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, luego que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos que se encuentran comprometidos con el paramilitarismo desde sus orígenes en la región.
Concretamente la Comisión solicita al gobierno de Colombia que se garantice la vida y la integridad física de Juan David Díaz Chamorro, Ana Verónica Montaño Chamorro, Malena Mariet Martínez, Ingrid Vergara Chavez, Arnold Gómez Anaya, Adil Meléndez Márquez, Carmelo Agamez Berrío, Luis Bautista Gómez Gómez, Ever José Mosquera Salazar, Domingo Banquets Wilches, Omar Enrique Julio Blanco, Jacqueline Moguea Berrío, Roberto Serpa, Pedro Nel Mejía Uparela, Franklin Torrez, Adolfo Berbel y Amauri Vidual.
Así mismo solicito la presentación de un informe sobre el cumplimiento de estas medidas en un plazo de 15 días. Es importante recordar sobre este tema, que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y se otorgan en casos de gravedad, urgencia e inminente peligro con el fin de amparar la vida e integridad de dichas personas.
Estas medidas se adoptan a escasos días de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que dicta medida de aseguramiento contra los senadores Jairo Merlano, Alvaro García y el representante a la cámara Eric Morris por estar implicados en crímenes de lesa humanidad, como asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, financiación de grupos paramilitares y peculado, entre otros.
Y es que según denuncias realizas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, como voceros de las comunidades del municipio de San Onofre en el departamento de Sucre, “Más de 3000 víctimas de violaciones a los derechos humanos se cometieron entre los años de 1999 a 2005 en este municipio.”
Durante este periodo hombres armados hicieron presencia en este territorio, inicialmente bajo la figura de las Cooperativas de Seguridad Convivir y luego como autodefensas unidas de Colombia al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo “Alias Cadena”.
En la lista que denuncia el Movimiento de Víctimas también se encuentran antiguos aliados de los grupos paramilitares que tendrían información comprometedora para los señores Alvaro García, Senador de la República, Salvador Arana, Ex gobernador de Sucre y Ex embajador en Chile además de candidato a la gobernación de Sucre, Eric Morris Taboada, Representante a la Cámara, Guillermo Merlano, actual Procurador de Sucre, Muriel Benito Rebollo, Ex representante a la Cámara, su hermano Edgar Benito Rebollo, actual diputado y candidato a la Alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones, Jorge Blanco, alcalde de San Onofre y Guillermo Gómez, presidente del Concejo Municipal de San Onofre.
Oportunamente la comunidad de la región había puesto en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, la realización de una reunión llevada a cabo el día 18 de junio, entre el paramilitar Diego Vecino, el senador Álvaro García, los diputados de la Asamblea Departamental de Sucre, Nelson Stand Berrio y Edgar Benito Rebollo y el alcalde de San Onofre, Jorge Blanco, en la cual se definía el apoyo al señor Edgar Benito Rebollo para que aspirara a la alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones y se diseñaran, al mismo tiempo para asegurar la ruta del narcotráfico en la zona.
Frente a esta situación de inminente riesgo, Amnistía Internacional también se ha pronunciado, dejando claro, una vez más su preocupación por el hecho de que el marco legal general para la desmovilización de grupos armados ilegales, incluida la Ley de Justicia y Paz, sigue sin cumplir las normas internacionales de derechos humanos relativas al derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y agrava el problema endémico de la impunidad en Colombia.