El CIANA ve con gran expectativa el fin del conflicto armado del gobierno con las Farc-EP. Abogamos por una paz estable y duradera para Colombia, que sin duda beneficiará todas las regiones de nuestra nación y especialmente el nordeste antioqueño; por ser el sector minero el epicentro de la confrontación bélica, y en consecuencia la que más ha padecido los rigores de la vulneración de sus derechos fundamentales y constitucionales, como es el derecho al trabajo digno. Por eso desde el comité de integración agrominero del nordeste antioqueño, rechazamos y denunciamos ante los organismos de D¬DHH y DIH, ante la opinión de todos los colombianos y la comunidad internacional la doble moral y la falacia del gobierno de juan Manuel santos, frente a la política minera del país. Mientras se asienta en la Habana a negociar con las Farc-Ep, el conflicto armado y no el conflicto social; por otro lado le está quitando las posibilidades de subsistir a los mineros tradicionales y ancestrales del nordeste antioqueño.

No entendemos la postura del código minero con sus amparos administrativos, que no es más que “quitarle el pan al hambriento” y dárselo al glotón capital foráneo sin criterio equitativo. Por eso exigimos al gobierno nacional que atienda y solucione las exigencias de la mesa minera de Segovia y remedios Antioquia, que simple y llanamente requieren la presencia de los siguientes personajes, en representación del Estado y de la empresa gran Colombia Gold y la zandor capital s.a. Dr. Mauricio Lezcano- presidente del senado. Miguel Ángel Pinto –presidente de la cámara de representantes, Ministro de minas y energía, Ministro del medio ambiente y desarrollo sostenible. Luis Pérez Gutiérrez gobernador de Antioquia, Director regional Corantioquia, director nacional de la unidad de protección (DPN), alcaldesa de Remedios y alcalde de Segovia, consejos municipales de los dos municipios.

En posición de garantías fuerzas militares, policía nacional, defensoría del pueblo y personería departamental. Por parte de la empresa gran Colombia Gold s.a Dr. Lombardo paredes. Dr. José Ignacio noguera.

Ante los cuales se expondrá la situación de la problemática que aqueja la actividad minera ancestral y tradicional de esta región,- la normatividad minera como una política de discriminatoria y excluyente de la misma.- reformar el código de mina para que reconozca e incluya los mineros ancestrales y tradicionales populares, reglamentando nuevos procesos de legalización y formalización diferente a los existentes.- la reglamentación efectiva del artículo 107 de la ley 1450 de 2011 que señala que es deber del gobierno nacional implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la ilegal.

De esta manera el gobierno debe construir una política justa, que les garantice los medios técnicos, económicos y jurídicos a los mineros del nordeste antioqueño. Por tal razón exigen la suspensión de la aplicación del decreto 1421 del 1 de septiembre de 2016 que tiene que ver con las plantas de beneficio en nuestro caso los “entables” durante lo cual se deberá dar la herramientas jurídicas y territoriales, que impulse la formalización de los mineros de manera efectiva y responsable con el medio ambiente.- reglamentar el articulo 11 literal B de la ley 1658 del 2013 que tiene que ver con los contratos de formalización minera.- sección de áreas para los mineros ancestrales con apoyo jurídico técnico y económico.-pedir informe de responsabilidad social empresarial de la empresa zander capital s.a y exigir su cumplimiento a las normas que protegen el medio ambiente como un derecho de los habitantes de la zona de influencia de la misma.- protección a la vida e integridad personal de los integrantes de la mesa.- contrato de operación con un equilibrio económico justo y equitativo.- socialización previa de proyectos adelantados por la empresa a los habitantes de los municipios que se puedan ver afectados por su actividad minera.

Por todo lo dicho dejamos claro ante todos los colombianos las injusticias que hacen las multinacionales amparadas por las leyes antipatridas y legisladas por los que están entregando los recursos naturales a las grandes multinacionales, que nada tiene que ver con el sentimiento patrio del pueblo colombiano, hoy más que nunca se legítima la lucha social que se libra en las calles, en las universidades, en las carreteras nacionales, en las plazas públicas y en todos aquellos espacios donde aparezca la injusticia.

El CIANA como una organización social campesina y articulada al Congreso de los Pueblos, nos proyectamos a construir territorios para el buen vivir construido desde todos los pueblos asumiendo el compromiso de una práctica participativa, como proceso de empoderamiento del pueblo que legisle nuestras propias leyes para avanzar en las trasformaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas y culturales que requiere Colombia. De lo contrario es imposible construir un país para todas y todos sin hacer una apuesta por la paz y la justicia y como esta plateado el código de mina es injusto para el pueblo minero del nordeste antiqueño. La esencia del conflicto la constituye el desequilibrio social y natural que el modelo dominante ha producido, por tal razón, nuestro marco para pensar su superación no es coyuntural ni parcial, parte del carácter de la vida misma y la dimensión de sus relaciones.

Decimos todo esto como un ejercicio de memoria que fortalezca y fundamente nuestra lucha, tenemos que dar cuenta en esta historia de la manera como se ha desconocido nuestros derechos fundamentales. Proponemos construir una economía propia para el buen vivir. En la lucha contra el modelo económico neoliberal que expropia, roba y destierra, la recuperación para los pueblos de los recursos naturales y estratégicos que hoy se encuentran en manos de las transnacionales, es un imperativo.

“Por la permanencia de la vida en nuestros territorios”
“Trabajo digno y justo para los mineros ancestrales y tradicionales del nordeste antioqueño”