La reciente declaración del presidente de Uruguay José Mujica sobre la posibilidad real de recibir a personas detenidas en la cárcel militar de Estados Unidos en Guantánamo ha generado bastante polémica dentro de la comunidad uruguaya. El propio presidente explicó que esta solicitud fue realizada por el Gobierno de Estados Unidos, no exclusivamente a Uruguay, sino a una cantidad indeterminada de países, como una estrategia para el desmantelamiento de este centro de detención que ha sido denunciado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos como la tortura y tratos crueles e inhumanos de personas detenidas bajo su jurisdicción.
Aquí lo importante es que ellos puedan rehacer sus vidas como hombres libres. José Mujica, presidente de Uruguay
La reciente declaración del presidente de Uruguay José Mujica sobre la posibilidad real de recibir a personas detenidas en la cárcel militar de Estados Unidos en Guantánamo ha generado bastante polémica dentro de la comunidad uruguaya. El propio presidente explicó que esta solicitud fue realizada por el Gobierno de Estados Unidos, no exclusivamente a Uruguay, sino a una cantidad indeterminada de países, como una estrategia para el desmantelamiento de este centro de detención que ha sido denunciado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos como la tortura y tratos crueles e inhumanos de personas detenidas bajo su jurisdicción.
Desde el otro lado, la oposición y al interior del Frente Amplio (coalición de gobierno con la cuál Mujica llegó al poder) expresaron preocupaciones e interrogantes frente a la declaración del presidente en el tema. Uno era si la decisión de Uruguay de recibir a los presos liberados debió ser discutida al interior del legislativo para que la ciudadanía contara con mayor información. El otro aspecto está relacionado frente al número e identidades de las personas a trasladarse al territorio.
La respuesta del gobierno uruguayo a esta solicitud es que el tratamiento jurídico de las personas liberadas será el de reconocerles el estatus de refugiados y para su reconocimiento habrá acompañamiento de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados – ACNUR.
En la actualidad, el número más significativo de personas refugiadas en la nación austral proviene de Colombia, siendo Uruguay un país que ha alojado a perseguidos por guerrilla y paramilitares. Frente al tema de si la decisión debió ser discutida en el Congreso uruguayo, la respuesta es que el Presidente tiene la facultad del reconocimiento del estatus de refugiado y hace parte de sus obligaciones administrativas en control migratorio, así que no era obligatoria la participación del Congreso para esta decisión.
La razón le asiste a Mujica al defender la decisión tomada de otorgarles el refugio a los detenidos de Guantánamo. El estatus de refugiado, en materia de protección internacional, permite que un país neutral acompañe a personas perseguidas quienes por su nivel de riesgo y vulnerabilidad puedan ser agredidos, incluso asesinados. Es precisamente está la realidad a la que se verán sometidas cuando recuperen su libertad.
Es el caso de las personas prisioneras en Guantánamo quienes han padecido torturas y arbitrariedades de todo tipo. Estuvieron privadas de su libertad durante más de 13 años y nunca fueron llevadas ante una autoridad judicial. Otra razón de su riesgo, no menos importante, es el estigma de haber participado en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, motivo suficiente para continuar en el espectro de las agencias de inteligencia norteamericanas de por vida. El retorno a sus naciones de origen, como Siria y Afganistán, tampoco garantiza la seguridad de la vida e integridad, por el contrario, se verían expuestos a retaliaciones de grupos extremistas, como Al-Qaeda. Ni hablar de regresar a Siria cuando su población se ha visto envuelta en una guerra civil con un saldo trágico en pérdidas humanas y millones de desplazados y refugiados.
Sin duda es una decisión interesante el apoyo de Mujica y es necesario seguir analizando los avances de la situación. Ya es hora de que Guantánamo sea cosa del pasado y el del gobierno de Uruguay es un gesto en el camino correcto para su cierre definitivo. Una respuesta afirmativa por parte del gobierno de Estados Unidos es lo mínimo que espera la comunidad de naciones frente a su respeto por los derechos humanos.
Ojalá el aire de la libertad pueda respirarse en Montevideo para quienes han sido sometidos a la violación sistemática de sus derechos fundamentales y sea una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas.