Manifestamos nuestra preocupación por la negación al acceso previo a la información y falta de grantías al Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales en el proceso de consulta previa sobre el proyecto minero de la empresa Best Coal Company -BCC que impacta esta importante reserva agrícola y ambiental.

Las organizaciones abajo firmantes respaldamos las denuncias del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales por la arbitraria negación del acceso a la información, presiones irregulares y falta de garantías para proteger de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto extractivo de minería de carbón a cielo abierto que pretende instaurar en el sur de La Guajira la empresa Best Coal Company -BCC, propiedad del conglomerado multinacional turco Yilmaden holding. 

Las irregularidades que se han venido denunciado se intensificaron en la primera jornada de apertura de la pre-consulta programada unilateralmente por el Ministerio del Interior el pasado 20 de octubre. La comunidad acudió a la jornada, pero la compañía y el Ministerio del Interior continuaron negando y condicionando el acceso a la información a una reunión posterior en la cual prometieron que entregarían un disco duro.

Aun cuando un fallo de tutela de 2019 amparó el derecho de consulta de esta comunidad al no haber sido reconocidas por el Ministerio del Interior, esta protección se ha truncado por la negación sistemática de acceso previo de la información y estudios preliminares que se tienen del proyecto. Negar el acceso previo a la información es atentar contra la consulta en sí misma.

La comunidad ha advertido de estas situaciones al juez de instancia y han acudido a una acción de tutela sin que sus reclamaciones hayan sido atendidas. En decisiones cuestionables, se consideró que la empresa podía condicionarla pese a que no existe algún condicionante legal sobre la oportunidad para la entrega de la información. Además, es particularmente preocupante que luego de la primera jornada de pre-consulta celebrada el pasado 20 de octubre tampoco les fue suministrada la información.

Esta comunidad ha reiterado en todas sus comunicaciones su voluntad de participar en la consulta previa, pero el hecho de pedir garantías ha implicado que sean amenazadas con que se les va a “aplicar” el test de proporcionalidad. Un ejemplo de esto se dio en la primera jornada de pre-consulta donde funcionarios del Ministerio del Interior les advirtieron que los iban a reportar ante la autoridad judicial de no querer participar por solicitar la información del proyecto y pedir el acompañamiento de los entes de control.

El manejo del lenguaje dentro de las comunicaciones del Ministerio y de la empresa BCC  también es cuestionable. En lugar de primar el respeto y la buena fe frente a cada participante se ha descalificado a las comunidades de un supuesto desconocimiento e ignorancia de sus derechos. Esta situación se repitió constantemente durante el desarrollo de la jornada de la apertura de la pre-consulta, pese a los llamados de respeto que emitieron las comunidades. El Ministerio del Interior debe pronunciarse ante estas declaraciones de la empresa y garantizar el máximo respeto en el desarrollo de la consulta.

También es alarmante que en comunidades cercanas donde se consideran “exitosas” las consultas previas para este proyecto, se están evacuando las etapas de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en jornadas que duran un día. La evaluación de los impactos sociales, ambientales, espirituales, culturales y en ddhh que implica la aprobación de un megaproyecto extractivo no debería ser tomado a la ligera por parte de las instituciones nacionales.

Otra situación que denuncian las comunidades es que, al parecer, el Ministerio del Interior pretende delegar aspectos de la planificación de la consulta previa a la empresa consultada. Reiteramos que esta obligación del Estado, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse otorgando atribuciones a la misma empresa interesada en la explotación en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta*.

Este tipo de prácticas que buscan acelerar las reuniones para que la consulta se reduzca a un mecanismo ‘express’ coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se convierten en una forma de coacción sin garantías. A su vez, los  condicionamientos para el acceso previo a la información van en contravía de los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa de los pueblos étnicos ante actividades extractivas, los derechos de democracia y justicia ambiental, así como a las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos.

Cañaverales es una despensa agrícola fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de la región que se abastece de las aguas del manantial y del río Cañaverales. Este territorio, cuna cultural y musical, se encuentra en peligro ante los intereses de un grupo inversionista turco que está desconociendo derechos fundamentales. Exigimos que para las próximas jornadas programadas en el proceso de pre-consulta se otorguen las garantías del proceso consultivo de la comunidad de Cañaverales.

La Guajira le Habla al País 

CAJAR 

Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz -CINEP/PPP

CENSAT

 

* Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador.