La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT-FSM, denuncia ante las organizaciones defensoras de DDHH, la opinión pública y organizaciones nacionales e internacionales, sobre la evidente persecución Estatal a los líderes sindicales en el país.

 

 

HECHOS

1. El compañero Guillermo A. Cano Borja, el día 09 de mayo del año en curso, en horas de la mañana, fue detenido por funcionarios de la Fiscalía 29 seccional – Tolima, después de haber realizado un allanamiento en su lugar de residencia.

2. Al compañero Guillermo A. Cano Borja, al parecer la Fiscalía había expedido orden de captura, porcometer supuestamente del delito de rebelión

3. Es de anotar, que los miembros del sindicato de ASTRACATOL han sido víctimas de la persecución sistemática por parte del estado por su actividad sindical y la lucha por la defensa del territorio y la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores campesinos de la región del Tolima.

4. El compañero Guillermo A. Cano Borja, siempre se ha caracterizado y destacado por ser un líder Nacional que ha fomentado la reivindicación de los derechos de las y los campesinos trabajadores.

5. El compañero de igual manera se ha destacado por su labor como defensor de los Derecho Humanos.

6. El aumento de detenciones arbitrarias y casos de privación injusta de la libertad en contra de líderes sociales, sindicales y defensores de DDHH.

ANTECEDENTES

 

1. Es de anotar. Que en reiteradas oportunidades, los miembros, directivos y afiliados al sindicato ASTRACATOL han sido víctimas de estigmatización, señalamiento y persecución por desempeñar y ejercer el derecho de reunión y asociación constitucionalmente establecido.

2. En varias oportunidades no se ha respetado el derecho al debido proceso a los y las compañeras que ejercen la activada sindical, debido a que como ha sucedido en casos anteriores han sido detenido de manera arbitraria.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

1. Se tomen las medidas pertinentes del caso mencionado, a fin de no colocar en riesgo, y amparar como corresponde los derechos fundamentales Guillermo A. Cano Borja, así como a los directivos y trabajadores afiliados a La asociación ASTRACATOL del departamento del Tolima.

2. Y a las Entidades Estatales se inicien las investigaciones respectivas disciplinarias y penales a las que haya lugar por los hechos anteriormente mencionados.

3. La activación de los mecanismos necesarios a fin de garantizar el legítimo derecho a ejercer la actividad sindical.

4. La obligación por parte del estado colombiano, a dar cumplimiento a los acuerdos firmados y ratificados, máxime cuando consideramos que el EPU (Examen Periódico Universal – Colombia) no ha sido favorable para el estado colombiano, pues si bien es cierto que se han presentado mínimos avances en temas sociales, y de derechos humanos, también es cierto que se presentaron 160 recomendaciones por parte de Naciones Unidas, denota y destaca varias violaciones y transgresiones a los derechos fundamentales y derechos humanos que se cometen en contra de los colombianos.

5. La efectiva garantía para ejercer la actividad sindical en el país, teniendo en cuenta que nos basta solamente con la buena intensión y la promoción por medio de pautas publicitarias, a fin de crear y estimular la afiliación a sindicatos, si realmente no se cuenta con las condiciones adecuadas para respetar cabalmente los derechos fundamentales de libertad de pensamiento y expresión, de reunión y asociación, a la vida e integridad física de quienes ejercen la actividad sindical y al debido proceso, en el caso específicamente referido.
6. Una respuesta clara y contundente frente a las investigaciones que se hayan adelantado, en cuanto a las denuncias realizadas por amenazas de muerte y detenciones arbitrarias que se han realizado en lo corrido del año a sindicalistas.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Se continúe con el seguimiento y monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos, la agresión permanente a las directivas y trabajadores afiliados, asociados a los diferentes sindicatos, sin que hayan verdaderas y reales garantías para ejercer en el país el legítimo derecho de la actividad sindical, organizativa.

Se exija el cumplimiento al estado colombiano de las recomendaciones hechas por la ONU en materia de DDHH.