El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, señala algunas de sus preocupaciones en relación con los lineamientos para el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos.
A la Consejería Presidencial para los Derechos humanos sobre la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas “Colombia Avanza”.
Martes 27 de octubre de 2015
Este 27 de octubre, se desarrollará en Cartagena el taller de construcción del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas, con el fin de implementar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, señala algunas de sus preocupaciones en relación con los lineamientos para el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Llamamos la atención sobre los vacíos en el desarrollo de instrumentos legales de protección de derechos humanos, en contrapocisión con el impulso de mecanismos voluntarios de remediación y solución de conflictos, que no garantizan la superación de las profundas asimetrías de poder frente a las corporaciones. Así mismo insistimos en la necesidad de recuperar y reforzar el rol del Estado en la protección de Derechos de los grupos y personas más vulnerables frente a las inversiones económicas.
DECLARACIÓN
Con ocasión de la convocatoria que ha hecho la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos al encuentro para la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas “Colombia Avanza” a realizarse en la ciudad de Cartagena el 27 de octubre de 2015, valoramos la invitación extendida al Cajar, dado el trabajo que realiza nuestra organización en defensa de derechos humanos con comunidades y organizaciones sociales afectadas por megaproyectos. Por ello, nos permitimos plantear algunas de nuestras principales preocupaciones a fin de que sean tenidas en cuenta en la elaboración del mencionado instrumento.
El Cajar, en diversos escenarios, ha exigido justicia frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por corporaciones nacionales y transnacionales, ha insistido en que la naturaleza obligatoria del respeto, protección y garantía de derechos humanos no puede mantenerse como voluntaria frente a los grandes poderes corporativos.
Normas voluntarias como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas así como los mecanismos no judiciales de remediación, son insuficientes y han resultado incompatibles con los estándares de protección de derechos humanos. La desregulación en materia de Derechos Humanos de las actividades de las empresas contribuye a que prevalezca la impunidad de dichas violaciones cometidas en muchas ocasiones con aquiescencia del Estado.
En Colombia, muchas empresas transnacionales y sus filiales se han convertido en actores económicos y políticos con una casi insuperable capacidad de imponer sus intereses, más aun en las regiones en donde la presencia o ausencia del Estado es connivente con el abuso de poder empresarial en relación con las poblaciones y grupos más vulnerables.
Correlativamente, las políticas de promoción y protección de las inversiones financieras que se impulsan a un ritmo sin precedentes, lejos de ser compatibles con el anhelo de paz y justicia que esperamos los colombianos, contribuyen al detrimento del sistema de protección social y ambiental.
Mecanismos no judiciales de acceso a remediación
El derecho a la reparación integral, es fundamental en la garantía de realización de los Derechos Humanos. Así, los mecanismos no judiciales de acceso a la justicia en los conflictos entre empresas y comunidades no constituyen escenarios idóneos para la garantía de los derechos de las víctimas. Por el contrario, la historia evidencia que han resultado ser espacios de cooptación y corrupción, porque parten de la base de que los derechos humanos son negociables y lejos de lograr reparación integral a las violaciones a los derechos humanos, estos mecanismos desconocen los estándares nacionales e internacionales y profundizan el rompimiento del tejido social y confianza entre las víctimas que se someten a ellos.
Esta situación es consecuencia directa de las profundas asímetrias de poder inherentes a la relación Empresa – Estado – Sociedad. La naturaleza pragmática de éstos escenarios -en donde prevalecen los intereses económicos empresariales, la celeridad en la negociación, lenguajes y formas de interrelación que la mayoría de las víctimas desconoce, así como la ausencia de funcionarios, asesores y garantes de éstos procesos- deja en una situación de total indefensión y aislamiento a las comunidades frente a las ofertas de las corporaciones.
Por esto creemos que basar una política pública de Empresas y derechos humanos sin contar con las garantías para superar éstas asimetrías, representa una expocisión de las comunidades a la revictimización y de impunidad a los responsables de violaciones.
• Obligatoriedad de las normas y captura corporativa del Estado
La política pública en relación con las Empresas y los derechos humanos no debe limitarse a promover responsabilidad social empresarial (RSE) como deber moral basado en expectativas sociales y no en obligaciones jurídicas y vinculantes a cargo de las empresas. Este enfoque es inconsistente con los fundamentos de la protección a los derechos humanos, e incluso pone en riesgo los avances que sistema jurídico ha logrado hasta el momento.
Por ello, es necesario a la vez, avanzar en estándares de protección adecuados en materia agraria; laboral, por medio de la implementación de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT; ambiental, superando los vacíos y laxitudes normativas en relación al licenciamiento ambiental; fiscal, con transparencia y derechos de las minorías étnicas, en particular el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas –algunos de ellos en riesgo de extermino físico y cultural.
Se requiere una agenda legislativa que propenda por que las instituciones cuenten con capacidad y voluntad política para ejercer un rol verdaderamente preventivo, y posteriormente, realizar los seguimientos a la información reportada como consecuencia de estas obligaciones, además de contar con los mecanismos adecuados para exigir su cumplimiento.
Antes de realizar titulaciones, subastas o entregas de cualquier proyecto de inversión, es necesario que el Estado colombiano realice un estudio de impacto en los Derechos Humanos en donde tenga en cuenta los riesgos potenciales y requisitos mínimos para llevar a cabo las actividades económicas.
El contexto de violación de Derechos Humanos en Colombia, y la búsqueda de la paz, deberían llevar a que se refuercen las garantías de no repetición de esos hechos, a través de la declaratoria de inviabilidad –por lo menos temporal- de proyectos de gran envergadura en algunas zonas del país en donde la historia del conflicto armado, la existencia de disputas por el acceso a recursos naturales, el riesgo de desestabilización de los ecosistemas o el potencial daño a tejidos sociales y culturales, hayan demostrado la inexistencia o insuficiencia de garantías de participación, defensa de derechos y acceso a la justicia de las comunidades víctimas.
Es de vital importancia para el fortalecimiento de la democracia en un escenario de posacuerdo que el Estado garantice y respete los mecanismos de participación popular en relación con el ordenamiento del territorio. El consenso en las poblaciones afectadas por los megaproyectos debe ser un mínimo democrático para impulsar las inversiones económicas. De la misma manera, debe brindar los mecanismos idóneos para que las organizaciones sociales realicen seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco de tratados de libre comercio con otros países.
Finalmente, el Estado colombiano como actor económico debería abstenerse de mantener relaciones con empresas que se encuentren inmiscuidas en violaciones a los derechos humanos, así como regular de manera especial las relaciones entre las éstas con la seguridad privada y la fuerza pública, en particular en lo que tiene que ver con los empadronamientos, restricciones ilegales a los derechos a la huelga, tránsito por el territorio, libertad de pensamiento y expresión, así como la interceptación ilegal de comunicaciones y seguimientos, que se han hecho sistemáticos en zonas de economías de enclave frente a personas que lideran la protección al territorio y defienden Derechos Humanos.
Insistimos en necesidad e importancia de la reflexión, la protección, la solidaridad y el trabajo coordinado del Estado con las organizaciones sindicales, indígenas, afrodescendientes, campesinas y de defensa de Derechos Humanos, en la construcción de políticas públicas para la superación de las profundas asimetrías existentes entre las víctimas y los poderes económicos empresariales interesados en sus territorios.
Por todo lo anterior, la construcción de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, se convierte en una valoiosa oportunidad para fortalecer la democracia, superar la impunidad, enfrentar la corrupción, y evitar la repetición de los hechos en que grandes empresas se han visto involucradas en violaciones de Derechos Humanos.
Bogotá, 27 de octubre de 2015
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