“Casi a diario recibimos noticias sobre el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente de zonas rurales”, manifiesta Barbara Ramsperger de la organización Pan para el Mundo (Brot für die Welt). Allí, grupos paramilitares y bandas criminales intentan llenar el vacío de poder que ha dejado la guerrilla de las FARC después de su retirada. Unidades de la guerrilla del ELN también han extendido su área de influencia. “El estado debería extender finalmente su presencia a estas regiones y cumplir con su deber de proteger a las comunidades. Además de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, también es esencial la continuidad de las negociaciones con el ELN para lograr la paz en Colombia”, enfatiza Ramsperger.
Durante la campaña electoral, Iván Duque atacó fuertemente el acuerdo de paz. Más tarde, Duque habló de “corregir” algunas partes del acuerdo. Según Alexandra Huck de la organización kolko, “la implementación del acuerdo por parte del gobierno ha sido muy lenta. Las medidas de reintegración y de protección de los ex guerrilleros son insuficientes. Ya han sido asesinadas más de 60 personas desmovilizadas. Los críticos del acuerdo quieren endurecer las penas para los ex miembros de la guerrilla y, al mismo tiempo, debilitar los mecanismos de la Jurisdicción Especial para la Paz con respecto a militares. Esto podría llevar a que más ex combatientes retomen las armas”.
El gobierno federal de Alemania apoya la implementación del acuerdo de paz directamente, así como a través de fondos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. “Cualquier limitación a las competencias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN) afecta principalmente a las numerosas víctimas del conflicto armado y compromete los procesos de reconciliación, que son puntos fundamentales del acuerdo de paz. Buscando la sostenibilidad de su apoyo al proceso de paz y por el bien de muchas vidas humanas, el gobierno alemán debe tener un gran interés en la continuación de los esfuerzos de paz por parte del nuevo gobierno de Duque”, dijo Stefan Tuschen de Misereor.
Si bien la violencia en general en Colombia ha disminuido desde la firma del acuerdo de paz, el número de asesinatos selectivos de activistas de derechos humanos, especialmente por parte de grupos (neo)-paramilitares ha aumentado de manera alarmante. Entre enero de 2017 y marzo de 2018, 158 activistas fueron asesinados, según la organización no gubernamental “Somos Defensores”. El presidente saliente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016. Santos también adelantó negociaciones con el grupo guerrillero del ELN, pero aún no está claro si esto continuará bajo el nuevo mandato presidencial.
Este comunicado de prensa es de: Action pro Colombia (Mönchengladbach), la Obra Episcopal de la Iglesia Católica Alemana para la Cooperación al Desarrollo (Misereor), Pan para el Mundo (Brot für die Welt), kolko – Derechos Humanos por Colombia, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, y Pax Christi – Sección Alemana.
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