“No vayan a matar a más gente que conmigo basta,  

dejen tranquilos a los otros donde están.  

Yo soy el que está denunciando,  

si volviera a nacer, haría lo mismo que he hecho.” 

Palabras de Jesús Ramiro Zapata a sus victimarios 

La Fiscal 69 Especializada de la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos declara que el homicidio perpetrado contra Jesús Ramiro Zapata constituye un delito de Lesa Humanidad. 

Jesús Ramiro Zapata era un docente, sindicalista y defensor de Derechos Humanos oriundo del corregimiento de Santa Isabel, municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia. Durante su vida, integrante de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, del Comité de Derechos Humanos ‘Semillas de Libertad’ del departamento de Antioquia, Codhesel, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Segovia y defensor de Derechos Humanos designado por el Consejo Municipal.  

Desde estos espacios de promoción y defensa de los Derechos Humanos, denunció activamente el asentamiento y expansión de los grupos paramilitares en el Nordeste antioqueño y los actos de violencia perpetrados en creciente complicidad con miembros de la Fuerza Pública, en particular, las masacres perpetradas en el municipio de Segovia en los años 1988, 1996 y 1997. 

En retaliación por esta valiente labor, junto con sus compañeras y compañeros, fue estigmatizado por parte del Batallón Contraguerrilla 47 Héroes de Tacines, adscrito a la XIV Brigada del Ejército Nacional, cuyos miembros lo señalaban en informes de inteligencia como insurgente y terrorista, lo que convirtió a Jesús Ramiro en objeto de amenazas, seguimientos, desplazamiento forzado, montajes y hostigamientos judiciales en los cuales se determinó su inocencia y la manipulación de testigos por parte de las Fuerzas Armadas. Por lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Estado que adoptara medidas cautelares para proteger su integridad y vida desde el 11 de febrero de 1998, las cuales nunca fueron debidamente otorgadas.  

El 3 de mayo del año 2000, cuando regresó a Segovia fue asesinado por dos hombres armados pertenecientes a los grupos paramilitares del autodenominado “Bloque Metro”, quienes lo secuestraron del Billar Monterrey, lo introdujeron a un taxi, le advirtieron que lo estaban buscando específicamente a él y por su trabajo, y lo llevaron a un sitio denominado ‘El Charco de las Brujas’, donde le propinaron varios disparos. 

La abogada Yessika Hoyos representante de víctimas e integrante el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, solicitó a la fiscalía general de la Nación que declarara el asesinato de Jesús Ramiro Zapata como un delito de Lesa Humanidad. En su solicitud, resaltó la importancia de la labor de Jesús Ramiro como defensor de Derechos Humanos, y el hecho de que su crimen hizo parte de la política generalizada y sistemática de los grupos paramilitares que, en complicidad con las Fuerzas Armadas, consistía en discriminar, estigmatizar, perseguir, desplazar y asesinar a los defensores en el Nordeste antioqueño.  

Acogiendo la argumentación presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fiscalía 69 Especializada de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, después de recopilar el material probatorio allegado a la investigación, reconoció la obra y vida de Jesús Ramiro como docente y defensor de Derechos Humanos, y la situación de zozobra en que fue sumido por los seguimientos del Ejército Nacional y del Estado colombiano, y resaltó la importancia de su labor de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

Además, la decisión reconstruyó el contexto histórico de violencia sociopolítica escalonada contra defensores de derechos humanos en el departamento de Antioquia, y en particular del Nordeste antioqueño y el municipio minero de Segovia, a partir de la creación de las ‘Convivir’, la consecuente expansión y despojo territorial de los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, en las Subregiones Antioqueñas, y la conformación del Bloque Metro. Como parte de esta expansión, la Fiscalía documentó que estos grupos en connivencia con la Fuerzas Armadas “idean un plan de exterminio” y de terror contra el Comité de Derechos Humanos de Segovia y el Codhesel, como grupos de la población civil, “a quienes señalaban de ser colaboradores de la guerrilla, para de esta manera justificar su actuar violento contra los defensores de derechos humanos.”  

En ese contexto, consideró que Jesús Ramiro:  

“(se) había convertido en el último sobreviviente del Comité de Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño, ya que los integrantes de esta organización defensora de derechos humanos habían sido sometidos a un exterminio (…)”; y que, la labor de defensa férrea de los Derechos Humanos que ejercía Zapata fue “(…) el motivo que paradójicamente tuvieron sus victimarios para cegarle la vida y hacerlo víctima de una muerte violenta que no le correspondía (…)”.  

Por estas razones, la Fiscalía concluyó que se cumplían los requisitos legales para declarar su asesinato como un delito de Lesa Humanidad, es decir, que el asesinato de Jesús Ramiro hizo parte de un ataque sistemático, generalizado y discriminatorio dirigido contra la población civil, “constituido por los DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS del Nordeste Antioqueño”, como “uno de los sectores más importantes de la sociedad, en el entendido de que son aquellas personas que dedican su vida a la defensa y reivindicación de los derechos humanos”. 

Esta decisión implica que la acción penal adelantada por su asesinato no prescribirá y que la investigación tendiente a establecer la identidad de sus autores materiales y determinadores continuará.  

Desde el Colectivo de Abogados saludamos esta importante decisión que pone de presente que los crímenes cometidos en contra de defensores de Derechos Humanos ofenden al conjunto de la sociedad colombiana y a la humanidad, no solo por su alto contenido de estigmatización y discriminación, sino porque implican una pérdida humana irremplazable para la construcción de una cultura respetuosa de los Derechos Humanos, de una sociedad más justa y en paz. 

Esperamos que, de conformidad con los estándares internacionales de investigación de los crímenes cometidos en contra de Defensores de Derechos Humanos, el Estado colombiano esclarezca la participación de la Fuerza Pública, la identidad de los determinadores o autores intelectuales y de los autores materiales quienes, tras 20 años, aún se encuentran protegidos por el oscuro velo de la impunidad.   

Nuestro querido Ramiro Zapata vive.