El pasado 12 de febrero a las 7:00 p.m, recibimos comunicación telefónica de la profesora Esther Carmen Martínez Ramírez, de la Comunidad desplazada de Pitalito, quien nos manifestó que mientras se encontraba fuera de su casa, varias personas percataron de la presencia de un hombre de tez negra, encapuchado, que se encontraba sentado en el fogón donde prepara sus alimentos la docente, quien al ser interrogado respecto a quien buscaba, respondió que a nadie, sin embargo permaneció en el sitio por varios minutos más al cabo de los cuales se sube en una moto y se marcha.

 

El hombre fue visto por vecinos del lugar, quienes se encontraban inquietos por la presencia del extraño. Es de anotar que ninguna de las pertenencias de la familia fueron sustraídas del lugar.

Estos hechos resultan preocupantes si se tienen en cuenta los acontecimientos que fueron objeto de denuncia en reciente oportunidad, que refieren a los señalamientos abiertos que se vienen realizando contra el equipo acompañante de las comunidades del Centro y Sur del Cesar, miembros del Equipo Jurídico Pueblos y la FCSPP nivel nacional. Los mismos se relacionan además, con la inusual presencia del Ejército minutos después de realizado un taller con los miembros de esta comunidad campesina desplazada, en diciembre de 2012.

Las familias desplazadas de Pitalito, solicitaron a través de su vocera la docente Esther Carmen Martínez, a la Unidad Nacional de Protección, que se adoptaran en su favor las medidas para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, principalmente a la integridad personal y a la vida; sin embargo, las mismas no han sido implementadas a la fecha, mientras se avizoran ataques inminentes en su contra.

De otra parte, hemos sido informados de las indebidas presiones que se vienen realizando por parte de un oficial del Ejército Nacional acantonado en el corregimiento de Santa Isabel, lugar donde el Equipo Jurídico Pueblos está desarrollando con la comunidad un trabajo de Memoria Histórica.

Señalan los campesinos que el militar viene abordando habitantes del caserío, presionándolos para que formen parte de la red de cooperantes, so pena de “iniciarles un proceso penal por Rebelión”.

Estas acciones constituyen una evidente vulneración de los principios del Derecho Internacional Humanitario, especialmente el Derecho Internacional de los derechos humanos, pues a claras luces se observa un forzado involucramiento de la población civil en el conflicto armado que se sigue desarrollando en el país, a la par que se limita y pone en riesgo ostensiblemente el derecho a la libertad personal.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado Colombiano, a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades que resisten en sus regiones de origen. Particularmente, exigimos del Ejército Nacional un comportamiento respetuoso de los DDHH y el DIH, y de las autoridades civiles una intervención oportuna que neutralice la situación de riesgo de las comunidades y sus acompañantes, en lugar de potencializarlas como viene ocurriendo.