La Corporación Solidaridad Jurídica, Organización defensora de Derechos Humanos, que acompaña jurídica y humanitariamente a prisioneras y prisioneros políticos en Colombia y quien hace parte de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, nos permitimos poner en su conocimiento la siguiente denuncia por los hechos que señalamos a continuación:
El día martes 23 de febrero en horas de la mañana, nuestra organización recibió una llamada telefónica de las prisioneras políticas del patio# 6 de la reclusión de mujeres del Buen Pastor de la ciudad de Bogotá, donde nos denunciaban que el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC no permite que las prisioneras se informen respecto a los diálogos de paz.
En horas de la mañana las prisioneras tenían organizado una jornada de lectura para informarse sobre el punto 3 de la agenda en lo que tiene que ver con el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluido un tema de mayor interés para las prisioneras políticas de las FARC-EP que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, documentación que se hizo llegar a través de nuestra organización obtenida a través de los medios electrónicos de la oficina del alto comisionado para la paz.
Justo al momento de iniciar la lectura de dicho documento, siendo las 9:30 de la mañana, se acerca una funcionaria del cuerpo de custodia y vigilancia, la Cabo Luisa Morales, quien de manera arrogante y en tono agresivo ordena a las prisioneras políticas a disolver el espacio de lectura y socialización de esos documentos, pues a su juicio son documentos no permitidos para la lectura en dicho establecimiento. A lo que las prisioneras reclaman informándole que son documentos públicos de interés general y para ellas de manera particular, dada su condición de miembros de una organización insurgente. Sin embargo ante la intransigencia de la Cabo Morales, quien les comunica que “es una orden, que en los establecimientos se hace lo que el INPEC ordena, que si quieren estudiar que pidan un permiso al gobierno nacional”La Constitución Política Nacional contempla el Derecho a la información y este derecho debe ser de mayor consideración para quienes se encuentran privados de la libertad, bajo relación especial sujeción del estado, ya que es el único medio que permite estar en “contacto” con lo que pasa en el mundo exterior.
Los documentos sobre los acuerdos en el proceso de Paz adelantado en la ciudad de la Habana entre el Gobierno Colombiano y la insurgencia de las FARC-EP son documentos públicos, de interés general y de amplia difusión. Existe una contradicción entre el mandato nacional de paz que viene adelantando el gobierno nacional y algunas instituciones, particularmente el INPEC, quien restringe, impide y obstaculiza el transito y socialización de dicha información.
Exigimos a las autoridades competentes para que se investigue esta situación y se tomen las medidas necesarias para que se garantice el derecho a la información, no solamente en esta reclusión, sino en general en todas las cárceles y penitenciarias del país, mucho más tratándose de la paz como un bien superior y derecho fundamental de todos los colombianos.
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