Con estos hechos se ha dado un golpe demoledor a la legitimidad y credibilidad de una institución que ha jugado un papel clave en la defensa de la integridad de la Constitución, en la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos y en el análisis de las normas que resulten de la implementación de los acuerdos de paz. En su esclarecimiento se debe ir a fondo, ya no solamente respecto a la conducta del principal implicado, cuya obstinación en no renunciar tendría explicación en que sus colegas serían tanto o más responsables de hechos igualmente reprochables, y demostraría que esto es sólo la punta del iceberg, dejando en entredicho toda la institucionalidad.

 

Hace poco más de medio año se evidenciaba la crisis en la cúpula de la justicia con la anulación de los nombramientos de los magistrados Francisco Ricaurte, Pedro Munar y Alberto Rojas. En su momento vimos esas decisiones como un paso positivo hacia la eliminación de la perversa costumbre del salto de una alta corte o sistema de puertas giratorias en la rama judicial.

Ahora el escándalo de sobornos en la Corte Constitucional que implica de manera grave a su presidente, Jorge Pretelt, revela que el problema es mucho mayor de lo que se creía y que va más allá del tráfico de influencias, el nepotismo y el intercambio de favores entre miembros del legislativo, magistrados y titulares de los órganos de control.

Las situaciones relacionadas con el manejo de la tutela de la empresa Fidupetrol revelan que los rumores sobre la compra de fallos, no solamente en la Constitucional sino también en las demás altas cortes, eran reales y no se limitan a este bochornoso episodio.

Con estos hechos se ha dado un golpe demoledor a la legitimidad y credibilidad de una institución que ha jugado un papel clave en la defensa de la integridad de la Constitución, en la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos y en el análisis de las normas que resulten de la implementación de los acuerdos de paz.

En su esclarecimiento se debe ir a fondo, ya no solamente respecto a la conducta del principal implicado, cuya obstinación en no renunciar tendría explicación en que sus colegas serían tanto o más responsables de hechos igualmente reprochables, y demostraría que esto es sólo la punta del iceberg, dejando en entredicho toda la institucionalidad.

Se hace inaplazable una reforma a la rama judicial que le haga recuperar su legitimidad y la confianza de la ciudadanía. Es muy preocupante que las encuestas más recientes la sitúen entre las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública.

En esta ola de indignación las exigencias de cambio deben enfocarse hacia una mayor democratización de la justicia y una verdadera garantía del acceso de los ciudadanos a ella. Igualmente es indispensable asegurar su independencia frente a las demás ramas del poder público y por supuesto, frente a los grandes poderes económicos que parecen haberla puesto a su servicio.

También hay que recuperar la independencia de la Fiscalía para que su titular no prevenga de terna elaborada por el Presidente. Recordemos que el propio Jorge Pretelt estuvo a punto de ser nombrado Fiscal General, por propuesta del entonces presidente Uribe, quien después de no lograr ubicarlo como máximo rector de la Fiscalía, lo ternó como magistrado de la Corte Constitucional, para que lo eligiera el Senado.

Asimismo, la justicia en general, la Fiscalía y el sistema de prisiones no pueden seguir copiando el modelo estadounidense, ajeno a nuestras tradiciones jurídicas y a la realidad del país.

Recordemos que más que un derecho de los jueces, la independencia y autonomía de éstos es una garantía para los ciudadanos de que las causas son asumidas y resueltas con imparcialidad y prescindiendo de influencias que las contaminen.
En este orden de ideas reiteramos la necesidad de modificar el sistema de elección de los integrantes de las altas cortes para que se llegue a ellas como culminación de la carrera judicial, del ejercicio profesional o de la docencia, en todo caso por meritocracia y, no como resultado de componendas politiqueras o lo que es peor, de acuerdos simoníacos entre grupos de poder político o económico, roscas familiares, cuotas regionales o de determinadas universidades.

Los magistrados deben ser escogidos en concursos independientes, sin intervención del Congreso ni del Ejecutivo. El Consejo Superior de la Judicatura debe pasar a mejor vida y el órgano que lo sustituya debe ser verdaderamente democrático, orientador y ejecutivo, con representación de los jueces y empleados de la rama, lo mismo que con voceros de las universidades, las organizaciones sindicales, otras organizaciones de la sociedad civil y entidades dedicadas al estudio de los temas de justicia.

Desde luego es también necesario que se retire a las altas cortes la facultad de nombrar a otros altos dignatarios del Estado, para cortar de raíz con una función que las contagió de politiquería y de nepotismo.

Si bien el primer paso es la renuncia del togado cuestionado, el segundo es que no retorne a la Corte Constitucional el exmagistrado Alberto Rojas, curiosamente quien escogió para su revisión la tutela presentada por Fidupetrol, que intenta volver mediante maniobras leguleyas y promueve de nuevo su candidatura ante el senado.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” llama a las organizaciones de derechos humanos y a las especializadas en los asuntos de justicia a pronunciarse reclamando rendición de cuentas de los organismos judiciales, participación de la sociedad en su gestión y una verdadera reestructuración democrática de la rama.
Es hora de promover un amplio encuentro de la sociedad civil por la reforma y la depuración de la justicia.

 

P.-S.

Al cierre de esta editorial recibimos la triste noticia del fallecimiento del jurista, magistrado, constitucionalista y dirigente político de izquierda Carlos Gaviria Díaz. En estas oscuras horas para la justicia, vive en Colombia y para siempre con las próximas generaciones el aguerrido defensor de derechos humanos y buscador incansable de justicia, a quien le debemos un constitucionalismo humanista, libertario y realizador de los derechos humanos. ¡Gracias Maestro!