En los últimos meses, decenas de paramilitares, algunos de los cuales vestían uniforme militar y se identificaban como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han acampado intermitentemente en diversas partes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los miembros de la comunidad han informado que los paramilitares los han amenazado y les han dicho que están en la zona para quedarse. Los habitantes también afirman que las fuerzas de seguridad han estado presentes en la zona y han dicho a los miembros de la comunidad que son conscientes de la presencia de los paramilitares, pero que no van a emprender ninguna acción porque lo único que haría la comunidad sería distorsionar cualquier cosa que las fuerzas de seguridad hicieran.

El 11 de octubre, unos miembros de la Comunidad de Paz, acompañados de observadores internacionales, viajaron hasta la vereda de Arenas Bajas para rescatar a unas familias pertenecientes a la comunidad que llevaban atrapadas en sus casas desde que los paramilitares llegaron a la zona el 8 de octubre. Se pidió a los paramilitares que se marcharan, pero éstos se negaron, alegando que su objetivo principal es permanecer en esa zona. Las familias denunciaron que los paramilitares, además, habían destruido parte de sus cosechas.

El 3 de octubre, un grupo de paramilitares acampó en la casa de una líder de la Comunidad de Paz, Rubí Arteaga, en la vereda de Mulato Medio. Ni Rubí Arteaga ni su familia se encontraban en la casa en ese momento. Según los testigos, ese mismo grupo de paramilitares había estado en la vereda cercana de La Hoz el 24 de septiembre. Los paramilitares habían entrado en varias casas de la vereda y habían dado palizas a tres campesinos. Dijeron a los campesinos que tenían órdenes de matar a quienes quisieran. También les dijeron que buscaban a varias personas, tres de las cuales pertenecen a la Comunidad de Paz, y que iban a matar a tres o cuatro miembros de la Comunidad para demostrar quién mandaba allí.

– Expresando preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otros civiles que viven en la zona.
– Instándolas a emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos formulados por el gobierno.
– Recordándoles que la población civil, que incluye a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a otros civiles que viven en la zona, tiene derecho a no verse arrastrada al conflicto armado.

Información complementaria

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se compone de personas que viven en una serie de veredas del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, que defienden su derecho a no verse arrastradas al conflicto armado de Colombia y que se niegan a aliarse con ninguna de las partes del conflicto. Los miembros de la Comunidad de Paz se niegan a empuñar armas o a proporcionar información o apoyo logístico a ninguna de las partes. A cambio, piden a las partes en conflicto que se mantengan fuera de su comunidad y que respeten su decisión de no participar en el conflicto ni colaborar con las partes enfrentadas.

Desde que se creó la Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, más de 200 de sus miembros han sido víctimas de homicidio o de desaparición forzada, y otros han sido amenazados o agredidos sexualmente. Los que permanecen en la Comunidad de Paz corren peligro constante. La mayoría de los que perdieron la vida lo hicieron a manos de paramilitares, que a menudo han actuado con el apoyo y la aquiescencia de los miembros de las fuerzas armadas en la zona. Las fuerzas de guerrilla también han matado a miembros de la Comunidad de Paz. En el último decenio también han sido víctimas de homicidio muchos civiles que no son miembros de la Comunidad de Paz, pero que tienen vínculos con ella o viven en la zona.

Pese a su supuesta desmovilización hace una década, los paramilitares siguen actuando en diversas partes del país. Según el informe más reciente sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado en marzo de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que los grupos paramilitares (a los que en el informe se refiere como “grupos armados posdesmovilización”) “socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas constituye un desafío permanente para la paz”.

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