El país entero recibe con enorme entusiasmo los importantes avances que en la Mesa de Diálogo entre el gobierno nacional y las FARC-EP, dan cuenta de la solidez y seriedad de un proceso que espera sentar las bases para la culminación de la confrontación armada y abrir el largo camino para la construcción de la Paz estable y duradera.
La consecución de un acuerdo sobre víctimas, que establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como fundamento de la Jurisdicción Especial para la Paz; además del Compromiso sobre la protección integral de los Derechos Humanos, se constituyen como uno de los elementos centrales contenidos en la agenda pactada por las partes.
La materialización de la reciente libertad de 30 miembros de la insurgencia, es a su vez un desarrollo importante de lo pactado en dicho acuerdo; sin embargo se mantiene vigente al interior del Movimiento Social y Popular la creciente preocupación por la situación en materia de violación a los Derechos Humanos en Colombia, que entre muchos otros factores incluye la criminalización de la protesta social a través de montajes judiciales que han llevado a la prisión a centenares de luchadores del Pueblo.
Preocupa sobremanera la negativa de concretar lo que ha sido expresado por el gobierno nacional en espacios de negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en los que se decidió instituir el Comité de Alternatividad Penal, como mecanismo para viabilizar la libertad de miembros de organizaciones sociales que han sido vinculados a procesos judiciales en razón a su labor como dirigentes en el marco del Paro Nacional Agrario del año 2013.
Dos años y medio después del Paro, no solamente quienes fueron detenidos siguen sometidos a las atroces condiciones del sistema carcelario, sino que además se han llevado a cabo nuevas capturas de dirigentes como Esmer Montilla, Ingrid Pinilla, Ramiro Atehortua y Samuel Rojas, en las que los delitos imputados se relacionan directamente con hechos que tuvieron lugar en la movilización campesina más importante de los últimos 30 años en Colombia, a quienes se suman los más de 300 integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica víctimas de montajes judiciales en sus apenas tres años de existencia en el escenario político del país.
La política criminal orientada por el Estado, en la que se inscribe la judicialización de dirigentes sociales, se mantiene en una franca contradicción con la voluntad política de construir la Paz que expresa el gobierno de Juan Manuel Santos. El matrimonio criminal entre la represión y la impunidad siguen cobrando vidas como las de Nelly Amaya, lidereza de Ascamcat asesinada a comienzos de este año o las de Faiber Erazo
y Miller Bermeo, humildes campesinos asesinados a manos de la Fuerza Pública en el año 2015 en el Departamento del Cauca. Desde la misma orilla, se pretende al peor estilo del recién elegido alcalde de la capital, posicionar la legalización del abuso a través de herramientas como la legislación promovida por sectores que niegan el legítimo derecho a la movilización y la protesta, manteniendo como inamovible la aplicación de la Ley 1453 de 2011, mejor conocida como Estatuto de Seguridad Ciudadana.
Lejos de dar pasos certeros hacia el fin de la persecución, a viva voz el Vicefiscal General de la Nación anunció entusiasmado la apertura de 1500 nuevos procesos contra ciudadanos por supuestos vínculos con las insurgencias, mientras al interior de la entidad se orienta a los fiscales responsables de los procesos a fortalecer esfuerzos
para mantener privados de la libertad a dirigentes de oposición como Huber Ballesteros, a quien en el mes de diciembre, un Juez de la República le negó la libertad pese al evidente vencimiento de términos procesales, por cuenta de la deficiente labor de la Defensoría del Pueblo, la estrategia amañada y mentirosa desplegada por la Fiscalía y la evidente parcialización de un sistema judicial que profiere decisiones con motivaciones políticas.
El acuerdo sobre el punto 3 de la agenda suscrito en La Habana, reconoce a las organizaciones sociales y los movimientos políticos como víctimas del desarrollo histórico de conflicto; de igual manera establece que la protesta, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados[1]; otorgando además un tratamiento especial para quienes hayan sido objeto de procesos judiciales, en el que se determinará la extinción, revisión o anulación definitiva de las sanciones, investigaciones o sentencias impuestas.
En consecuencia, hacemos un llamado al gobierno nacional para que ponga en marcha la regulación e implementación de dichos acuerdos, que permitan el desarrollo de un mecanismo ágil que parta de reconocer la inocencia de cientos de luchadores sociales y defensores de Derechos Humanos, quienes hoy se encuentran en las cárceles colombianas en condición de prisioneros políticos de conciencia. Si lo que queremos como sociedad es construir la Paz estable y duradera, la lucha de hombres y mujeres por condiciones de Justicia Social para el pueblo, no puede seguir siendo catalogada como delito.
Urge poner fin a décadas de persecución y criminalización contra el Movimiento Social y Popular, ¡La LIBERTAD de los prisioneros políticos nos libera también de la guerra!
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