capítulo 5

Los entramados del paramilitarismo

En el capítulo 5 del volumen “Hallazgos y recomendaciones” del Informe Final de la Comisión de la Verdad, CEV, denominado “Los entramados del paramilitarismo”, se establece que los grupos paramilitares fueron el actor más violento y responsable del 47% de los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas durante el conflicto.  

 Más que un actor armado, para la CEV el paramilitarismo es “un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia y también a través de mecanismos de legitimización, establecimiento de normas y reglas”1.  De ese entramado habrían hecho parte sectores de la Fuerza Pública, incluidas sus agencias de seguridad e inteligencia, el poder legislativo y los diferentes niveles del sistema democrático, el poder judicial, los organismos de control, sectores económicos, la iglesia y los medios de comunicación. Ello coincide con la valoración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al abrir el macrocaso 008 sobre los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado, o en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; decisión en la que identificó por lo menos tres motivaciones de estos vínculos: la lucha contrainsurgente, intereses políticos y económicos; y el control de la función pública.   

 

La CEV encontró en los diferentes grupos paramilitares y en su expresión confederada, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, elementos comunes como el interés en el mantenimiento y protección de privilegios económicos, políticos y sociales adquiridos con el actuar delictivo; la protección del patrimonio privado y su ampliación a través de prácticas criminales como el desplazamiento forzado, el despojo y políticos como la “tierra arrasada”; el control territorial obtenido tras la eliminación física del “enemigo” y la instalación de órdenes sociales basados en el control y la vigilancia; la infiltración, usurpación y cooptación de los procesos de contratación pública, instituciones estatales; la manipulación del sistema electoral a todo nivel; y la eliminación o exterminio de todos quienes fueron calificados como rivales u opositores del proyecto paramilitar.  

  

Adicionalmente, la CEV aludió a un conjunto de factores que aseguraron la pervivencia del paramilitarismo junto a su constante transformación, entre ellas la delegación estatal del uso de la fuerza; el conjunto de medidas legislativas y militares que desde la década de los sesenta promovieron la creación de unidades civiles armadas (p.e. Decreto 2298 de 1965 y la Ley 48 de 1968); y la ampliación de la institución jurídica de la legítima defensa con su consecuente deformación en favor de propósitos criminales.  Lo anterior, bajo un clima envilecido por el uso de nociones como “el enemigo interno”, que permitieron que las estructuras de la década de los sesenta se transformaran y mutaran en aquellas que se fortalecieron durante las décadas de los ochenta y noventa.  

 

Para aterrizar varios de estos hallazgos, son útiles las cifras entregadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y empleadas en el informe que establecen que el 2002 fue el año más crítico de la violencia paramilitar, marcado por “asesinatos selectivos (61,44 % de su total de violaciones a los derechos humanos), desapariciones forzadas (20,51 %), masacres (9,54 %), violencia sexual (4,37 %), secuestro (2,89 %) y reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (1,23 %)”2. Con base en estas cifras y datos, se concluyó que el 98.52% de las víctimas fueron civiles y la forma criminal más común fueron las  masacres, que contribuyeron a la notoriedad de las acciones de estas estructuras y su legitimación social al hacer parte de una supuesta estrategia de combate contra el “enemigo”.   

 

Paralelamente, el capítulo ofrece una visión sobre las alianzas del paramilitarismo con integrantes de la Fuerza Pública ubicados en las posiciones más altas de la cadena de mando, quienes prestaron apoyo, coordinaron operaciones e incursiones militares, omitieron deliberadamente el cumplimiento de sus funciones, entrenaron y entregaron armas e indumentaria militar con el propósito de garantizar su éxito. Esta contribución en muchas ocasiones fue determinante, como por ejemplo, en los casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los que se estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano, como la desaparición forzada de 19 comerciantes, la masacre de La Rochela, el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, las masacres de Ituango (La Granja, El Aro), la masacre de Mapiripán y la Operación Génesis, entre otras. En estos y otros casos, otras relaciones se hacen visibles como el rol de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros, o personajes que adquirieron notoriedad por estas alianzas como José Miguel Narváez Martínez reconocido por la instrucción de paramilitares y el señalamiento directo de personas que debían ser asesinadas por ellos.  

 

Finalmente, de manera reducida se abordaron dos fenómenos adicionales: la parapolítica y la financiación del conflicto armado por diferentes sectores económicos. En cuanto al primer tema, la CEV reafirmó la existencia de una relación de doble vía entre políticos, funcionarios públicos y paramilitares que agravó los problemas de corrupción y clientelismo y minó los procesos electorales de manera que pudieran ser instrumentalizados para tales fines. Mientras que, respecto del financiamiento de los grupos paramilitares y sus campañas de terror, se hizo mención de casos puntuales asociados a sectores como el agroindustrial y el extractivo con un fuerte interés en usos excluyentes de la tierra y la acumulación de capital y de propiedades.  

 

Elementos de reflexión  

 

Este análisis de la CEV, si bien pone de presente algunas de las causas y factores que incidieron en la configuración de los grupos paramilitares, sus alianzas, centros de intereses y núcleos de poder, no agota la complejidad de varios elementos:  

 

1. El modelo político-económico y su relación con el fenómeno paramilitar:  hay un modelo económico de acumulación y despojo que se sirve del paramilitarismo para el aseguramiento de sus intereses económicos.  La noción de tercero es útil para reducir y limitar la responsabilidad de esas clases políticas y empresariales que se lucraron, aseguraron posiciones y beneficiaron a través de los crímenes.  Esos actores que actuaron muchas veces como determinadores, otras como beneficiarios, no han rendido cuentas a nivel político, social, ni jurídico, y más que terceros son actores principales.   

 

Tampoco se toma en cuenta el rol de las élites políticas en la formulación legal que sustentó el paramilitarismo, en las dinámicas electorales y en los profundo impactos que esta configuración del poder político y legislativo tuvo para la democracia. Resulta indispensable que se profundice en la forma y medios empleados para aniquilar la pluralidad y diversidad política y sus efectos.  Por ejemplo, el sistema de ‘cacicazgo’ y la forma en la que regiones completas del país se ven sumidas en él.  Para esto hubiera sido útil hacer un análisis de la llamada época de La Violencia, el Frente Nacional y otros hitos como antecedentes de la alta exclusión y eliminación del opositor político por vía de la violencia.  Adicionalmente, es necesario considerar la forma en la que los centros de poder impidieron reformas agrarias o incidieron desfavorablemente en las negociaciones de paz en diferentes momentos de la historia política colombiana.  

 

2. La responsabilidad del sector empresarial: el centro de atención sobre este punto se redujo a la cantidad de compulsas de copias de que los procedimientos de la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) se hicieron en contra de terceros por el rol que ejercieron en las diferentes etapas de la violencia paramilitar. No obstante, es indispensable esclarecer el grado de responsabilidad de amplios sectores del empresariado en el surgimiento del paramilitarismo, financiación, favorecimiento y encubrimiento de los crímenes cometidos.  El develamiento de esta responsabilidad de actores empresariales, es una gran deuda de los órganos investigativos con el país. 

 

3. Desarrollo de la política estatal paramilitar: pese al reconocimiento de la existencia de políticas que propiciaron, promovieron, resguardaron la violencia y le concedieron impunidad, no se reconoce al paramilitarismo como estrategia de Estado y no de solo unos gobiernos.  No es dable afirmar genéricamente que los grupos paramilitares se apropiaron del Estado por su debilidad o ausencia; en muchos casos, se verificó la presencia del Estado y la decisión de sectores de las Fuerzas Armadas de hacer del paramilitarismo un brazo armado que se encargara de la “guerra sucia” que consistía en la eliminación de todos quienes tuvieran reivindicaciones políticas, sociales y económicas contrarias al poder hegemónico.  Así, no es posible considerar al Estado como una víctima de la violencia paramilitar, sino como principal precursor que, además, permitió la injerencia de países como Estados Unidos para sostener una lucha armada ‘contrainsurgente’. Esto permite considerar que la tesis de “la captura invertida del Estado” gozó de una naturaleza excepcional, pues el propósito perseguido en todo caso era el éxito de los fines militares, políticos y económicos que confluyeron en el aparato estatal y el andamiaje paramilitar. 

 

Adicionalmente, no se abordaron de manera detenida otros fenómenos como la legalización de los títulos de propiedad sobre tierras usurpadas de manera violenta, y la consecuente utilización del aparato estatal o de quienes ejercían funciones públicas con estos fines a través de casos concretos como los notarios o la intervención de actores eclesiásticos, con una participación notoria. 

 

4. Pactos políticos entre paramilitares, actores estatales y no estatales: es dable afirmar que una serie de ámbitos fueron particularmente afectados por el entramado paramilitar como las universidades o el sector de la salud pública, es necesario profundizar en estos niveles de afectación tanto para el movimiento social por la eliminación de sus liderazgos, como para las finanzas públicas, la ciudadanía y la satisfacción de sus derechos sociales.  La misma “parapolítica” tenía todos estos fines y no solo el enriquecimiento personal de los firmantes de pactos con los actores armados. 

 

Si bien el mandato de la CEV operó bajo algunas limitaciones que hacen que sus consideraciones estén desprovistas de un potencial judicial, la información tratada debe aportar a la reflexión y lectura crítica de varias premisas de la realidad nacional que por largos periodos han permanecido incuestionadas. El mandato constitucional derivado del Acuerdo de Paz de desmantelar el paramilitarismo y sus sucesores, debería tomar en cuenta las diversas formas económicas, políticas, sociales que sustentaron su accionar. La consideración exhaustiva de todos quienes intervinieron en esta clase de violencia, los roles que ocuparon y las acciones u omisiones que desplegaron, permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad jurídica y social, en el desmantelamiento de estructuras que permitieron el desarrollo de la estrategia paramilitar o de las que se valió y en la construcción de garantías de no repetición frente a actores que son responsables de la mayoría de homicidios de liderazgos sociales en nuestro país.     

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