Publicada originalmente en Confidencial Colombia
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP dio a conocer “la priorización interna del Caso 03 denominado ‘muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’”. Aunque no comunicó conclusiones ni hizo alegaciones, saludamos el lenguaje medido del informe. La situación probatoria es muy fuerte y contundente lo que obligó al mecanismo especial de control interno llegar a esa conclusión (Auto 033 del 12 de febrero de 2021).
No es la primera vez que un órgano de investigación del Estado asume la tarea de investigar los falsos positivos, pero sí es la primera vez que una entidad judicial especial, organiza los hechos y consolida el esfuerzo de manera estratégica.
El modus operandi de los falsos positivos se caracteriza por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armados dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Las acciones de encubrimiento del Estado además de las ejecuciones mismas cometidas por el Ejército Nacional, son parte integral de un práctica sistemática y endémica que conducen al Crimen de Estado.
Los falsos positivos son un patrón criminal antiguo y arraigado en el Ejército colombiano conocido como “legalización” que data desde la década de los ochenta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 20 de noviembre de 2018, condenó al Estado colombiano en el caso Villamizar Durán y otros, por las ejecuciones extrajudiciales de personas de la población civil llevadas a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado colombiano en la década de los 90. El caso lo litigó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, junto con otros peticionarios.
Sin embargo, la JEP aseguró que priorizará en la primera fase de la investigación el período
entre 2002 y 2008. Estableció que fueron 6.402 las víctimas en los territorios de Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica (Auto 033 del 12 de febrero de 2021). La Sala no ha concluido que esos casos sean eventos criminales, pero sí concluyó que hay elementos suficientes para cuestionarlos y, por eso, los investiga.
La estrategia de la JEP para investigar a los militares involucrados es “de abajo hacia arriba”: “Primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional”. La Sala tiene que investigar así por la naturaleza misma del fenómeno, porque los homicidios registrados fraudulentamente como una baja en combate por el Ejército están tapados por un largo registro administrativo y operacional que justifica las muertes.
Entre las 6.402 víctimas identificadas por la JEP para el lapso de los seis años están 4.154 que no tienen documentadas ni la Fiscalía ni el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero si la JEP que logró el consolidado de cifras mediante los informes de las bases de datos, los registros e información de diferentes organizaciones, entre ellas el CAJAR, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Independiente de las discrepancias en sus cifras, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el período de 2002 a 2008 fue el más crítico para este fenómeno.
Frente a ese consenso, el ex presidente Álvaro Uribe se sintió aludido. Afirmó que se tuvieron en cuenta los reportes de organizaciones “de marcada orientación política y enemigas declaradas del gobierno que presidí”, y, entre otras, mencionó a los colectivos José Alvear Restrepo y Orlando Fals Borda. Aceptó por primera vez que durante su gobierno pudieron haber ocurrido múltiples violaciones a los derechos humanos, sólo que, quizás “no fueron tantas” y como es costumbre de los expresidentes , “ocurrieron a sus espaldas” y de ellas “deben responder políticamente los exministros de defensa y no él”. Las excusas de siempre. Señor Uribe, una sola violación a los derechos humanos es muy grave. Miles ocurrieron durante su mandato.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que recibió con satisfacción los avances en la investigación de la JEP en los casos conocidos como “falsos positivos”, destacando su trabajo al divulgar los casos. Reconoció la labor de grupos de víctimas y de ONG para luchar contra la impunidad y obtener justicia. Añadió que su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.
La directora del colectivo Madres de Falsos Positivos, Jacqueline Castillo, afirmó que las revelaciones de la JEP “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal” (“6.402 atrocidades de la Seguridad Democrática”. Cristina de la Torre. El Espectador 22 feb. 2021). La dignidad de los familiares de las víctimas hizo posible que el Estado no niegue del todo esta práctica criminal.
El Estado existe para garantizar los derechos humanos. Es el garante de estos derechos fundamentales en función de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales ratificados y suscritos por Colombia, por lo tanto tiene la obligación de garantizarlos a plenitud a todas las personas en su territorio. Si no puede o no quiere garantizarlos no es democrático y no es legítimo. Puede ser legal, pero no es legítimo.
El abuso en los derechos humanos por parte de la fuerza pública se da cuando un militar usa la fuerza con fines distintos a sus funciones de orden y seguridad, cuando actúa por fuera de sus atribuciones. Por ello, la Corte IDH condenó al Estado colombiano en el caso Villamizar Durán y Otros. Se avisoran nuevas condenas, ya que los gobiernos y los militares niegan sus responsabilidades, esconden los rastros y mienten.
El reto de la JEP es grande y demandará tiempo. Este esfuerzo necesita la presencia de los familiares de las víctimas, el respaldo de la sociedad colombiana y la comunidad internacional y los tecnicismos en la investigación y aplicación del derecho,, mientras se avanza en la verdad y la justicia. El tiempo apremia, pero el caso 03 y el auto 033 de la JEP son una luz de esperanza.
Añadido: Mañana en el Día Internacional de la Mujer, compartiremos un año más de lucha y empoderamiento a favor de todas las mujeres del mundo y en beneficio de las sociedades.
