Por: Sebastián Escobar Uribe, Integrante del Cajar

Publicado originalmente en Revista Razón Pública

Estos fueron los hallazgos y los cargos por “falsos positivos” contra Mario Montoya. Es un acto tardío de justicia, así algunos se empeñen en negarlo.

Imputación por ‘falsos positivos’

Desde el 17 de octubre de 2018, cuando Mario Montoya Uribe acudió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para subscribir al acta de sometimiento, la sociedad colombiana y las víctimas han esperado lo que parecía inevitable: su imputación por los ‘falsos positivos’.

Casi cinco años después, la JEP determinó que Montoya Uribe y otros oficiales y suboficiales de la Cuarta Brigada que operaron en el oriente antioqueño son máximos responsables de asesinar y en algunos casos desaparecer forzadamente a por lo menos 130 personas para presentarlas como “bajas en combate”, en hechos ocurridos entre enero de 2002 y finales de 2003.

En este artículo explicaré cómo se llegó a esta decisión, cuáles fueron las razones para establecer la responsabilidad de Montoya y otros uniformados, qué sigue en el proceso ante la JEP, y cuáles son algunas opiniones de las víctimas sobre la decisión.

Orígenes del caso 003

El 17 de julio de 2018 la JEP inició la investigación del caso 003 sobre el fenómeno de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

En febrero de 2021 hizo públicas las razones para adoptar una estrategia de “priorización” de la investigación. La JEP estimó en 6402 el número provisional de víctimas y decidió concentrar la primera fase de investigación en seis regiones del país: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

La decisión de imputar a Montoya Uribe y a los otros implicados resultó de la focalización en el oriente antioqueño. Este fue el departamento con el mayor número víctimas: del total de 1.611 entre 2002 y 2008, 501 se presentaron en el oriente antioqueño.

Durante la primera fase de la investigación, la JEP recibió 33 informes presentados por las víctimas, oyó en audiencias a 64 exintegrantes de la Cuarta Brigada, quienes aportaron información sobre las funciones que desempeñaron, sobre la toma de decisiones, la línea de mando y la responsabilidad en hechos específicos.

Estos aportes fueron complementados con observaciones formuladas por víctimas de forma escrita y oral.

Los crímenes de la Cuarta Brigada

Como lo ha hecho en otras regiones del país, la JEP examinó a profundidad el fenómeno de los falsos positivos en el oriente antioqueño.  Sin embargo, lo que más llamó la atención fue haber identificado al general retirado Mario Montoya como uno de los máximos responsables.

Además de incluir al alto oficial, otro aporte singular de la JEP al abordar el fenómeno criminal fue el análisis del contexto que le permitió llegar a dos conclusiones:

• Que para disputar el dominio de una región bajo su control, la Cuarta Brigada empleó los falsos positivos como método criminal para crearse una imagen victoriosa del ejército en la guerra.
• Que el marco institucional fue decisivo para consolida ese fenómeno criminal, caracterizado por el impulso de políticas de seguridad en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Estos gobiernos destinaron recursos cuantiosos a fortalecer la fuerza pública, replantearon los indicadores de medición del éxito militar hasta dar prioridad a las bajas en combate de miembros de los grupos armados ilegales, e involucraron a la población civil en la estrategia militar como cooperantes o posibles colaboradores de los grupos guerrilleros.

Además de estos elementos novedosos, la JEP explica y describe el patrón macrocriminal. La JEP entiende por patrón macrocriminal la repetición no accidental o aleatoria de delitos, lo cual le permite inferir que estos adquirieron una naturaleza sistemática o planeada.

En este caso la JEP concluyó que, entre enero de 2002 y finales de 2003, integrantes de la Cuarta Brigada, bajo la comandancia de Mario Montoya Uribe, asesinaron y en muchos casos desaparecieron forzadamente a por lo menos a 130 personas en el oriente antioqueño para presentarlas criminalmente como ‘bajas en combate’.

Entre los hallazgos la JEP identificó tres modalidades donde se manifestó el patrón macrocriminal según al modo de selección de las víctimas.

• La primera modalidad consistió en que las víctimas fueron sacadas de sus casas, trabajos, interceptados en transportes y vías para ser señalados como guerrilleros.
• La segunda modalidad correspondió al engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para trasladarlas al lugar donde serían asesinadas.
• La tercera modalidad fue el asesinato y desaparición de personas que participaban en las hostilidades pero que fueron heridas o capturadas durante operacionales militares legítimas. En vez de remitirlas a las autoridades judiciales competentes o tramitar el proceso de desmovilización respectivo, estas personas  fueron asesinadas.

La motivación de los asesinatos fue responder a la presión por obtener ‘bajas’ y ‘litros de sangre’. Mario Montoya, en calidad de comandante, fue quien exigió y presionó a los soldados por resultados. Importa precisar que esta presión no se redujo a la simple exigencia de resultados: el único resultado de la presión fueron los asesinatos,  porque los incentivos del caso no condujeron a aumentar la eficacia de las acciones militares.

Los falsos positivos resultaron de incentivos como permisos o condecoraciones,  amenazas de desvinculación o traslados, y promoción de competencia por ‘bajas’ entre unidades militares.

Finalmente, la JEP explica que la consolidación del patrón macrocriminal y sus modalidades fue posible gracias a que los miembros de la Cuarta Brigada encubrieron información. Presentaron informes falsos,  enterraron los cuerpos en fosas comunes, alteraron las escenas de los crímenes. Hubo además irregularidades en el registro operacional de las supuestas bajas, en el reporte de personas no identificadas, y versiones falsas ante la justicia, entre muchas otras.

La responsabilidad

La JEP llamó a reconocer responsabilidad a dos tipos de máximos responsables.

Un grupo de militares fue considerado responsable de ordenar las políticas expresas o tácitas que dirigen la actuación de la organización armada. En este grupo se encontraron Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada, Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, comandantes del Batallón de Artillería No. 4 «Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez» (BAJES) quienes por su pertenencia al ejército y su posición jerárquica fueron considerados garantes de los derechos de la población. Ellos contribuyeron a crear las condiciones propicias para perpetrar los asesinatos y desapariciones forzadas, y para el arraigo institucional de la práctica criminal.

Pero la forma en que la JEP recriminó a Mario Montoya ha causado inconformidad entre las víctimas, quienes consideran que el aporte de este oficial no se reduce a propiciar las condiciones para la comisión de los crímenes. Las víctimas manifiestan que se había demostrado una participación más directa en los crímenes; no solo en los ocurridos durante su paso por la Cuarta Brigada, sino en otras unidades superiores, hasta ejercer como comandante general del Ejército.

También fueron seleccionados Nelson Enrique Carvajal Chisco, Emerson Antonio Castañeda Morales, Diego Germán Guzmán Patiño, José Alejandro Ramírez Riaño, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Óscar Iván Mayo Marulanda. Todos ellos tuvieron a su cargo la dirección de las compañías o pelotones que estuvieron en el lugar de las operaciones militares y ordenaron o participaron directamente en los crímenes.

Qué viene a continuación

Los miembros de la Cuarta Brigada señalados como máximos responsables del patrón macrocriminal tienen 30 días para decidir si aceptan o no la responsabilidad en los términos definidos.

Para quienes opten por el reconocimiento, la JEP pondrá en marcha el proceso restaurativo previsto para una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Para quienes no reconozcan su responsabilidad —como se espera de Mario Montoya por su posición ante la justicia— el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Ahí se decidirá si existen méritos para llamarlo a juicio.

Montoya tiene la alternativa de reconocer responsabilidad antes de la sentencia; en este caso se realizará una audiencia restaurativa y se impondrá una sanción alternativa que incluye la privación de la libertad entre 5 y 8 años.

En caso de no reconocer la responsabilidad o reconocerla tardíamente y proferirse una sentencia condenatoria por la JEP, los imputados podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.