Luego que adujera problemas siquiátricos, y presentara una excusa médica justificándolos, el Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, uno de los principales responsables de los hechos del Palacio de Justicia, decidió atacar a familiares y víctimas que se encontraban al frente de los juzgados especializados, donde se desarrolla el juicio que se le adelanta.

 

 

Doña Carmén, familiar de uno de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, quien se encontraba en el lugar portando una de las pancartas alusivas al caso, fue una de las agredidas. “De repente salió y comenzó a golpearnos, mientras nosotros le preguntábamos como siempre ¿dónde están los desaparecidos?”

Tanto ella, como las otras personas que se encontraban en el lugar, quedaron sorprendidas de la actuación del coronel, sin que lo impidieran los soldados del ejército encargados de su custodia, quienes reaccionaron tardíamente para contenerlo.

Este tipo de comportamiento, lo único que provoca es que el común de la gente, piense o crea “que el tipo está loco”. No obstante, frente al punto es necesario preguntarse si dicho proceder es premeditado. ¿Qué persigue Plazas Vega? que se le declare inimputable y se le remita a una institución mental?, o acaso su actuación no es más que una continuidad de su pretensión de seguir con sus prácticas dilatorias o de tratar de evadir el juicio que actualmente se le adelanta?.

Estos censurables hechos, que atentan además contra el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas, son una muestra clara de la necesidad que tiene, dada la prueba que obra en su contra que compromete su responsabilidad, de dilatar el juicio. Esto máxime si se tiene en cuenta que en lo que va corrido del proceso, ha tenido a su haber 5 representantes legales, cada uno de los cuales ha solicitado un espacio de tiempo, para “supuestamente” poder leer la totalidad del expediente, a sabiendas que la defensa es integral.

Es de destacar que la Juez tercera penal del circuito especializado, le negó el plazo solicitado de seis meses con el supuesto fin de “estudiar con más detenimiento el proceso”, por considerarlo injustificado, a más que le anunció su decisión de nombrarle un defensor público, en caso de que no tenga uno en la próxima audiencia que se realizará el próximo 19 de mayo.

Es necesario recordar que este año se cumplen ya 24 años de la desaparición forzada de 11 personas de la cafetería del Palacio de Justicia, delito que es importante mencionar no prescribe ni en la memoria, ni en la justicia.

“A nosotros lo único que nos importa de verdad, es que él nos diga qué pasó con nuestros desaparecidos, porque nosotros sabemos muy bien que él fue el responsable de su desaparición y de las torturas a que fueron sometidos”, expreso doña Carmen, la madre de uno de ellos, una de las agredidas quien a pesar de su avanzada edad no deja pasar un solo día de recordarlo y así mismo de asistir a cada uno de los espacios que pueda para reclamar por su hijo.