Jueves 29 de junio de 2006, por Prensa - Colectivo

Más de 57 familias desplazadas en la ciudad de Cali, interpusieron una acción de Tutela contra la Presidencia de la Republica, el Ministerio del Medio Ambiente, y el Incoder, entre otras entidades del Estado, luego de 3 años de incumplimiento del gobierno local a sus problemas básicos de vivienda.

Las familias que se encuentran ubicadas en la sede de la Fundación Daniel Guillard en el barrio Lagos I de la ciudad de Cali, exigen además la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a una vivienda digna, a la intimidad, a la protección especial de la familia, de la tercera edad, de las personas con discapacidad y en especial de los cientos de niños y niñas, quienes no han sido beneficiarios de ninguno de lo programas de estabilización socioeconómica a la que tienen derecho, luego de cinco años de desplazamiento y de reubicación en la ciudad de Cali.

Más de 57 familias desplazadas en la ciudad de Cali, interpusieron una acción de Tutela contra la Presidencia de la Republica, el Ministerio del Medio Ambiente, y el Incoder, entre otras entidades del Estado, luego de 3 años de incumplimiento del gobierno local a sus problemas básicos de vivienda.

Las familias que se encuentran ubicadas en la sede de la Fundación Daniel Guillard en el barrio Lagos I de la ciudad de Cali, exigen además la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a una vivienda digna, a la intimidad, a la protección especial de la familia, de la tercera edad, de las personas con discapacidad y en especial de los cientos de niños y niñas, quienes no han sido beneficiarios de ninguno de lo programas de estabilización socioeconómica a la que tienen derecho, luego de cinco años de desplazamiento y de reubicación en la ciudad de Cali.

Y es que infortunadamente su situación es extremadamente crítica. Viven en improvisados cambuches de madera y plástico, esperando las soluciones definitivas que el gobierno municipal les prometió, luego de un simbólico acto de protesta al interior del centro comunitario llevada a cabo en el mes de junio del año 2.003, que consistió en el enterramiento de varios de los desplazados, buscando con ello, llamar la atención de las autoridades locales, clamando de forma desesperada por la pronta solución a su demandas de vivienda y empleo, requisitos necesarios para la estabilización socioeconómica, contemplada en la ley 387/97.

Esta acción, llevó a que el 5 de julio la administración municipal de entonces, en presencia de los líderes de los desplazados y de varias organizaciones de derechos humanos de la región, se comprometieran, a NO DESALOJARLOS DE LA FUNDACIÓN, hasta tanto se materializarán las soluciones definitivas de reubicación y retorno; a convocar una MESA PERMANENTE DE TRABAJO DE VIVIENDA en el que participaran entidades del orden local, departamental y nacional, para dar respuesta a las propuesta de solución de vivienda planteadas por la comunidad; y a adecuar la misma para que de forma provisional sirviera de albergue a las más de 400 familias que entonces se encontraban en la toma. Este acuerdo a la fecha no se ha cumplido.

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