Martes 8 de febrero de 2011, por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

(Colombia)(Autor: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos)(Fecha: Febrero 7 de 2011)

DR/11/11

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denuncia a la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos.

HECHOS

El día Viernes 28 de enero del 2011 los internos de la cárcel de Valledupar se comunicaron con nuestra fundación para informarnos que un día anterior (27 de enero) en horas de la tarde el detenido Jorge Russo Montes TD. 4617 del patio 8; se arrojo del 5to piso de una de las torres. Este interno era paciente psiquiátrico y se subió a la estructura para presionar la entrega de los medicamentos que requiere por su condición mental, cita con psicología, la entrega de la encomienda que su familia le había enviado y que no habían sido entregada y la realización de una entrevista virtual con su madre la cual había sido solicitada por el interno con la ayuda de uno de sus compañeros desde hace 4 meses.

Informan los detenidos que uno de los guardias le lanzó una pipeta de gas y una piedra desde la terraza, así mismo, los internos manifiestan que desde el área de visita también le lanzaban piedras y que una de ellas lo golpeó fuertemente en la cabeza.

Este interno ya había intentado el suicido en ocasión anterior.

Nuestra fundación ya había denunciado que el pasado 21 de enero se suicidó en esta misma cárcel y después de un prolongado aislamiento el señor Lendro Salcedo Zea.
Detenidos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar se han comunicado con nuestra Fundación para informar que el detenido Jose Ovidio Restrepo Gallego el día de hoy cuando era trasladado a una diligencia fuera del establecimiento, llevaba en su poder la denuncia disciplinaria por la muerte del detenido Jorge Russo Montes identificado con el TD4617 de la Torre 8, y otras irregularidades que presuntamente suceden en el centro de reclusión, con destino a la Procuraduría General de la Nación, pero que el comandante de guardia de apellido Peñaloza se la arrebato y no se la quiso devolver.

La presunta conducta del comandante Peñaloza, constituye una peligrosa obstrucción a la labor de defensa de los derechos humanos, cuando su deber legal y constitucional le exige proteger dicha labor y brindar todo el apoyo y colaboración a quienes valientemente se atreven a denunciar.

La retención de la denuncia al detenido Jose Ovidio Restrepo Gallego, a la luz del derecho internacional, es una claro obstáculo del INPEC para impedir que los detenidos de Valledupar continúen denunciando la grave situación de violación a los derechos humanos en el establecimiento de Valledupar, a la luz del derecho internacional.

Consideramos que la situación del establecimiento de alta seguridad de Valledupar es de tal magnitud, y la ineficacia del Estado colombiano para garantizar la vigencia de los derechos humanos en el centro de reclusión, tan evidente que la única alternativa real para que cesen las graves violaciones de derechos humanos es el cierre definitivo del establecimiento.

EXIGIMOS

Reiteramos nuestra exigencia al gobierno colombiano, en cabeza del presidente de la Republica Dr. Juan Manuel Santos Calderón y a la Dirección General del INPEC, de tomar las medidas urgentes y necesarias para que cesen las graves violaciones a los derechos humanos de la población reclusa en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar y se garantice la labor de quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad y de no existir solución inmediata ordenar el cierre definitivo del establecimiento.

SOLICITAMOS

Así mismo, reiteramos nuestra solicitud a todas las organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales y al movimiento popular, exigir a las autoridades Colombianas garantizar condiciones dignas de reclusión a todas las personas privadas de libertad en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar de manera inmediata y de no ser posible exigir el cierre definitivo del establecimiento.

Por todo lo anterior solicitamos al INPEC, al Ministerio del Interior y de Justicia, a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación, que desde sus competencias.

Se inicien las investigaciones a que haya lugar por los hechos en que resulto muerto el señor Jorge Russo.

Se establezca si hubo negligencia en la atención médica y los medicamentos que debía recibir el señor Jorge Russo.

Se de un tratamiento adecuado a los pacientes psiquiátricos recluidos en las cárcel colombianas y se dispongan de sitios especiales para su reclusión.

Se tomen las medidas necesarias para que en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar se respeten los derechos que no encuentran restringidos por el hecho de estar en prisión.

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