Martes 1ro de mayo de 2012, por CPDH

. El día 12 de abril del año 2012, en las instalaciones del aeropuerto el Dorado, en la ciudad de Bogotá, Diego Alejandro Martínez, fue objeto de toma de seguimiento y toma de fotografías sin autorización, por parte de desconocido, mientras se alistaba a abordar vuelo con la ruta Bogotá- Puerto Asís. Es de reseñar que se dirigía a esta ciudad, para asistir a una actividad, en su calidad de Defensor de Derechos Humanos.

2. El día 11 de abril del año 2012, el señor Camilo Fagua, defensor de derechos humanos, realizó llamada, desde su celular, siendo las 12:40 p.m aproximadamente, a su número celular, el cual fue asignado por parte del ministerio del interior, contestando una persona desconocida quien le informó “Que no se encontraba en el ciudad y que estaba de viaje”, lo paradójico de esta situación es que en ningún momento ha prestado su celular, y en ese momento dicha línea, se encontraba solo para su uso, situación que lo lleva a pensar que es objeto de interceptaciones y escuchas ilegales. Esta modalidad ha sido reiterada, sumado al mal estado de la actual línea telefónica asignada por el Ministerio del Interior.
Antecedentes

1.El 26 de enero de 2012, a las 10:00 a.m., aproximadamente, ingresó a las instalaciones del CPDH, una persona que, valiéndose del engaño y, posteriormente, de la fuerza, la cual desplegó en contra el personal administrativo que estaba en ese momento en el Comité, ingresó un hombre que pretendía constatar la presencia de un grupo de víctimas, las cuales se encontraban denunciando seguimientos, chantajes y demás actos ilegales cometidos, presuntamente, por miembros del Ejército Nacional, de acuerdo con la información por ellas suministrada. En los últimos meses el Comité ha recibido denuncias por parte de personas que han sido víctimas de montajes judiciales u ostentado la calidad de prisioneros políticos.

Estas han denunciado, en dicha oficinas a presuntos miembros de la inteligencia militar colombiana, como los autores de amenazas a su grupo familiar, seguimientos y allanamientos sin orden judicial, presiones indebidas y chantajes para la realización de acciones de carácter militar a cambio de supuestos beneficios económicos y cesación de las acciones de intimidación. Esta situación a todas luces, viola los principios de protección a la población civil y a los no combatientes, contemplados en las normas del Derecho Internacional Humanitario, así como también el debido proceso y de respeto por integridad física y moral de la cual gozan todos los ciudadanos colombianos. Presuntos responsables: Agentes Estatales (Inteligencia Militar). Los hechos fueron denunciados al despacho de la fiscal general de la nación, con fecha de radicado 2012 02 08, con DNF 201261102200962.
2. A través de las audiencias realizadas dentro de los procesos de judicialización de campesinos y estudiantes del centro del país, impulsados por la Fiscalía 14 nacional contra el terrorismo, se tuvo conocimiento de que la Policía Nacional, a través del departamento de Inteligencia - SIJIN, ha venido realizando seguimientos a varios dirigentes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, entre ellos a Diego Martínez (actual secretario ejecutivo nacional del CPDH), Jairo Ramírez (miembro de la Junta Directiva Nacional del CPDH), Abday Gallo (secretario ejecutivo del CPDH - Algeciras)y Jaime Lizcano Rodríguez (profesor y miembro de la Junta Directiva del CPDH - Algeciras), entre otros. Esta situación los pone en grave riesgo, puesto que su trabajo implica que se movilicen a zonas del país donde hacen presencia grupos armados ilegales, y el ser relacionados como miembros de los grupos guerrilleros, los convierte en objetivos de los grupos paramilitares.
3. Diego Alejandro Martínez Castillo, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos (CPDH) a nivel nacional, en octubre de 2010, conoció de la existencia de un periódico virtual denominado “B1”, el cual puede consultarse a través de la página web de la fundación “Centro Pensamiento Primero Colombia”, de la que es presidente el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, de acuerdo con lo que la misma página web establece. (http://www.pensamientocolombia.org/index.php, consultado el día 15 de noviembre de 2010). En dicho documento digital, se señala al señor Martínez Castillo y a otras personas, como miembros del grupo ilegal de las FARC. De manera paralela a lo publicado en el periódico “B1”, en la red emergió una página web de un grupo denominado: “Ultra derecha extrema”, a la que pudo acceder el 14 de octubre de 2010, a las 10:11p.m. en: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Ultraderecha-Extrema/142240582488726.
Dicho grupo señala al señor Diego Martínez como miembro de un grupo ilegal. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, el 29 de noviembre de 2010, mediante una querella, con número de radicación 040222.
4.El miércoles 01 de septiembre de 2010, fue publicado a través del medio de comunicación nacional diario “El Tiempo”, el artículo titulado “Alertas Tempranas
(I)” de la sección zona franca, noticia cuya autoría es del señor José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial. En dicho artículo se señaló al señor Diego Martínez, al CPDH y a las personas que participaron en la audiencia sobre los hechos de la Macarena, conocidos por la opinión pública, como miembros del partido político de las FARC (Partido Comunista Clandestino PC3). El texto en mención señala lo siguiente: “los colectivos de abogados adscritos a las Farc imaginaron una ‘leguleyada’, fundados en su conocimiento de la credulidad de los activistas internacionales de derechos humanos; denunciar internacionalmente el cementerio de La Macarena como ‘fosa común’ y convertir cada cadáver de N.N., por arte de birlibirloque, en la víctima de un ‘falso positivo’. Dentro de los estrictos protocolos internacionales, cada enterramiento en ese tipo de cementerios es, técnicamente, una irregularidad. Imaginemos a un jurista de campanillas, venido de Bruselas, inspeccionando los procedimientos ‘chorotos’ del sepulturero de La Macarena, un campesino cuya única ‘fortaleza’ profesional es que ‘no le da miedo ni asco’… El jurista se declarará escandalizado.”
Tal señalamiento se le hizo por el hecho de ser promotor, junto con parte de las organizaciones convocantes de la audiencia pública titulada “La Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales”, realizada el 22 de julio de 2010, en el municipio de la Macarena – Meta, la cual fue convocada por la Comisión de Paz del Congreso de la República.
Es así como el nombre del señor Diego Martínez es directamente mencionado en dicho artículo como miembro de una organización ilegal que estaría planeando, en palabras del autor: “detonar un escándalo monumental contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia”. En el párrafo siguiente se menciona que: “La redacción más común fue esta (Telesur): “En entrevista exclusiva, Diego Martínez, del Comité Permanente de Derechos Humanos, señaló que están a la espera de respuesta oficial del Gobierno de su país para aclarar los hechos sobre las denuncias de la existencia de la fosa común de La Macarena. La única reacción ha surgido de la senadora Gloria Inés Ramírez y el representante a la Cámara Iván Cepeda (…)”.
La farsa continuó con la llegada de una delegación de la extrema izquierda europea y norteamericana, encabezada por seis eurodiputados. Los tipos “certificaron”, tras audiencia pública en auditorio atiborrado de militantes del PC3, “encontraron la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados”. Busquen en internet “fosas comunes” unidas a Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Gloria Ramírez, Iván Cepeda y Carlos Lozano. No saldrán de su asombro con lo que leerán. ” Estos hechos son objeto de investigación, por aparte de la Fiscalía 107 local, número de noticia de investigación: 1100160000201020565.
Solicitudes
1. Se asignen las medidas de protección necesarias e idóneas para garantizar mis derechos a la vida e integridad física.
2. Se verifique si por parte de la Fiscalía General de la Nación u otra entidad, existe alguna interceptación a la línea de celular Diego Martínez.
3. Conocer si en contra del señor Diego cursa investigación penal o preliminar, esto con el objeto de ejercer su derecho fundamental al debido proceso.

Más artículos en Archivo histórico

Más artículos de CPDH