El derecho a defender derechos es una garantía fundamental que protege a toda persona o colectivo que promueva, exija o ejerza la defensa de los derechos humanos. Implica la libertad de actuar sin represalias, amenazas ni discriminación por esta labor.
El Estado tiene la obligación de reconocer, proteger y garantizar las condiciones para su ejercicio seguro y efectivo.