Por medio de una carta pública, víctimas directas de Salvatore Mancuso y víctimas organizadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, le piden a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería de Colombia que eviten la deportación del ex paramilitar a Italia, pues aún tiene procesos por los cuales responder en Colombia.

Actualmente, el ex jefe paramilitar tiene dos solicitudes de extradición vigentes según la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que fueron emitidas el 11 de marzo de 2020. La primera es del 24 de octubre de 2019 por 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros, medida de aseguramiento que quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 2020. La segunda orden de captura, fue expedida el 6 de marzo de 2020 por un proceso relacionado con 14 homicidios en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas.

Frente a la negligencia del Estado colombiano para garantizar que Salvatore Mancuso regrese a Colombia para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria y se adelanten las investigaciones pertinentes de los aproximadamente 650 procesos a los que ha sido vinculado y de los cuales ha reconocido 123 mil hechos en Justicia y Paz, las víctimas de crímenes de Estado le exigen a la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería colombiana que aclaren la situación jurídica de Salvatore Mancuso y que sea extraditado a Colombia de manera inmediata.

¡EXTRADITEN A MANCUSO!

CARTA ABIERTA

Bogotá, 11 de agosto de 2020

Señor(es)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CANCILLERÍA DE COLOMBIA
Ciudad

Las víctimas que suscribimos este documento e integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), rechazamos la inacción del Estado Colombiano que ha permitido la consolidación de un escenario de impunidad devastador que se concretará con la posible deportación a Italia de Salvatore Mancuso el próximo 26 de agosto, generando una clara evasión a la justicia colombiana y una grave afrenta para las víctimas del paramilitarismo en el país, quienes por décadas hemos exigido verdad, justicia, reparación y no repetición.

Salvatore Mancuso fue jefe del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), segundo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), así mismo del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo de las AUC, estructura desde la cual se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 junto con 1434 hombres en el municipio de Tibú-Norte de Santander. Fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca de 75 mil hechos criminales asociados a su comandancia.

Tras su sometimiento al proceso de la Ley 975 o Ley Justicia y Paz, en cumplimiento de la Decisión del 24 de noviembre de 2004 de la Sala de Casación penal, fue extraditado el 13 de mayo de 2008 hacia los Estados Unidos de Norteamérica por delitos de tráfico de narcóticos, previa medida de aseguramiento proferida con fines de extradición por la Fiscalía General de la Nación (FGN) mediante Resolución del 23 de septiembre de 2002.

Como consecuencia de su extradición y tras 12 años de detención, el ex jefe paramilitar quedó en libertad el pasado 27 de marzo. Las víctimas esperábamos que tras su libertad, el ex comandante paramilitar regresará a comparecer ante la jurisdicción colombiana. Sin embargo, ese anhelo de verdad y de justicia se ha entorpecido por la inacción del Estado Colombiano y sus instituciones.

Actualmente, el ex jefe paramilitar tiene dos solicitudes de extradición vigentes según la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que fueron emitidas el 11 de marzo de 2020. La primera es del 24 de octubre de 2019 por 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros, medida de aseguramiento que quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 2020. La segunda orden de captura, fue expedida el 6 de marzo de 2020 por un proceso relacionado con 14 homicidios en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas.

El 15 de abril del presente año, la FGN y el Ministerio de Justicia y del Derecho, informaron que Mancuso fue pedido en extradición por solicitud de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, “con el fin de garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen”, siendo miembro activo de las AUC.

Sin embargo, el juzgado penal con función de Ejecución de Sentencias para las Salas del Tribunal de Justicia y Paz, ordenó cancelar el pedido de extradición hacia Colombia del exjefe paramilitar porque la condena a 27 años y 8 meses que se le impuso por el delito de secuestro extorsivo fue objeto de acumulación en el modelo de Justicia y Paz, y por lo tanto, esa pena ya estaría redimida. Este fallo implica, que la orden de captura que estaba vigente por ese delito y que fue prorrogada por el juzgado 18 de Ejecución de Penas se canceló, porque ese juzgado no tenía competencia para ello.

Aun con esta decisión, una vez Mancuso fuese deportado a Colombia enfrentaría otra orden de captura por un proceso de lavado de activos, delito presuntamente cometido después de su desmovilización. Este caso no fue utilizado por la Fiscalía y no aparece en la solicitud de extradición de Colombia a Estados Unidos. Según informan algunos medios de comunicación “la Fiscalía habría renunciado a usarlo en el trámite porque son los mismos hechos con los que Mancuso pide ser admitido en la JEP y esto obliga a que se suspenda cualquier acción en la justicia ordinaria. Cabe recordar que la JEP le cerró sus puertas a Salvatore Mancuso en primera instancia, y que el exjefe paramilitar tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones, trámite que aún no culmina”.

En materia de extradición, las víctimas de crímenes de Estado desde el año 2009 habíamos exigido que “al cumplimiento de las penas en los Estados Unidos los jefes paramilitares sean devueltos a Colombia para el cumplimiento de las penas impuestas con ocasión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto, en establecimientos carcelarios y penitenciarios colombianos”.

Hoy vemos que esta exigencia ratificaba el temor que en su momento las víctimas veníamos evidenciando en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz: la extradición como uno de los instrumentos para acallar la verdad y garantizar el silenciamiento.

Falta mucho por ser revelado, hasta ahora solo tenemos un atisbo de verdad conocida en algunas versiones libres, entre ellas, la que devela las relaciones entre las estructuras paramilitares y proyectos políticos y económicos defendidos y protegidos desde el Estado, como lo señaló Mancuso en su versión libre rendida en Medellín el 15 de mayo de 2017 “el paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrilla o no sea”.

El proyecto paramilitar fue y continúa siendo útil al fortalecimiento e imposición de los intereses económicos y políticos imperantes, como la empresa privada, las transnacionales, el latifundio y el narcotráfico y, según está probado, es producto de la aplicación de una política de Estado.

Las víctimas de las 139 masacres perpetradas por Salvatore Mancuso que cobraron la vida de más de 837 personas, entre ellas, las víctimas de la masacre del Aro, Antioquia (22 de octubre de 1997), La Granja (15 de junio de 1996), Pichilín, Sucre (4 de diciembre de 1996), Pijiguay, Sucre (6 de septiembre de 1997), masacres de la Gabarra y la de Tibú, Norte de Santander (agosto de 199 y julio de 2000, respectivamente), masacre de Chengue (enero de 2001), sabemos que no toda la verdad ha sido contada y que importantes verdades están siendo negadas a la sociedad, por ello con la inacción e inoperancia del Estado colombiano nos preguntamos ¿qué se pretende ocultar? ¿Quién le teme a la verdad?

Frente a la negligencia del Estado colombiano para garantizar que Salvatore Mancuso regrese a Colombia para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria y se adelanten las investigaciones pertinentes de los aproximadamente 650 procesos a los que ha sido vinculado y de los cuales ha reconocido 123 mil hechos en Justicia y Paz, las víctimas de crímenes de Estado le exigimos a la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería colombiana que agote todas las instancias legales para que Mancuso sea extraditado a Colombia, responda por sus actos en nuestro país.

Los crímenes perpetrados por el paramilitarismo ocasionaron intensos sufrimientos a las víctimas en delitos como la tortura, la desaparición forzada, a ejecución extrajudicial, el desplazmiento forzado, la violencia sexual, el hostigamiento y el terror constante y el exterminio, perpetuados de manera sistemática y generalizada contra todos los sectores que se oponían al proyecto de control del paramilitarismo y los intereses que resguardan, los cuales fueron dirigidos contra la población civil, como se constató en Justicia y Paz.

Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente:

Que se exponga a las víctimas y en general a la sociedad colombiana, cuál es la situación jurídica actual de Salvatore Mancuso.

De igual forma, que se expongan las gestiones que han sido realizadas por el gobierno colombiano con el fin de lograr la extradición de Salvatore Mancuso y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales competentes, en aras de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas del paramilitarismo en nuestro país.

Qué se indique por qué razón se solicitó el trámite de extradición de Salvatore Mancuso con una orden judicial vencida.

Carta completa y víctimas firmantes: