La impunidad en la que se encuentran los crímenes de estado y lesa humanidad y los pésimos resultados presentados por las autoridades competentes, en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (975/2005) y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448/2011), entre otras; generaron el descontento y la indignación entre las mas de 250 personas que asistieron al evento, ya que tras haber sido victimas del conflicto armado, se ven revictimizadas por la burla de la son objeto constantemente, por parte de las autoridades municipales y departamentales que deben cumplir con la Ley.

Los representantes de las víctimas se pronunciaron con vehemencia y anunciaron que convocarán a un Foro Regional de Rendición de cuentas con el propósito de ejercer control social sobre los recursos que son destinados a las víctimas, igualmente; dijeron que el próximo 30 de agosto, enmarcado en el día internacional del Detenido Desaparecido, realizarán una movilización masiva y pacífica para hacer incidencia política y llamar la atención del gobierno nacional y la comunidad internacional sobre la realidad que viven.

De otra parte se elaboró un plan de trabajo para el presente año, el cual incluye una gira por los diferentes municipios del departamento, para capacitar a las víctimas en cuanto a sus derechos y para que ejerzan veeduría, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y de hacer respetar el derecho constitucional a la participación, que se les ha venido siendo vulnerando; tal como ocurrió con el convenio firmado entre la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Unidad Nacional de Atención a Víctimas; para construir el centro de atención integral a víctimas con un costo de 4.057 millones de pesos, y que solicitarán suspender hasta tanto se cuente con el aval de los líderes representantes de la población víctima del conflicto armado y de acuerdo a los contemplado en el protocolo de participación de la ley 1448 de 2011.

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