El análisis de la situación actual indica que el proceso de dialogo para la solución política entre las FARC – EP y el gobierno, aspecto central del interés nacional, continúa avanzando; se amplía con el inicio de la fase pública con el ELN pese al autoritarismo gubernamental hacia esta organización; y plantea nuevos retos al movimiento popular para poner fin al orden contrainsurgente que ha bloqueado históricamente las opciones de paz y el desarrollo democrático del país. La ampliación del proceso agrega nuevas potencialidades a los eventuales acuerdos que requieren, sin embargo, convertirse en normas vinculantes, en reformas de apertura democrática y máximas garantías para la vida, las libertades y la convivencia.
Como retos se interponen las limitaciones e indefiniciones del gobierno condicionadas por su visión estrechamente clasista de la paz, sus pretensiones de eternizar un sistema en crisis y su tendencia a ceder concesiones a la ultraderecha. El movimiento en favor de la paz aún no logra desplegar plenamente sus reservas democráticas, lo que exige mayores esfuerzos unitarios y la superación de obstáculos que dificultan la apropiación por el pueblo de todas sus posibilidades de incidir decisivamente en el curso de los cambios necesarios.
La inconformidad social que se expresó el 17 de marzo muestra la incoherencia de la política oficial que pretende atar la paz a la imposición ilimitada de su línea de descargar en el pueblo el altísimo costo de la crisis como las anunciadas reformas tributaria y pensional y la ley de Zidres. Apoyamos las movilizaciones previstas por la Cumbre Agraria, étnica y popular y la iniciativa de preparar unitaria y coordinadamente una gran protesta nacional incluida la idea de un paro cívico con el apoyo de las bases. Así mismo la conformación de la Cumbre Minero Energética Ambiental propuesta por la Segunda Asamblea nacional por la paz realizada por la USO. Es necesario ayudar a transformar la inconformidad popular en contenido social de exigencia de cambios democráticos que potencien los acuerdos y el proceso constituyente. Proponemos una campaña activa a favor de la paz que anime en los meses que vienen las distintas tareas, incluida una gran marcha por la Justicia Social el 1 de Mayo y la realización en fecha adecuada de un amplio Encuentro representativo que destaque las reformas políticas indispensables para la normatización de los acuerdos. Urge la revisión de las leyes de seguridad ciudadana y de inteligencia y contrainteligencia utilizadas en la criminalización de la inconformidad.
El paramilitarismo es parte orgánica del orden contrainsurgente y son múltiples sus vínculos con el poder dominante. Es necesario depurar al Estado de la enredadera criminal, mafiosa y corrupta que lo soporta si se quieren construir las bases democráticas de una paz firme y duradera. El reciente “paro” paramilitar confirma esta realidad, muestra de dónde proviene el continuado proselitismo armado de la ultraderecha y desmiente el sofisma gubernamental sobre la inexistencia del fenómeno. Por eso, el poder gobernante que dialoga en el proceso de paz ampliado, si quiere realmente la paz justa debe expresar su voluntad de desmontar todos los nodos de su política de la guerra que toleran, estimulan, aseguran complicidad e impunidad al brazo paramilitar de su estrategia de seguridad con base en el exterminio de un supuesto enemigo interno. La política de Frente Amplio convoca a la mayor convergencia de unidad alrededor de este propósito y al apoyo de las organizaciones y personas amenazadas.
Los pasos siguientes atinentes al diálogo reafirman la necesidad de desarrollar la alternativa de amplios territorios de paz en donde se produzca la separación de las fuerzas, se desenvuelva el cese bilateral del fuego, se establezca la verificación internacional y se haga posible el acompañamiento de las organizaciones populares a la defensa del proceso de paz, a los trámites de la dejación de armas y de normalización sin “cárceles a cielo abierto”, con medidas de seguridad establecidas por acuerdo que descarten la militarización regional. La política unitaria de Frente Amplio y de convergencias debe contribuir a la movilización y organización del apoyo ciudadano y cívico. La pedagogía de paz tiene que aportar, además del conocimiento e información de los acuerdos las reivindicaciones y exigencias asociadas a la justicia social para la paz en cada territorio.
Esto exige reclamar la suspensión del Plan de Consolidación, actual plan de guerra del Plan Colombia ratificado por Santos-Obama, como eje exclusivo de la llamada “paz territorial” del gobierno; denunciar el papel del paramilitarismo en la compra de tierras y la legalización de la política de despojo. Estas denuncias junto con la solidaridad más amplia, comprensiva y unificada deben ponerse en marcha contra el boicot de la ultraderecha y del paramilitarismo a la paz. La denuncia de estas situaciones es parte de la pedagogía enfocada a la refrendación que debe contribuir a generar consciencia y organización en perspectiva de un proceso constituyente de poder popular y a levantar la consigna de una Asamblea nacional constituyente que consolide la apertura de una paz democrática, justa, incluyente con justicia social.
Sobre las garantías de No Repetición el Partido subraya lo señalado en el Documento entregado a la Mesa de Diálogo de La Habana: “El PCC expresa que la esencia de la No Repetición de la violencia política y social exige el reconocimiento y una voluntad política de crear un pacto histórico con base en un acuerdo democrático nacional que restablezca las libertades, las garantías, los derechos sociales exigibles y la igualdad política sin exclusiones ni excepciones. Este acuerdo está abierto a todos los partidos políticos incluidas las nuevas fuerzas que surjan de la normalización; gremios económicos, centrales obreras, de pensionados, organizaciones sociales, organizaciones basadas en la fe, étnicas, raizales y negras, de la cultura, la academia, la mujer y la juventud, LGTBI, que sea la expresión de una voluntad política para rodear el proceso de paz“. El PCC reclama la Verdad, la Memoria y la Reparación Política junto con una ley que reconozca y enfrente la reparación de las víctimas del exterminio y la persecución anticomunista en Colombia.
Hay que presionar ante las autoridades las denuncias de las amenazas y agresiones, las audiencias de garantías y las obligaciones de la UNP, sin depender exclusivamente de estas instancias. En lo inmediato debemos intensificar la vigilancia revolucionaria, mejorar las medidas de seguridad y de preservación del partido, la JUCO, la UP, MP y de todas las organizaciones populares para organizar la defensa. En esto es muy urgente coordinar acciones entre todos los sectores, con acciones de movilización unitarias, sin exclusivismos dirigidas a ganar apoyo para los cambios y garantías que son requeridos en este momento de transición.
La contraofensiva de la derecha en América Latina se enfoca a los golpes de Estado institucionales, culpando de corrupción a los gobiernos de la izquierda y desprestigiando a sus dirigentes, sin fundamentos, ni pruebas en una versión renovada del antiguo “plan cóndor”. En el caso de Brasil es evidente y debemos expresar la solidaridad frente a estos métodos inspirados por el imperialismo. Los comunistas colombianos destacamos la significación de la solidaridad con la revolución bolivariana, el respaldo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y la coordinación de acciones frente a los intentos desestabilizadores. Tras el importante Seminario del Foro de Sao Paulo, sectores unitarios y el Frente Amplio en acompañamiento a la paz realizado en Bogotá es indispensable la comunicación permanente y la solidaridad con las movilizaciones latinoamericanas en defensa de las conquistas populares y los avances de integración. Apoyamos la realización del Congreso internacional de la FDIM y llamamos a contribuir de conjunto al más representativo respaldo, participación y ayuda a este trascendental evento.
Al colocar en el centro las tareas de masas por la solución política en su actual momento y la movilización popular por las reivindicaciones legítimas del pueblo, el CC acuerda continuar la preparación del XXII Congreso del PCC y trasladar su culminación para los días 1 al 4 de diciembre de 2016 en la ciudad de Bogotá.
Levantemos como consignas INMEDIATAS:
¡RODEAR DE PUEBLO LOS PROCESOS DE PAZ!
¡JUSTICIA SOCIAL PARA LA PAZ!
¡VIGILANCIA, SOLIDARIDAD Y MOVILIZACION CONTRA EL PARAMILITARISMO!
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