La fiscalía 43 Delegada ante la sala Penal del tribunal superior de Bogotá, dejó en firme la resolución de acusación contra Diego León Montoya Sánchez alias Don diego, jefe del Cartel del Norte del Valle, contra Diego Rodríguez Vásquez y contra del Mayor del Ejército Alirio Antonio Urueña, del Batallón Palacé de Buga, como coautores de los delitos de Concierto para delinquir agravado, por la conformaciónde grupos paramilitares en el Valle del Cauca. Esta decisión confirma las resoluciones de acusación proferidas por la fiscalía 17 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

 

 

Así mismo fueron acusados por los delitos de Secuestro Agravado y Homicidio Agravado, por la Masacre de Trujillo, acontecida entre los años de 1988 y 1994 en este municipio del Valle del Cauca en donde se perpetraron, en plena complicidad y asociación con miembros de la fuerza pública, múltiples Homicidios, Secuestros, Torturas, Desapariciones y descuartizamientos de forma generalizada en contra de los habitantes de la región. Sus cuerpos según relato de los testigos eran mutilados y descuartizados con motosierras y maquinaria agroindustrial, para posteriormente ser arrojados al cauce del río Cauca de donde muy pocos cuerpos fueron rescatados.

La resolución de acusación contra el Mayor del Ejército Alirio Urueña Jaramillo es proferida y confirmada, luego de que, como resultado de la investigación y a través de la información suministrada por diferentes testigos, se pudiera comprobar que el oficial hacía parte de la estructura paramilitar al servicio del cartel del Norte del Valle y que participó junto con los demás miembros del cartel en el secuestro, tortura y desaparición de varios pobladores del municipio de Trujillo, sus veredas y poblaciones vecinas, quienes eran retenidos y posteriormente conducidos por la fuerza a la finca “Las Violetas”, propiedad de Diego León Montoya Sánchez, donde eran torturados y asesinados.

Algunos de los casos más representativos de la atrocidad y la barbarie con que operaba este grupo en el Norte del Valle, son los del Sacerdote del municipio de Trujillo, Tiberio de Jesús Fernández Mafla, su sobrina Alba Isabel Giraldo Fernández, José Norbey Galeano Cuartas y el arquitecto Oscar Pulido Rozo, quienes fueron secuestrados para posteriormente ser asesinados. Sólo se encontró el cuerpo torturado y sometido a aberrantes mutilaciones del Sacerdote Tiberio Fernández y los demás cuerpos hasta hoy se encuentran desaparecidos.

El Sacerdote de Trujillo fue asesinado por ser un gestor social e impulsar el cooperativismo entre los campesinos y sectores menos favorecidos de la región, por acompañar peticiones como la construcción de carreteras veredales, escuelas y la asignación de maestros en las áreas rurales del municipio.

El grupo criminal elaboraba listados de las personas que eran escogidas como objetivos para ser asesinadas y perpetraban los más crueles crímenes contra la población civil y los líderes de la comunidad, junto con repetidas amenazas en contra de los pobladores y que se prolongan hasta hoy como lo muestra lo ocurrido en el pasado mes de abril.

Por los hechos de la Masacre de Trujillo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió investigación a través de una comisión especial para el esclarecimiento, en el marco del caso 11.007 contra el estado colombiano.

Posteriormente a las declaraciones rendidas dentro de la investigación por los hechos, testigos como Daniel Arcila Cardona, quien perteneciera en su momento al grupo de informantes al servicio del Ejército en la región, fueron ultimados por los mismos perpetradores de la masacre.

Estos crímenes son imprescriptibles dadas sus particulares características, ya que hacen parte de la categoría de los crímenes internacionales de lesa humanidad.

Con estas acusaciones en firme, se avanza un poco en el sentido de buscar esclarecer los hechos de la Masacre de Trujillo y llevar ante la justicia colombiana a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, esta noticia se produce en un momento muy importante para la comunidad de Trujillo, que es constantemente amenazada y hostigada por los victimarios, y que todavía lucha, a través de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, AFAVIT, por mantener vivas, a través de la memoria, a las más de 300 personas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas en esta masacre.