Floricultura: las dos caras de la crisis

Floricultura: las dos caras de la crisis

Los monopolios informativos colombianos, emiten constantemente las voces de preocupación de los exportadores por los impactos de la revaluación del peso frente al dólar. Con frecuencia se da espacio a los voceros del Banco de la República para explicar las múltiples medidas que están tomando para superar la crisis.

 

 

El 9 de octubre pasado, el diario El Espectador reportó que el Banco Agrario otorgó a más de 100 empresas floricultoras créditos como parte de un Plan de Salvamento frente a las oscilaciones de la tasa de cambio, equivalentes a 224 mil millones de pesos. La nota referencia que actualmente existe conmoción en el Banco y en entidades de control que están adelantando las investigaciones pertinentes porque hay indicios de que algunos floricultores giraron los capitales de la empresa con los dineros públicos incluidos, a cuentas en el extranjero antes de contactar al Banco Agrario para renegociar sus créditos.

Mientras el gobierno y empresarios discuten las propuestas y toman medidas para evitar que los floricultores sigan perdiendo, quienes han sostenido el crecimiento de las exportaciones y el éxito de estos sectores y sufren los verdaderos estragos son las trabajadoras y trabajadores de flores, sin que ninguna entidad estatal haga lo mínimo para proteger sus derechos.

En un contexto de impunidad frente a la violación de los derechos laborales y en donde preocupa más la disminución de la ganancia de grandes capitales, que salvaguardar los derechos mínimos fundamentales de miles y miles de personas, la desprotección del Estado facilita el abuso contra las trabajadoras y trabajadores. Aun más en una coyuntura en la que si bien pueden existir desventajas para los productores por la sobrevaluación, ésta ha sido dimensionada de forma exagerada y ha servido de excusa para eliminar los mínimos fundamentales, agudizar la sobreexplotación y seguir pidiendo subsidios y créditos al gobierno colombiano por los que muchas veces no terminan respondiendo .

El grupo Nanneti o Sunburst Floramérica posee más de 18 plantaciones en la Sabana de Bogotá, adquiridas tras una transacción en 2008 con DOLE FRESH FLOWERS, los antiguos dueños, que en 2006 despidieron a todos los trabajadores de Splendor Flowers con el fin de eliminar al sindicato independiente que se había conformado en este empresas pocos meses antes de un supuesto cese de operaciones que al final no se dio.

En el documento Desempeño del sector floricultor años 2006 a 2009, informe realizado por la Superintendencia de Sociedades, figuran 4 empresas del grupo Sunburst entre las 10 unidades productivas con mayores utilidades en el periodo de análisis, con un total de más de 136 mil millones de pesos en 2009 entre sólo 4 de sus unidades productivas. Vale la pena notar que al hablar de utilidades, aquí la Superintendencia se refiere a ganancia neta, después de haber cubierto los costos de producción, incluidos los laborales.

En contraste con estas sumas para nada despreciables y de haber sido beneficiaria de los créditos del Banco Agrario, se evidencia la violación de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras de este consorcio. Una de sus empresas, C.I. Guacarí, reportó como de 2009 más 2 dos mil quinientos millones de pesos y tiene a sus más de doscientos cincuenta trabajadores y trabajadoras sin seguridad social, aun cuando viene descontando de los salarios la proporción correspondiente al cotizante.

Además del bloqueo a la seguridad social, se suma el retraso en el pago de la prima semestral que debió pagarse en julio, el impago del subsidio familiar y el despido sistemático de trabajadoras y trabajadores con problemas de salud. Esta situación que también se da en Floramérica, Splendor Flowers, Jardines de Colombia y Flores de la Vega entre otros, motivó la creación del sindicato Sintaguacarí afiliado al sindicato UNTRAFLORES, el 4 de septiembre de 2010.

Al recibir la notificación de la fundación del sindicato, los empresarios tomaron una serie de medidas violatorias del derecho de asociación. En primer lugar, despidieron a 4 trabajadores de la Junta Directiva e hicieron fuertes amenazas hacia quienes habían decidido afiliarse, manifestaron que la organización era ilegal y advirtieron que no iban a permitir que esta subsistiera.

Una trabajadora con más de 12 años de antigüedad en la empresa, que a principios del mes de septiembre no se había afiliado al sindicato, fue despedida junto con el grupo de trabajadores de la junta directiva de la organización sindical. Es claro que su despido se debió a la oposición que manifestó a las medidas que estaba tomando la empresa.

Aun cuando se triplicaron las metas que había impuesto la administración para las ventas del día de la madre, decidieron que se cambiarían los contratos a las trabajadoras y trabajadores. La medida sería terminar con los contratos laborales y hacer contratos verbales a destajo en el que se impondría una meta casi imposible de alcanzar para ganarse un salario mínimo, sin importar cuánto tiempo invirtiera el trabajador o la trabajadora en las labores. Bajo la excusa de que han venido teniendo muchas pérdidas advirtieron que quien no aceptara las condiciones debía salir de la empresa.

Ante los despidos y el rechazo de los empresarios de ponerse al día en las acreencias laborales, Sintraguacarí se declaró en huelga desde el día 9 de septiembre. Día a día las y los trabajadores de Guacarí se concentraban de manera pacífica en las instalaciones de la empresa para exigir sus derechos y estando reunidos el día sábado 18 del mismo mes fueron sorprendidos por más de 30 uniformados a órdenes del comandante de policía de Zipaquirá, Mauricio Galán, quienes los atacaron de manera brutal.

Varias mujeres fueron golpeadas y algunas, en estado de embarazo respiraron los fuertes gases lacrimógenos que fueron lanzadas contra ellas. Aún se pueden ver las contusiones causadas por los bolillos de los antidisturbios, en algunos de los trabajadores que participaron del mitin.

Luego de levantarse la huelga y de obtener el reintegro de los trabajadores de la Junta Directiva, gracias precisamente a esta acción de presión, el sindicato sigue siendo calificado de ilegítimo por los empresarios, quienes han difundido el rumor de que la eliminación del casino, en el que la empresa Sodexo suministraba la alimentación, fue por culpa del sindicato, organización que según los dueños, en poco tiempo también acabará con la empresa, llegando a aseverar que es posible que puedan adelantar acciones terroristas contra ella.

De esta manera, las personas afiliadas a Sintraguacarí además de sufrir las presiones de los empresarios tienen que enfrentarse a la de sus compañeros y algunos pobladores, influenciados por las campañas calumniosas de los empleadores.

Las y los más de 100 afiliados a Sintraguacarí y los demás trabajadores y trabajadoras esperan que el próximo 30 de Octubre la empresa se ponga al día con todas las acreencias laborales, a la vez que adelantan campañas de concienciación entre sus propios compañeros y compañeras y personas que trabajan en otras empresas del Grupo Nanneti que están pasando por la misma situación.

Mientras el gobierno se compadece de los empresarios por la disminución de sus ganancias, parece que estos últimos aprovechan la situación -ya de atrás favorable- para eliminar todos los derechos de las trabajadoras y trabajadores y para seguir obteniendo favores del gobierno, como si, en palabras de la organización de la industria de las flores Untraflores “se requiriera dinero para tratar sin despotismo a otro ser humano”.

A partir de lo expuesto invitamos a organizaciones sociales y personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, a exhortar al gobierno colombiano para que cumpla con su deber de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y tome las acciones encaminadas a detener las condiciones de sobreexplotación en la floricultura, que tienen sumidos en la pobreza y la enfermedad a cientos de habitantes de la sabana de Bogotá.

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