Margaret Sekaggya, Relatora de las Naciones Unidas para defensores y defensoras de los Derechos Humanos, se reunió con las plataformas de Derechos Humanos y paz, coordinación Colombiana – Europa – Estados Unidos, Alianza de Organización Social y Afines, Asamblea Permanente de la Paz y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, el pasado 7 de septiembre en la oficina del Alto Comisionado. El motivo de esta reunión fue visibilizar la situación de los defensores/as que están siendo hostigados y amenazados permanentemente.

Durante el encuentro se habló de las últimas visitas de Hina Jilani, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, en las cuales se muestra claramente cómo la falta de garantías ha aumentado para las y los defensores de los derechos humanos en Colombia. Uno de los principales responsables de estas arbitrariedades es el Estado, que propicia la estigmatización de las organizaciones que llevan a cabo esta ardua tarea.

También se expusieron los crímenes impunes, para los cuales debería llevarse acabo una investigación profunda de todas las violaciones que se han cometido en contra de estos actores.

El objetito es que se respeten los derechos humanos, debido a que los programas gubernamentales son ineficaces, porque no garantizan la dignidad y seguridad para estos defensores y defensoras. Un claro ejemplo de ello se puede observar con el caso del líder indígena Walberto Hoyos Rivas, quien pertenecía al programa de protección, y fue asesinado por paramilitares en octubre de 2008. Las siguientes son algunas de las recomendaciones que presentaron las plataformas.

El presidente de la República y los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de hacer declaraciones públicas que perjudiquen a las y los defensores; además se pidió que el mandatario colombiano, realice una declaración pública donde reconozca la importancia de las y los defensores y su importante fortalecimiento que proporcionan al Estado.

Por otra parte deben cesar las labores de espionaje en contra de las y los defensores, la recolección ilegal de información por parte de los distintos servicios de inteligencia. Los ministros encargados de la justicia deben brindar protección inmediata a los líderes de movimientos de paz, y esta protección no debe ser realizada mediante empresas de seguridad privada.

Otra propuesta es que suspendan inmediatamente las brigadas militares que obstaculizan la labor de las y los defensores, para tener total libertad e independencia de su trabajo.

Que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía investiguen y centralicen todas las denuncias de amenazas y violaciones contra las y los defensores, identifique la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes y sancione a los responsables.

Juzgar y sancionar a los agentes estatales que han participado, apoyado o tolerado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos paramilitares, incluso en contra de defensores y defensoras.

En conclusión se tiene que valorar, respetar, proteger el trabajo, la vida y los derechos de las y los defensoras de derechos humanos, cuya única finalidad es garantizar una vida digna para todos y todas.