Avanza en el Congreso de la República una reforma constitucional que busca elevar a rango de derecho constitucional la sostenibilidad fiscal, el texto aprobado por la plenaria del Senado afirma que “la sostenibilidad fiscal es un principio que debe orientar a las ramas y los órganos del poder público dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”.

 

 

Se presenta como un proyecto que busca que el gasto público no crezca por encima de los ingresos, es decir, es una estrategia de control fiscal con la cual el Gobierno Nacional espera que la sociedad “comprenda y valore la importancia de la estabilidad macroeconómica”. Pero lo que poco se explica son las consecuencias que dicha reforma constitucional tendrá sobre los derechos sociales, económicos y culturales, que tendrán que esperar que el Estado disponga de una partida presupuestal suficientes para garantizarlos. Y tal como lo demuestran la cantidad de acciones de tutela que se interponen para acceder a ellos, la partida presupuestal nunca ha sido la adecuada para las demandas que reclaman derechos a la educación, la salud, la atención de desplazados, la reparación de víctimas, entre otros.

La situación será peor para las personas LGBT que hoy tienen que acudir a los tribunales para exigir sus derechos ante un Estado que los vulnera por acción u omisión como lo vienen denunciando diferentes organizaciones. Ahora por ejemplo si una persona transgenerista requiere de un procedimiento médico de reasignación sexual o para salvar su vida porque los procedimientos caseros que se realizó la ponen en riesgo, así tenga una sentencia de tutela favorable tendrá que esperar a que el Estado tenga la partida presupuestal para atenderla, y ya conocemos la poca importancia que dan las autoridades nacionales y locales a las reivindicaciones de las personas LGBT como para priorizar los recursos para atenderlas.

De ahí la justeza de la afirmación del doctor Jorge Enrique Robledo, en la plenaria del Senado, al aseverar que dicha reforma constitucional: “les dará un golpe mortal a los derechos sociales de la Constitución Política”. Se requiere de la movilización social de las personas LGBT en rechazo a esta iniciativa de carácter regresivo que acabará en la práctica con las pocas conquistas y el reconocimiento de derechos que habíamos logrado.