En un emotivo acto simbólico, la abogada Claudia Erazo, presidenta de la Corporación Yira Castro, en representación de las 4 plataformas que trabajan en Colombia el tema de derechos humanos y paz , le entregó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Alberto Arrubla Paucar, una placa de reconocimiento por el trabajo que realizan, manteniendo su independencia judicial, sobre todo en temas cuestionados como el paramilitarismo y la parapolítica.

 

 

El acto que se desarrolló en el marco del día internacional de los derechos humanos, contó con la presencia de la señora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora sobre Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Christian Salazar, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jahel Quiroga de la Corporación Reiniciar y Rodrigo Uprimmy, director del Centro de Estudios “DeJuSticia” y profesor de la Universidad Nacional.

Durante varios minutos, luego de la entrega de la placa, los más de 200 asistentes al evento, entre abogados, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, delegados de agencias de cooperación, aplaudieron de pie a Arrubla, quien asistió al acto delegado por los otros miembros de la Corte Suprema de Justicia.

A juicio de las 1222 organizaciones que trabajan por los derechos humanos y la paz, agrupadas en las 4 plataformas, tal y como lo dice la placa entregada, “Es necesario destacar de los miembros que conforman la Corte Suprema, su persistencia en la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, y la defensa de los principios de la independencia judicial, bases indispensables para la garantía de los derechos humanos y la salvaguarda de las libertades ciudadanas en las sociedades civilizadas y democráticas”

Por otra parte, Christian Salazar, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones, se mostró preocupado por el incremento en los asesinatos de indígenas en lo que va corrido del año, en comparación con el anterior, lo que “Exige que el Estado colombiano redoble de manera urgente sus esfuerzos para implementar los planes de salvaguarda como mecanismo de protección de las minorías étnicas del país”, finalizó.